Tiempos oscuros están regresando a Myanmar. Las fuerzas armadas usan tácticas cada vez más letales y armas que normalmente se ven en el campo de batalla contra personas que protestan pacíficamente y transeúntes de todo el país.
Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado que que las fuerzas de seguridad parecen implementar estrategias planeadas y sistemáticas que incluyen el uso creciente de medios letales. Muchos de los homicidios documentados constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Por ello, hemos querido hablar con Andrés Zaragoza, portavoz de Amnistía Internacional para Myanmar, para que nos aclare qué está pasando en Birmania.
¿Qué está pasando en Myanmar?
El ejército (Tatmadaw) de Myanmar dio un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 y anunció un estado de excepción durante un año bajo la autoridad del comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing.
Mes y medio después se ha producido una importante escalada en la represión violenta de las numerosas protestas, mayoritariamente pacíficas. El ejército ha promulgado varios decretos que prácticamente han eliminado los derechos individuales, está aumentando el control sobre las telecomunicaciones, censurando sitios web y desplegando herramientas de vigilancia. Se practican centenares de detenciones a última hora de la noche, durante los toques de queda y coincidiendo con la desconexión de Internet y se están utilizando de forma planificada, calculada y coordinada, tácticas y armas cada vez más letales contra manifestantes pacíficos, transeúntes y periodistas.
Hasta el 14 de marzo, se ha detenido, acusado o condenado a más de 2.000 personas, de las cuales más de 1.800 permanecen encarceladas, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), una organización local de derechos humanos. En la represión de las protestas han muerto ya cerca de 200 personas. Muchos activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil están escondidos.
Entre las personas detenidas arbitrariamente se encuentra la jefa de Estado de facto de Myanmar, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que se enfrenta a varios años de prisión por tres cargos distintos, así como el presidente Win Myint y otros muchos altos cargos electos y representantes de su partido político, la Liga Nacional para la Democracia (NLD). Al mismo tiempo, las fuerzas armadas han detenido a representantes de minorías étnicas, activistas, periodistas, artistas, manifestantes pacíficos y funcionarios públicos que participan en el creciente Movimiento de Desobediencia Civil.
El 15 de marzo los militares de Myanmar impusieron la Ley Marcial en varias zonas de Yangon y Mandalay, las dos ciudades más grandes de Myanmar, donde se habían provocado incendios en fábricas de titularidad china, y ampliaron las restricciones de Internet móvil más allá de los habituales cortes de Internet diarios de 1 a 9 de la mañana que se venían produciendo desde el 15 de febrero.
¿Se está ignorando desde el extranjero que las Tatmadaw están asesinando a la población civil por protestar pacíficamente?
Tanto la prensa internacional como los Organismos internacionales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, están denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y del Tatmadaw para silenciar a la población. La Organización de las Naciones Unidos y varios países han pedido al ejército el cese de la violencia.
Se están utilizando medios antidisturbios como balas de goma, cañones de agua, gases lacrimógenos, bombas de sonido y lo que es más grave, armas de guerra y proyectiles reales contra manifestantes pacíficos. El número de muertos aumenta diariamente en todo el país. En su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos el 11 de marzo, el relator especial señaló que la represión de las protestas pacíficas desde el golpe de Estado probablemente alcanza ya el calificativo de crímenes contra la humanidad.
Algunos países han utilizado en el pasado reciente los instrumentos existentes para aplicar la justicia Universal a Myanmar, como ocurrió en 2019 con Gambia, que denunció a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por el genocidio de la población rohingya. En la actualidad varios países han mostrado su preocupación y han adoptado sanciones económicas contra miembros del ejército.
Pese a la existencia de vídeos sobre estas agresiones y haber sido difundidos en redes sociales, no se está actuando, ¿qué tiene que pasar en Myanmar para que llame la atención del mundo?
El 28 de febrero, un joven manifestante llamado Nyi Nyi Aung Htet Naing fue asesinado a tiros en Yangon. El día anterior, según los medios de comunicación, había preguntado en las redes sociales: «¿Cuántos cadáveres necesita la ONU para actuar?
Desde Amnistía Internacional nos hacemos la misma pregunta. Instamos a todos los Estados a ir más allá de las declaraciones de preocupación y a que tomen las medidas necesarias para frenar la violencia, poner fin a las violaciones de los derechos humanos y hacer que los autores rindan cuentas. Se debe llevar ante la justicia a los altos mandos del Tatmadaw, incluido el general Min Aung Hlaing. Durante años Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional por las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas contra el pueblo rohinya y otras minorías en los estados de Rajine, Chin, Kachin y Shan e imponga sin más demora un amplio embargo de armas a nivel mundial y sanciones financieras selectivas a los altos cargos militares acusados de crímenes atroces.
Las autoridades militares deben cesar inmediatamente esta brutal represión, rebajar la tensión en todo el país y liberar a todos los detenidos arbitrariamente. Los que se autodenominan aliados de Myanmar deben dejar de proteger a los militares impidiendo su rendición de cuentas y han de dar prioridad a la protección de los derechos del pueblo de Myanmar. La historia juzgará con dureza a los Estados que los abandonen en este momento crítico.
¿Se está implicando la ONU?
En respuesta a la situación actual de Myanmar, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y la ASEAN, así como muchos otros Estados, han emitido declaraciones en las que expresan su preocupación por la situación en Myanmar.
Sin embargo, tal y como instó Amnistía Internacional en su declaración en los Diálogos de Interacción del 46º Consejo de Derechos Humanos con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, es hora de que las Naciones Unidas tomen medidas concretas tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger los derechos del pueblo de Myanmar y hacer que los autores de crímenes internacionales rindan cuentas.
El núcleo del problema está en la impunidad de las fuerzas armadas en Myanmar, y una prueba más de ello son las detenciones arbitrarias realizadas durante el golpe. No se puede dejar en libertad a quienes han perpetrado graves crímenes de derecho internacional y reaccionar con sorpresa después, cuando vuelven a pisotear los derechos humanos.
El viernes 12 de marzo la propia enviada especial de la ONU para el país advirtió que las esperanzas depositadas en la ONU y en los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad para que tomen medidas contra los líderes del golpe militar de Myanmar se están desvaneciendo rápidamente.
El Consejo de Derechos Humanos creó hace dos años un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de la violencia contra los rohingya y otras minorías étnicas. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho recientemente una declaración por la que se vuelve a condenar la represión violenta de las protestas, aunque no denuncia el golpe de Estado protagonizado por los militares ni habla de posibles medidas en respuesta a dicho golpe. Antonio Guterres, Secretario General, dijo que esperaba que el comunicado sirviese a para que se ponga en libertad a todos los detenidos y que se respeten los resultados de las elecciones de noviembre.
Si el Consejo de Seguridad hubiese actuado contra los militares antes del golpe, quizás se podría haber evitado esta violencia.
¿De dónde se están sacando las armas que pueden verse en los vídeos?
Las fotografías y los vídeos publicados en redes sociales muestran que la policía tiene acceso a armas menos letales tradicionales, como lanzadores de proyectiles de pimienta y escopetas cargadas con balas de goma fabricadas por la empresa turca Zsr Patlayici Sanayi A. S., con cartuchos de la empresa francoitaliana Cheddite, así como granadas paralizantes Dae Kwang DK-44 de fabricación surcoreana.
Pero también se pueden apreciar auténticas armas de guerra. Como se documenta en el informe del 11 de marzo, las unidades militares 33ª LID y 77ª LID, que Amnistía Internacional ha responsabilizado anteriormente de haber cometido crímenes atroces y otras violaciones de derechos humanos, son las mismas que ahora están reprimiendo violentamente a quienes se oponen al golpe militar. Estos batallones están utilizando sus armas reglamentarias de fuego, ametralladoras ligeras RPD de fabricación china, rifles de francotirador MA-S, fusiles semiautomáticos MA-1, metralletas semiautomáticas BA-93 y BA-94 réplicas de Uzi, y otras armas fabricadas en Myanmar. Este armamento es totalmente inadecuado para su uso en el control policial de las protestas. Esta es una de las razones por las que se pide el embargo de armas.
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¿El uso de medios letales está siendo premeditado? ¿Existe una estrategia del Gobierno para asesinar manifestantes?
Amnistía Internacional ha analizado más de 50 vídeos grabados entre los días 28 de febrero y 8 de marzo en diferentes ciudades del país que muestran que no son decisiones tomadas a la ligera por los policías y soldados desplegados, sino que se trata de una estrategia premeditada, planificada y coordinada para utilizar esa fuerza deliberadamente contra gente desarmada que se manifiesta pacíficamente. Se trata de comandantes ya implicados en crímenes de lesa humanidad que despliegan sus tropas y métodos mortíferos a plena luz del día.
Los vídeos analizados y el resto de información muestran palizas a manos de las fuerzas de seguridad, el uso excesivo de gas lacrimógeno, cañones de agua, granadas paralizantes, disparos de balas de goma, y otros métodos polémicos de control de multitudes, mostrando además una escalada deliberada y peligrosa de las tácticas letales y un temerario desprecio a la vida humana. Hay numerosas imágenes de las fuerzas de seguridad usando armas mortíferas de forma indiscriminada que tienen muchas probabilidades de causar heridas mortales. Muchas de las decenas de víctimas mortales presentan de hecho heridas de bala en la cabeza y la espalda.
Las armas utilizadas contra las manifestaciones pacíficas son totalmente inadecuadas para su uso en el control policial de las protestas. Según el derecho y las normas internacionales, las fuerzas de seguridad deben abstenerse de usar armas de fuego a menos que haya peligro inminente de muerte o de lesiones graves y no se disponga de una alternativa menos perjudicial.
¿Está Myanmar volviendo a su oscuro pasado de régimen militar o ya está en él?
Desde el año 2010 se estaba produciendo una apertura democrática en el país que permitió que la Liga Nacional por la Democracia, el partido de la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, resultase vencedor en las elecciones de 2015, y volviese a hacerlo en las elecciones celebradas en noviembre de 2020.
A pesar de ello, a finales de 2017 se produjeron ataques generalizados y sistemáticos contra la población rohingya por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar en el estado de Rajine, que provocaron el asesinato de miles de mujeres, hombres y niños, la violación de mujeres y niñas, el incendio intencionado de varios centenares de aldeas rohingya y el desplazamiento forzoso de más de 750.000 rohingya a Bangladesh. La población que permanece en Myanmar sigue viviendo bajo un sistema que constituye apartheid, reconocido legalmente como crimen contra la humanidad, y alrededor de 126.000 rohingya más siguen confinados en centros de detención étnicos en todo el estado de Rajine, donde dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
El conflicto con las minorías étnicas se ha recrudecido en varias partes del país, en particular en los estados de Kachin, Shan del norte y Karen, donde el ejército ha cometido crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra civiles, especialmente pertenecientes a minorías étnicas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la situación humanitaria en el país sigue siendo grave, habiéndose tenido que paralizar algunas operaciones de ayuda desde el 1 de febrero. Se calcula que más de 350.000 desplazados internos necesitan ayuda en todo el país.
Para reprimir las protestas se han desplegado unidades militares, algunas son tristemente conocidas por atrocidades y violaciones graves de derechos humanos cometidas en los estados de Rajine, Kachin y Shan del Norte en los años recientes. Amnistía Internacional ha implicado a soldados de la 33 División de Infantería Ligera en crímenes de guerra en el estado de Shan del Norte en 2016 y 2017, y en crímenes de lesa humanidad contra la población rohinya en el estado de Rajine en 2017. En las tres ciudades donde están actualmente desplegadas está habiendo casos extremos de uso de la fuerza, incluidos homicidios, a manos de las fuerzas de seguridad.
¿Qué podemos esperar a corto plazo? ¿Podemos hacer algo como ciudadanos?
La tensión está aumentando día a día, la represión de las manifestaciones continúa y es cada vez más violenta. Se ha decretado la ley marcial en varias ciudades en las que se han provocado incendios de fábricas de titularidad china. La situación es muy inestable e imprevisible.
Como ciudadanos debemos estar informados y podemos compartir esa información. Podemos presionar a nuestras autoridades para que tomen medidas, podemos solidarizarnos con Myanmar pidiendo a nuestro gobierno que interceda como país miembro del Consejo de Derechos Humanos para que el Consejo de Seguridad lleve la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional; que se someta a Myanmar a un embargo total de armas y que se lleven a cabo sanciones económicas selectivas contra los militares responsables de las violaciones de derechos humanos; que Myanmar permita el acceso a las organizaciones humanitarias a las áreas en conflicto.
También podemos escribir cartas a las autoridades de Myanmar a título individual pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi y el resto de personas detenidas sin cargos. Como usuarios de las redes sociales, podemos pedir explicaciones a los operadores de estas redes sobre el apagón que están teniendo. Y por último, podemos apoyar a las organizaciones que defienden los derechos humanos.
