Si en la frase «en las cárceles de España hay personas por saltarse un semáforo» cambiásemos cárceles por Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y saltarse un semáforo por no tener papeles, podríamos dibujar la realidad española que viven cientos de personas cada año. En el país, cientos han pasado por estos CIE cada año en los que se priva la libertad con la intención de abrirles un expediente y expulsarles posteriormente. Estos CIE son instalaciones repartidas por todo el país que tienen como objeto retener a las personas extranjeras en situación irregular para su expulsión, aunque también se dan en caso de denegaciones de entrada o devoluciones.

No tener papeles supone una falta administrativa, algo similar a saltarse el semáforo en rojo, y no por ello cada policía que ve a algún conductor cometer dicha infracción le saca del coche a palos y lo mete en un centro de internamiento, privándole de su libertad en condiciones nefastas. Estas personas ven sus derechos vulnerados continuamente en un país que va mucho más allá de encerrar por semejantes faltas.

La violación de los derechos fundamentales

Los CIE no son de carácter penitenciario y en estos casos la falta no incluye la aplicación del código penal porque si no estarían en la cárcel. Eso no impide que su retención —o más bien detención— vulnere alguno de sus derechos más básicos al privar de libertad a quienes no han cometido ningún delito. Esto crea personas de primera y de segunda y el miedo a acabar internado repercute, como es evidente, en la vida de quien se mueve en las sombras tratando de evitar las paradas de la policía que selecciona a sus víctimas en base a su perfil racial. Sí, víctimas de un racismo institucional que muestra su cara en detenciones de este estilo al causar un estrés continuo por parar a quien tiene un color de piel más oscura.

La estancia máxima llega a los dos meses —sesenta días— en condiciones infrahumanas donde el hacinamiento, falta de posibilidad de higiene personal y la tortura es parte del día a día de quien está internado. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha calificado estos Centros como «inconstitucionales», porque «se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho». Aquí entramos en las violaciones de los derechos humanos que en estos Centros se dan y que, en mayor o menor medida, se cometen en España. Algunos de ellos, tal y como relata la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los podemos encontrar en la falta de transparencia de lo que pasa dentro de los centros por la negativa de los mismos a las ONG que pretenden entrar para asistir a los detenidos.

La lista es larga y va desde los abusos y malos tratos por parte de la policía a la falta de asistencia jurídica o servicio médico regular, pasando por el tratamiento como presos o delincuentes o la separación de padres e hijos cuando, insisto, sólo «se han saltado un semáforo».

Fachada del CIE de la Zona Franca en Barcelona. EUROPA PRESS

Las garantías en estos Centros son nulas y son muchas las organizaciones las que denuncian la continua arbitrariedad de los policías y autoridades con los detenidos al considerar, como es evidente, que las condiciones de todo el proceso vulneran los derechos de quienes se ven en esta situación. Además, el mayor exponente que podemos encontrar de las condiciones de los internos es el número de personas fallecidas desde 2006 en los CIE. Ocho personas eran víctimas de un sistema que castiga hasta con la muerte el venir de una parte del mundo que no interesa.

Si en este caso deciden «saltarse un semáforo» es porque no tienen otra opción, aunque aquí no ponen en peligro la seguridad de quienes están a su alrededor y sí pasa con las infracciones en materia de seguridad vial. Son muchos los que a través de falsas narrativas pretenden justificar semejantes barbaridades y ya son muchas las personas que han pagado con su vida. Muchos medios y sirvientes del capital que pretenden justificar a través de la mentira un trato inhumano a miles de personas.

Poner de manifiesto la barbaridad que es encarcelar por saltarse un semáforo permite poder calibrar las prácticas criminales que se llevan a cabo de forma diaria en España. Estamos hablando de personas con supuestos derechos que merecen ser respetados y que cuando les pasa a españoles en otros países, como sucedió hace meses con una valenciana encerrada durante 5 días en un CIE inglés por no tener papeles, es noticia. Es noticia porque para muchos hay personas que merecen derechos en base a su procedencia y color de piel y eso, por supuesto, es violencia.

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