El Tribunal de Cuentas, en funciones desde hace algunas semanas, se ha unido a muchos otros órganos constitucionales que resulta imposible renovar porque PP y PSOE no llegan a un acuerdo. Este hecho, que jamás había llegado a los extremos actuales en nuestra democracia, amenaza con llevar a una parálisis judicial e institucional nunca vista.

Este Tribunal de Cuentas provisional se ha mostrado muy activo revisando las campañas electorales de diversos partidos, y sus informes señalan irregularidades variadas que implican una mala gestión de los recursos públicos. Ahora reclama casi diez millones de euros a la Unión General de Trabajadores (UGT).

La actuación del Tribunal proviene de una investigación iniciada hace más de diez años y en julio de 2021 ha llevado a una liquidación provisional para exigir a UGT una cantidad concreta, derivada de su implicación en el asunto de los EREs de Andalucía.

El origen de esta reclamación está en el desvío de fondos, inicialmente previstos para solo para trabajadores implicados en expedientes de regulación de empleo o despidos, en favor de otros que no cumplían las condiciones. De esta manera se habrían obtenido fondos de la de Junta de Andalucía de manera indebida, al incluir en los expedientes subvencionados a trabajadores que no tendrían derecho a ello.

La supervivencia de UGT

UGT deberá avalar esa cantidad para cubrir sus responsabilidades si finalmente le resulta exigible. El problema, según el recurso que ha presentado el sindicato, es que semejante cifra pondría en juego su propia supervivencia como organización, así que pide al Tribunal que se le permita afianzarla no mediante efectivo sino poniendo como garantía sus propios inmuebles.

El asunto queda pendiente hasta su resolución.

DEJA UNA RESPUESTA