El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid ha hecho público un comunicado en el que anuncia su intención de llevar al banquillo al fondo buitre Blackstone. En la demanda participan además 75 familias que viven en inmuebles propiedad de la compañía, según ha informado la propia organización a través de una nota de prensa.
El sindicato denuncia que quienes viven de alquiler sobre todo en grandes ciudades como Madrid no tienen “garantizado el acceso a una vivienda digna y estable” por cuestiones como las “subidas descontroladas del precio”, las “finalizaciones de contrato injustificadas” o las “expulsiones de los barrios”.
Denuncian que algunos de los demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres por parte de Blackstone. “Estos casos no son la excepción, y vemos cómo también Goldman Sachs, Cerberus o Azora están realizando estas mismas prácticas también en otros territorios como Aranjuez, Badalona, Palma o Pamplona”, explican.
Según lo que indican en la nota, el objetivo de estos fondos buitre es “subir los alquileres para aumentar beneficios, presionar al alza los precios y conseguir que se revaloricen sus activos”, para lo que “empleó diversas trabas para que los inquilinos y las inquilinas renovasen sus alquileres con contratos que incumplen la ley”, pues “están plagados de cláusulas abusivas, incluso en promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, con una fórmula de contratación poco transparente y con multitud de renuncias a derechos”.
En concreto Blackstone “ha iniciado en el mercado del alquiler una tendencia que venía produciéndose en otros sectores, como el de los préstamos hipotecarios, que es la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados”, exponen, donde el inquilino debe elegir adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla.
En la demanda son 75 los contratos impugnados, la mayoría de ellos de Torrejón de Ardoz, pero la organización asegura que les consta que se trata de “cientos o incluso miles las personas afectadas por Blackstone en Madrid y muchas de ellas han sido recientemente o serán próximamente desahuciadas”.
Los propietarios inician este proceso “ante la inactividad del Gobierno, que sigue premiando a los fondos con privilegios fiscales y protegiendo sus modelos de negocio rentistas mediante microcréditos que asfixian al inquilinato como hemos visto durante la pandemia”.
