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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) afirma que la venta de 2.935 viviendas públicas de la Comunidad a un fondo buitre en 2013 quebró “la protección social” y se reafirma en que el ejecutivo regional se saltó las normas y enajenó los pisos de forma irregular. Así se manifiesta, como adelanta la Cadena Ser, en una nueva sentencia en la que da la razón al inquilino de una de estas viviendas.

En esta sentencia, el tribunal detalla que la venta de estas viviendas “ha traído consigo una quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública”. Además, los magistrados admiten que “es evidente la infracción del principio de innecesariedad” que había alegado la propia Comunidad, que vendió las viviendas aún con familias dentro, durante la presidencia de Ignacio González (PP).

Hace unas semanas, la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya firmó una sentencia contra la venta de estas viviendas a un fondo buitre pilotada por González. En concreto, la sentencia, que está pendiente de recurso, dejaba la operación “bajo sanción de invalidez”. En concreto, el texto ya hacía entonces referencia a que la venta no se había justificado, pese a ser una condición “imprescindible”. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, indican.

La nueva sentencia viene a conocerse una semana después de que la Justicia haya dado otro varapalo a una operación similar. En este caso, dirigida desde el Ayuntamiento de la capital en las mismas fechas, cuando la entonces alcaldesa Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales a Fidere, la filial del fondo buitre Blackstone. Así, el juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado que haya una anotación preventiva en los registros de propiedad de todos estos inmubles, alertando de que se encuentran inmersos en una causa abierta y que su futuro está sujeto “al destino de esta causa penal”. En la práctica, la medida impide a la entidad vender libremente los pisos. 

El pasado 28 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas públicas vendidas por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone, tras un recurso de la EMVS y el PSOE, con el que se busca agotar la investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude. El antiguo consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides, tienen, además que hacer frente a una fianza solidaria de 29 millones de euros en calidad de responsables civiles.

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