El martes, el sector de metal de la provincia de Cádiz empezó una huelga indefinida tras no alcanzar un acuerdo con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (Femca) sobre la renovación del convenio colectivo, que expiró el pasado 31 de diciembre. Todo comenzó a mediados de octubre, cuando los sindicatos UGT y CCOO anunciaron movilizaciones para protestar por el rechazo de la patronal a negociar ninguno de los puntos propuestos sobre la renovación del convenio, que solo en esta provincia abarca hasta 30.000 trabajadores y trabajadoras de distintas ramas de actividad y alrededor de 12.000 en el sector específico del metal.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 21 de octubre, cuando alrededor de un centenar de personas delegadas de UGT y CCOO se concentraron primero frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y por la tarde en Algeciras. Ya los días 9 y 10 de noviembre los sindicatos convocaron una huelga como advertencia, que tuvo un seguimiento del 95% según el sindicato Unión Sindical Obrera (USO). Al no producirse acuerdo, han decidido llevarla a cabo de manera indefinida.

Las exigencias

Desde el principio, los sindicatos establecieron dos objetivos: que no se pierda poder adquisitivo y recuperar derechos perdidos en la anterior negociación. El secretario provincial de la Federación Industria de UGT, Antonio Montoro, declaró al Diario de Cádiz que habían roto relaciones con la patronal porque «se niega a negociar ningún punto». Por su parte, su homólogo de CCOO-Cádiz, Juan Linares, añadía: «Con esta actitud nos hemos visto obligados a empezar un periodo reivindicativo para que la patronal se siente a discutir».

Los sindicatos también reclaman un incremento salarial del 2% para este año, que subiría hasta el 2,5% en 2022 y el 3% en 2023. Igualmente, exigen que se aumente la cuantía de las horas extraordinarias, que se elimine la diferencia salarial entre indefinidos y eventuales y que se reduzca la jornada anual cuatro horas.

La última negociación

Las negociaciones sobre la renovación del convenio comenzaron a principios de año a través de videoconferencias, debido a la situación sanitaria. Más tarde se llevaron a cabo reuniones presenciales y el último encuentro, hasta la huelga, se produjo en septiembre.

El pasado viernes, sin embargo, ambas partes volvieron a reunirse en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), en Sevilla. Tras ocho horas, la reunión acabó sin acuerdo. Además de los incrementos salariales y el resto de exigencias expuestas anteriormente, la plantilla plantea prorrogar el convenio expirado hace casi un año hasta el próximo 31 de diciembre y, cuando se conozca el IPC real de 2021, abonar el incremento salarial correspondiente durante 2022 «en plazos negociables». Además, se iniciaría un nuevo proceso de negociación con el apoyo del CARL hasta el 30 de junio.

Por su parte, la propuesta de la patronal es prorrogar el convenio hasta el 31 de diciembre de 2023, «renunciando a todas sus posiciones iniciales», e incrementar el salario de forma escalonada: del 0,5% desde el 1 de septiembre de 2021, y un 1,5% durante 2022 y 2023. Añaden que estas cantidades tienen «un margen de negociación menor en 2021 y mayor en años siguientes». Como decimos, la reunión acabó sin acuerdo.

Imagen de la huelga de los días 9 y 10 de noviembre. Foto: USO

La pasividad de la patronal

Por su parte, la Femca alega que «la posición sindical es inasumible» y sostiene que un peón en Sevilla cobra 10,55 euros por hora, frente a los 10 euros en Málaga, mientras que «en Cádiz se partiría ya desde 12,16 euros». Es decir, se basa en la comparación con otras plantillas, algo que reprochan desde UGT, pues en la provincia de Cádiz históricamente el sector del metal ha sido muy importante para la economía. Por ello, critican que la Femca «siga poniendo en tela de juicio la necesidad de la subida del convenio del metal de Cádiz comparándola con otros convenios colectivos de Sevilla y de Málaga».

Como es habitual antes de una huelga, ambos sindicatos coinciden en que la actitud de la Femca ha sido de absoluta pasividad. Cuando convocaron la huelga de los días 9 y 10, por parte de CCOO denunciaron que «desde el inicio de las negociaciones, la actitud de la Femca ha sido un continuo despropósito, en un burdo intento de recortar los derechos y las condiciones de trabajo de las plantillas de un sector clave para el tejido productivo de nuestra provincia».

Desde UGT, Antonio Montoro declaraba que la patronal no había valorado ninguna de las propuestas trasladadas al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla): «Ni han contestado», y denunciaba que «solo se sentarían a negociar si retirábamos la convocatoria», algo que tampoco demostraron antes del parón. Ante una empresa que no quiere dialogar, desgraciadamente solo funciona la presión. Así, Montoro aseguraba entonces: «La única salida que nos queda para defender un convenio digno y los recortes drásticos es nuestro derecho a la huelga, ya solicitada y refrendada en asamblea por los trabajadores y trabajadoras».

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