El colectivo vecinal Cornado Mina recuerda que los incumplimientos ambientales han sido constantes por parte de los promotores y considera que el nuevo proyecto de su empresa instrumental es «social y ambientalmente inviable».

Todos los ríos de la zona presentan un altísimo nivel de contaminación procedente de la actividad de la mina de Touro / Cornado Mina Non

El colectivo vecinal considera como «una auténtica tomadura de pelo» que Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas hablen de satisfacer a través de su instrumental Cobre San Rafael «las condiciones ambientales más estrictas» cuando su pasado de actividad «está lleno de incumplimientos y sanciones administrativas».

El grupo rechaza las declaraciones del CEO de Atalaya Mining Alberto Lavandeira al afirmar que pretenden llevar adelante «el mejor proyecto industrial-minero de Europa», cuando la verdad es que «la empresa que comanda acumula expedientes sancionadores», como el que la Junta de Andalucía le impuso a la minera en 2016 por graves incumplimientos en materia de seguridad laboral y protección medioambiental por superar el volumen de polvo en suspensión en la carga y vaciado de estériles en las escombreras de la mina de Riotinto, en Huelva, que se suman a las sanciones recibidas durante años por vertidos contaminantes no autorizados al dominio público hidráulico.

Cornado Mina Non recuerda que «tan solo dos años más tarde», el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la autorización ambiental del proyecto «por obviar el procedimiento de exposición pública». Además, según se determinó en sede judicial, en su momento la mina incumplió las condiciones que le imponía su autorización ambiental al realizar una serie de vertidos de lodos al 70% a las balsas mineras, provocando filtraciones en la base de los muros por el efecto de las lluvias.

Teniendo todo esto en cuenta, para Cornado Mina Non, las actuaciones de la empresa son «un ejemplo de libro de greenwashing» ante manifestaciones como que las balsas de residuos del proyecto de Touro estarán «totalmente revestidas de plástico de descarga cero» al tiempo que olvidan que «la instalación obligatoria de geotextiles no soluciona en muchos casos el problema de los vertidos en minería a cielo abierto.

NCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE EXPLOTACIONES GALLEGAS

El colectivo vecinal también manifiesta que los incumplimientos no son exclusivos de Atalaya Mining, sino que «no hace falta más que echar una ojeada» al pasado de Explotaciones Gallegas para darse cuenta «de que cualquier proyecto que planteen estas empresas va a ser problemático tanto para el medio ambiente como para la propia población».

En este sentido relatan como la accionista mayoritaria de Cobre San Rafael «acumula expedientes sancionadores», como los dos impuestos en 2018 y 2019 de 20.000 y 30.000 euros respectivamente por los vertidos de aguas residuales por desbordamiento al río Brandelos a la altura de la corta minera de Bama. Haciendo balance, indican que en total en los últimos años Explotaciones Galegas recibió de Augas de Galicia «hasta cuatro expedientes sancionadores que superan los 60.000 euros», hechos que motivaron la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que tomó cartas en el asunto tras los reiterados episodios de vertido de la balsa de Bama al río Brandelos, afluente del Ulla, y los vertidos tóxicos de la balsa de Angumil al dominio público hidráulico.

LA MINA DE TOURO, UN PROYECTO INVIABLE «A NIVEL AMBIENTAL Y SOCIAL»

Finalmente, Cornado Mina Non sentencia que teniendo en cuenta todas las variables, «la realidad es que ni Atalaya Mining ni Explotaciones Gallegas como copartícipes de la empresa instrumental Cobre San Rafael están en condiciones de hablar públicamente de conceptos como ‘minería sostenible’, ‘minería responsable’ o de elaborar proyectos con ‘filosofía de vertido cero’ cuando ni tan siquiera son capaces de aplicarlos en su actividad cotidiana«.

Para el colectivo, «la minera parece olvidar que la Administración gallega ya se ha posicionado por dos veces en contra de la reapertura del complejo minero» afirmando que «no se garantizaba la sostenibilidad ambiental» y la seguridad «para la salud humana y los ecosistemas» tras recibir informes técnicos «desfavorables» e «insalvables» de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y Augas de Galicia.

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