Cinco magistrados del Tribunal Supremo resolverán este martes la petición de la familia de Francisco Franco sobre la paralización cautelar de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, una decisión a la que previsiblemente no se opondrán a la espera de solventar el fondo del asunto.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que todo apunta a que los magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo aceptarán la medida cautelar propuesta por la familia Franco contra los planes del Gobierno de exhumar el próximo 10 de junio sus restos enterrados en el Valle de los Caídos para reinhumarlos después en el cementerio de El Pardo.
En ningún caso se meterán a analizar el fondo del asunto, sino que simplemente decidirán si procede admitir la cautelar de los descendientes del dictador y que también solicitaron la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.
Y es por ello que, según las fuentes, el escenario pasa por paralizar la exhumación, lo que no adelanta ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión, apelando a la prudencia y cautela.
Porque lo que se quiere evitar es que un rechazo a la cautelar implique una exhumación inmediata según los planes del Gobierno para que luego dentro de meses o incluso un año, se den por buenos los argumentos de los Franco y se tenga que volver al punto de partida, lo que supondría un nuevo traslado de los restos del dictador a la basílica de Cuelgamuros.
Los magistrados que resolverán el asunto son Pablo María Lucas, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y José Luis Requero, cuestionado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que ha presentado ante el CGPJ una queja por «la estrecha relación» que mantiene con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la fundación Franco, por lo que consideran que el juez debería abstenerse.
A la espera de conocer la postura del alto tribunal, el Ejecutivo «sigue absolutamente con su plan» de exhumación, aunque el Supremo acuerde paralizar la exhumación, algo que «obviamente» respetará, según indicó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.
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