Esta es una de las recomendaciones que ha incluido el órgano que preside María José de la Fuente en su informe sobre la fiscalización de la actuación de las ‘embajadas’ catalanas entre 2011 y 2017 en el que, además de concluir que buena parte de los fondos públicos para la acción exterior se usó para promocionar el proceso independentista, ha detectado, entre otras cosas, desvío de subvenciones, fraccionamiento de contratos y gastos no justificados.

En su informe, recogido por Europa Press, el fiscalizador recalca que, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha definido «con claridad» los ámbitos del Estado y las comunidades, el Gobierno debería regular la acción exterior de las autonomías y «establecer los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior».

ENVIAR LOS PLANES A EXTERIORES

En la misma línea, el Tribunal de Cuentas demanda que esos sistemas fijen «la participación autonómica en el control y valoración del ejercicio» de la función exterior en lo que respecta a sus competencias.

Además de estas recomendaciones generales, en el caso concreto de Cataluña, el fiscalizador solicita que la Generalitat coordine sus actuaciones en el extranjero con el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, enviándole los planes que apruebe en esta materia.

Asimismo, plantea que los delegados de la Generalitat en el Exterior mantengan reuniones periódicas con los órganos de representación exterior del Reino de España «a fin de permitir el control de la actividad por aquellos desarrollada y su coordinación bajo la dirección del Gobierno de la Nación».

LAS ‘MARCAS’ AUTONÓMICAS

En otra de sus recomendaciones, el tribunal aconseja que en el desarrollo de la Marca Cataluña, o la que en el futuro se pueda adoptar para promocionar la comunidad, se haga partícipe a la Secretaría de Estado de la España Global a la que, subraya, «corresponde la coordinación con los diversos organismos de promoción exterior de las comunidades autónomas.

En este contexto, pide que este tipo de ‘marcas autonómicas’ consensuen en lo posible sus objetivos con los de las restantes comunidades «para promover conjuntamente una imagen potente de España en el exterior como factor estratégico de competitividad y prosperidad para la sociedad española».

Respecto a las entidades sectoriales de acción exterior, el fiscalizador remarca que las nuevas oficinas sectoriales en el exterior deben basarse en estudios previos «que justifiquen plenamente su conveniencia y faciliten la evaluación de la misma para su previa autorización», así como que se establezca un sistema «transparente» que permita conocer a la sociedad los beneficios de su creación.


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