El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su informe sobre las denominadas ‘embajadas’ catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre de 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución. Su conclusión es que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista.

Se trata del informe que a finales de 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado «conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia».

Según el texto que han manejado los consejeros y que ha venido publicando esta semana el diario ‘Abc’, la Generalitat gastó entre 2011 y 2017 más de 27 millones de euros en actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero y otros casi 16 millones en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), y parte de ese dinero se dedicó a difundir el proceso soberanista.

El Tribunal de Cuentas sostiene que las llamadas ‘embajadas’ se crearon con un sistema de autonomía financiera que les permite realizar todo tipo de gastos sin necesidad de someterse a controles, lo que provocó que se produjeran «innumerables irregularidades en la realización de actividades y en la gestión económico-financiera».

327.000 en gastos «no justificados»

En concreto, la institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre 2013 y febrero de 2016, todas ella relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista» y cuyo gasto «no justificado» asciende a 327.736,34 euros.

Por su parte, el Diplocat gastó 15,8 millones de euros en todas las actividades desarrolladas entre 2011 y 2017, de las cuales más de 74% tuvieron como objetivo «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista».

Uno de los gastos más llamativos se refiere a los pagos por un importe de 1,39 millones de euros a Independent Diplomat (ID), un lobby norteamericano encargado de prestar servicios relacionados con procesos independentistas al que el Gobierno catalán contrató entre 2013 y 2015 «saltándose todos los controles y expedientes que habrían tenido que cumplir si lo hubiera hecho la propia Generalitat», según las citadas informaciones.

Su intermediación sirvió para que Artur Mas y sus consejeros concertaran encuentros con representantes de organizaciones internacionales, responsables de asuntos exteriores de distintos países, funcionarios de la UE, representantes de distintos gobiernos y de distintos organismos pertenecientes a la ONU.

Otro de los gastos detallados por el Tribunal de Cuentas corresponde a más de 300.000 euros en la elaboración de documentos y argumentarios con propaganda independentista, y los más de 500.000 euros que las ‘embajadas’ pagaron por servicios de asesoramiento o por informes cuyo objeto no consta o cuya finalidad es contraria a las competencias de las delegaciones o de la comunidad autónoma.

Si, a la luz del informe, el Tribunal de Cuentas aprecia algún indicio de responsabilidad contable, estos datos podrían incorporarse a la investigación que tiene abierta por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En concreto, el fiscal del Tribunal pidió abrir causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por la utilización de fondos públicos para la celebración de esa votación ilegal.

Y en caso de que, además de indicios de responsabilidad contable, se entendiese que hay un delito penal, se trasladará también a la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo ya está juzgando por malversación a los exconsellers del Govern de Puigdemont.

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