La polémica ha surgido en torno a la adjudicación del stand de Fitur 2023 por parte de Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, después de que se recibiera documentación relacionada con una sentencia de un caso de corrupción en Alicante, ligado al PP, en la que se mencionaba a la empresa adjudicataria, Intermedio Montajes, y se condenaba a su responsable por prevaricación y fraude en Orihuela.

A pesar de esto, el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi (OARC) ha considerado que no hay constancia de ninguna prohibición de contratar y ha avalado la adjudicación.

La sentencia en cuestión data del año 2018 y se relaciona con la trama de corrupción conocida como “caso Fitur” de Valencia. Según informa la prensa local, varias empresas vascas habían licitado para el contrato de la Agencia Valenciana de Turismo para el pabellón de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, lo cual las relacionaba con el “caso Fitur” de Alicante. En este contexto el responsable de una de estas empresas, Intermedio Montajes, fue condenado por un juzgado de Orihuela por un delito de prevaricación administrativa y fraude.

De acuerdo con la aplicación de la directiva de la Unión Europea en materia de contratación, esta decisión debía suponer su exclusión de las licitaciones públicas. Además, el hecho de no haber informado sobre la sentencia condenatoria a organismos licitadores también debía excluirlo de cualquier contrato público por haber incurrido en una falsedad grave. Sin embargo, Basquetour ha contratado a esta empresa para montar el stand de Euskadi en Fitur 2023, lo cual ha supuesto un mayúsculo revuelo.

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