El Tribunal Constitucional ha denegado la petición de Ciudadanos de suspender la delegación de votos en el Parlament de Cataluña de diputados que están siendo juzgados por el proceso de independencia mientras resuelve el recurso de este partido contra los acuerdos de la Cámara que lo permiten.

En un auto el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resuelve por unanimidad denegar esta suspensión provisional solicitada por Ciudadanos en el recurso de amparo que este partido interpuso contra varios acuerdos adoptados el año pasado por el Parlament.

El Pleno del Parlament acordó que mientras dure la situación jurídica actual los derechos de los parlamentarios Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez -todos ellos juzgados por el Tribunal Supremo en el caso del procés- podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen.

Ciudadanos sostiene que los acuerdos impugnados están ordenados para permitir de forma ilegítima el ejercicio del derecho de voto en los distintos órganos parlamentarios a diputados que se encuentran procesados y suspendidos.

El TC fundamenta que la suspensión pedida por Ciudadanos supondría anticipar el examen sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda y predeterminar la solución del recurso «sin que sea este el momento procesal oportuno para hacerlo».

Concluye afirmando que ha de ser mediante la sentencia que resuelva sobre el fondo en la que el tribunal dirima si los acuerdos impugnados vulneran derechos fundamentales garantizados en la Constitución española o si por el contrario se ajustan a las exigencias constitucionales.

En otros dos autos el Pleno del TC, también por unanimidad, archiva la petición formulada por Ciudadanos y PP de suspender los acuerdos del Parlament de admitir la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont -expresidente de Cataluña- y Antoni Comín, ambos en situación de huidos de la justicia española.

El TC explica que esta solicitud ha perdido objeto porque esas delegaciones de voto ya no están en vigor tal como ha certificado la Mesa del Parlament de Cataluña.

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