En el top del ranking

Adela Carrió
Secretaria Confederal de UGT

Recientemente, desde nuestro sindicato hicimos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las mujeres y a los hombres. Rechazamos la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, la precarización en el empleo, la cronificación del desempleo, la brecha salarial…

Pero no podemos perder de vista que, todo esto para las mujeres, se traduce en una menor protección social: pensiones más bajas, perceptoras mayoritariamente de las pensiones no contributivas, dificultad en el acceso a los recursos sociales ante la insuficiencia de los mismos, cuidadoras de menores y dependientes, beneficiarias mayoritarias del sistema de dependencia con una protección desigual. Las mujeres sufrimos discriminaciones múltiples que hacen cronificar más, si cabe la desigualdad.

Esta desigualdad que padecemos las mujeres, también se traduce en una brecha de género en los servicios sociales. Nuestro compromiso por la igualdad y que forma parte de nuestro ideario sindical, es un objetivo irrenunciable cuyo logro afectaría desde las niñas a las mujeres mayores, desde la educación, a la sanidad, el empleo, las pensiones y por supuesto a los servicios sociales.

Hay una serie de datos que no podemos dejar pasar por alto, más del 90% de las mujeres inactivas lo son, por dedicarse al cuidado de niños o adultos, enfermos, personas con discapacidad o mayores; esto es, cerca de medio millón de mujeres, frente a los prácticamente 34.000 hombres.

Estos datos ponen de manifiesto una vez más la brecha de género cuando se trata de la asunción de las responsabilidades familiares. Pero sinceramente, la reflexión que no puedo evitar hacer y, lo que estas cifras ponen de manifiesto es que a día de hoy:

• No disponemos de un sistema de servicios sociales que atiendan a las personas que necesitan de una red de cuidados, servicios y prestaciones.
• Que la ley para para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, no cubre las necesidades que presenta la sociedad y no se atienden en su totalidad y en suficiente intensidad en prestaciones y servicios.
• No disponemos de una estructura pública suficiente que atienda a los niños y niñas de 0-3 años.

La brecha de género del sistema público de servicios sociales, pone en entredicho el 4º Pilar del Estado de Bienestar, que resulta inconcluso, insuficiente e incompleto. Si los derechos sociales son desiguales entre los ciudadanos y ciudadanas, no podemos hablar de justicia social. Un sistema socialmente justo, es cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, con las mismas oportunidades y los mismos derechos sociales, políticos y civiles.

Las mujeres nos encontramos en lo más alto del ranking como beneficiarias de los servicios sociales. Ostentamos el dudoso honor de estar a la cabeza de ser beneficiarias de la teleasistencia (75%), la ayuda a domicilio (68%), o los servicios de atención residencial (69%). Todo ello en un escenario de insuficiencia de recursos, puesto que los servicios sociales no son universales; o de copagos excesivos, en contraprestación de pensiones mínimas que perciben las mujeres, principales usuarias. Incluso en las Pensiones no Contributivas por Jubilación, donde alcanzamos el 75,80% de perceptoras del total del Estado.

De la misma forma ocurre en el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, donde el 65% de beneficiarias son mujeres y, a la vez representan los índices más elevados en cuidados informales, que, según los últimos datos disponibles (marzo 2019), las cifras en convenios especiales suscritos por mujeres eran del 89%.

Desafortunadamente, la pobreza también tiene rostro de mujer, donde según las proyecciones que realizamos desde UGT en 2015 con los datos del INE, para la instauración de una prestación de ingresos mínimos en hogares cuya renta per cápita era inferior 5.837 euros anuales, el 82% eran hogares compuestos por mujeres.

Desde UGT, le pedimos al futuro Gobierno la adopción de medidas eficaces y efectivas para combatir la discriminación y la desigualdad que seguimos soportando las mujeres, y que se traslada prácticamente a todos los ámbitos y especialmente a los derechos sociales. Las mujeres somos titulares de derechos, no beneficiarias de asistencialismo y protección.