La venta de miles de viviendas a fondos buitre en Madrid no sólo fue irregular, sino que también vulneró la intimidad de los inquilinos.

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que la decisión de la Comunidad de Madrid de publicar en su portal de contratación los nombres y apellidos de todos los afectados vulneró su intimidad al no haberles pedido permiso para hacerlo.

Decenas de afectados llevaron el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), denunciando que la Comunidad de Madrid, a la hora de empezar el proceso público de venta de sus casas en 2013, publicó sus nombres y apellidos en el portal de contratación, siendo totalmente accesibles sin ningún tipo de control durante casi tres semanas.

Ahora, el Tribunal Supremo el que acaba de confirmar que esa actuación vulneró la intimidad de los inquilinos y que, como dijeron previamente la AEPD y la Audiencia Nacional, supuso una infracción grave aunque sin sanción económica de por medio. Los afectados pidieron en un primer momento que la Comunidad fuese sancionada con 100.000 euros por cada caso.

La conducta del IVIMA, según los jueces, «fue desproporcionada» ya que la publicación de estos datos «excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia» y que podrían haberse proporcionado directamente a los licitadores por medios telemáticos o ya en el momento de la adjudicación. Además, añaden, era necesario que «recabara de forma expresa e inequívoca el consentimiento de los arrendatarios» al tratarse de «datos identificativos de su condición o situación personal».