Antonio José Gil Padilla

Por fortuna, pocas veces he tenido algo que ver con tribunales, juicios, jueces o demás asuntos de esta índole. Desde luego, en ningún caso como acusado. Los ciudadanos sentimos miedo de que alguna vez te toque pasar por las dependencias judiciales porque desconfiamos de quienes administran “justicia”, de aquellos en cuyas manos pudiéramos caer, y si, por desgracia, alguna vez cayéramos, no nos quedaría otra que pensar aquello de “que dios nos pille confesados”.

Anecdotario

Cuando era un niño, me vi en una sala frente a unos señores que me hicieron unas cuantas preguntas cuyo contenido no recuerdo. Más tarde me enteré de que aquello era un tribunal. Unos días antes, o unos meses, no recuerdo, me mordió un perro de un vecino, tal vez fui yo el culpable porque estaba jugando con él. Por aquello del miedo al contagio de la rabia, mis padres me llevaron a un servicio médico de urgencias, a una de aquellas “casas de socorro” de entonces. Por el hecho de pasar por allí, se puso en marcha, de oficio, un proceso que obligaba al pobre dueño a pasar por los tribunales, aunque por parte de mis padres nunca hubo denuncia, ni acusación.

 

Más tarde, ya de adulto, estuve involucrado en algunos otros casos, nunca imputado, como ahora se dice en estos casos de corrupción. En tiempos de la Dictadura, cuando la represión, la persecución y el miedo eran señas de identidad de aquel criminal sistema totalitario, luchábamos por conquistar algunos de los derechos de los que gozaban los ciudadanos de los países vecinos. Nos organizamos para hacer un paro en el departamento de aquella empresa en la que yo trabajaba. El paro era simbólico, unos diez minutos, pero nada más comenzar se presentó la plana mayor de la dirección de personal. Dos compañeros fueron despedidos. La cosa no fue a más por falta de tiempo. Denunciamos el despido y, por lo tanto, hubo que pasar por lo que se conocía como Magistratura de Trabajo. Yo estaba allí en calidad de testigo. Mire usted por donde, al parecer, el apellido de uno de los despedidos, de uno de mis compañeros, coincidía con el de un magistrado amigo del presidente de aquel tribunal, quien, antes de la vista, preguntó a nuestro abogado “si el acusado era hijo del tal magistrado amigo”, a lo que nuestro letrado le contestó que no. Se acercó a nosotros y nos dijo: “hemos perdido, si fueras el hijo de un magistrado con tu mismo apellido no tendríamos ningún problema”. Por supuesto aquellos hombres de toga negra dictaminaron despido procedente. Es este un caso evidente de falta de objetividad.

 

Por suerte, como he dicho, pocas veces me he visto implicado en asuntos judiciales, pero aún queda algo más. Ya en esta etapa “democrática”, y siendo yo responsable de una institución pública, me pidió una jueza información sobre la nómina de uno de los trabajadores de la plantilla, con un desconocimiento absoluto, por su parte, de que en la Administración Pública existen unidades habilitadoras encargadas de abonar los salarios de los funcionarios sin que los jefes orgánicos nada tengan que ver. Contesté de manera reglamentaria, indicando que yo nada tenía que ver con el abono de las nóminas. Sin embargo, en una segunda petición, la susodicha jueza me amenazaba con “amonestarme” si no le daba los datos que me pedía, absolutamente desconocidos para mí. Una falta de profesionalidad de aquella, un exceso en sus atribuciones y un abuso de poder, lo que deja a la vista que quien tiene algún tipo de poder lo ejerce, a veces, en muchas, de forma arbitraria.

 

El poder judicial y sus agentes

A pesar de que la mayor parte de la ciudadanía no ha tenido nada que ver con los tribunales, cada día, los medios de comunicación se encargan de informarnos de los casos de corrupción y demás delitos que cometen unos cuantos, demasiados del ámbito político. Lo único instructivo de toda esta información es que nos hemos dado cuenta de que no todos somos iguales ante la ley. No todos los casos son iguales. Sólo comparar los casos Urdangarín, Gürtel y tantos parecidos con otros como el de Valtonic y Pablo Hasel, condenados por las letras de sus canciones. Incluso para el más lego, no es difícil distinguir la aplicación de la ley para el caso de los ricos y para el de los pobres. En algún momento hemos señalado que la ley en un sistema como este es un instrumento de represión y sometimiento para los ciudadanos de a pie y de defensa de los intereses de la oligarquía, y sus servidores.

¿Cómo se alcanza la condición de juez o fiscal? En el marco de un modelo educativo basado exclusivamente en la memorización y la obediencia, el acceso a la función pública se sustenta sobre los mismos elementales principios. Para ser juez la única exigencia es la de memorizar alrededor de 340 temas, y luego “cantarlos” (unos cinco de ellos), como se conoce en el argot, en un tiempo, más bien ajustado. No queremos entrar ahora en los traumas, desequilibrios y trastornos que se proyectan en las posteriores conductas, fruto del encierro y desconexión con el mundo exterior durante 4, 5 o 6 años, hasta que se logre la plaza. Por cierto, el contenido de los temas que tienen que memorizar es el mismo que el de las asignaturas que se estudian en la carrera de Derecho. Nada diferente, por lo que se trata de una prueba de sometimiento y destrucción.

Las capacidades intelectuales (razonamiento, resolución de problemas, creatividad, etc.) y el estado mental o emocional de los aspirantes no son evaluados. Una vez alcanzada la meta la tranquilidad, la satisfacción y el cambio de ritmo en las vidas de los que serán jueces marcan su futuro. Un amigo que obtuvo una plaza de Inspector de hacienda, un proceso de acceso semejante, me decía: “el esfuerzo lo he hecho para aprobar la oposición, ahora me toca vivir”. Algo parecido debe de ocurrir con los jueces.

Lo que es cierto es que no se conoce la trayectoria formativa una vez obtenido el puesto de juez. Eso que se conoce en otros países como formación continua. Países que consideran obsoleto al profesional de alto nivel de cualificación a los cinco años si no actualiza su formación inicial.

Los jueces, junto a otros cuerpos de la Administración son instrumentalizados a cambio de otorgarles prestigio (aunque sólo sea formal), estabilidad y un salario bastante por encima de la media.

Los jueces se organizan en sindicatos amarillos que se diferencian unos de otros por matices, pero todos ellos, y el cuerpo en su totalidad, son de corte conservador, que sufren de endogamia, de clientelismo, de corporativismo, de prepotencia y de soberbia, como ocurre en otros colectivos. Sobre todo de corporativismo como estamos observando en estos días ante la aberrante sentencia dictada por un tribunal por un caso de violación masiva por parte de cinco energúmenos. La sociedad y, particularmente, las asociaciones feministas se han puesto en pie. Sin embargo, en todas las declaraciones de jueces en los medios de comunicación han sido para arropar a los colegas.

La sociedad entre temerosa e ignorante manifiesta un respeto inmerecido por estos colectivos, pero, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que tras esas togas negras se esconde la parcialidad, la arbitrariedad, la contradicción, la imprecisión y la injusticia.

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