Luis Bará
Diputado del BNG en el parlamento gallego
El 20 de enero de 2016 el gobierno en funciones del PP, presidido por Mariano Rajoy, perpetraba una auténtica agresión a la ría de Pontevedra, un atentado a la legalidad y al funcionamento transparente, justo y democrático de las instituciones públicas. Amparado en la revisión de la ley de costas de 2013 (Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, nada más y nada menos), el gobierno del Estado aprobaba una ampliación de la concesión a ENCE hasta el año 2073, una decisión que contó con la complicidad de la Xunta de Feijóo y con la oposición frontal de la mayoría social y de la mayoría institucional de Pontevedra, representada por el gobierno local y la suma de 17 de 25 miembros de la corporación. Una mayoría que aprobó en Pleno la declaración de Mariano Rajoy como persona non grata en su ciudad.
La decisión del gobierno Rajoy fue una demostración clara de la corrupción del aparato del Estado en lo que podríamos denominar “corrupción en A”, santificada por informes administrativos a medida y publicada en el BOE. Un ejemplo de libro de la actuación “legal” de las cloacas del Estado y de las puertas giratorias que sentaron en el consejo de administración de ENCE a una ministra de Medio Ambiente de Aznar y a un conselleiro de Medio Ambiente de Fraga.
El rechazo social y político a este atentado contra la legalidad y contra la ría no se hizo esperar, porque el gobierno municipal de Pontevedra y organizaciones de defensa del medio no aceptaron como inevitable una decisión que suponía la ocupación durante 60 años más de 600.000 m2 de terreno de dominio público marítimo terrestre. Y en consecuencia se presentaron recursos ante la Audiencia Nacional con dos argumentos claros y contundentes: una concesión de dominio público no puede superar el plazo máximo legal de 75 años (que se cumplen en 2033); en la decisión del gobierno central no está justificada la necesidad de permanencia de la fábrica en ese emplazamiento.
Por si esto fuera poco, existen instrumentos de ordenación del territorio aprobados por el gobierno de la Xunta en 2011 (las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral) que declaran la zona Área de Mejora Ambiental y Paisajística, y prevén la redacción de un plan de regeneración y recuperación de los terrenos ocupados por la fábrica de ENCE.
El pasado 15 de marzo, la abogacía del Estado anunciaba la decisión de desistir de defender la prórroga en las causas abiertas en la Audiencia Nacional como consecuencia de los recursos presentados. Una posición que se sitúa en la defensa de la legalidad al alinearse con los argumentos de los recurrentes, y que abre una posibilidad real de lograr la recuperación del dominio público, revirtiendo una agresión perpetrada en pleno desarrollismo franquista y confirmada décadas después por un gobierno del PP.
En los próximos meses comprobaremos si gana la legalidad y el respeto al medio, o si vuelven a salir vencedoras las fuerzas oscuras que se gestan en las cloacas del Estado y que hacen buenos negocios en el IBEX.
