Ernesto G. Maleno es parte del colectivo Caminando Fronteras, asentado en la frontera sur española desde hace años. Ha dedicado gran parte de su vida a la lucha activa por los derechos de las personas que han llegado a España y, principalmente, de quien lo intenta. Las llamadas que reciben en Caminando Fronteras, alertan, entre otras cosas, que la vida de las personas migrantes que salen desde la costa africana están en peligro. Con su trabajo han salvado a cientos, aunque también, precisamente por eso, se les ha criminalizado.
En esta entrevista Ernesto hace un breve repaso del alcance que tiene la política migratoria en las vidas de hombres, mujeres y niños que tratan de llegar a tierra. Hablamos con él sobre las previsiones para los próximos años, el duelo de las familias, la implicación del gobierno en las muertes o su vivencia y la de los suyos como consecuencia de mantenerse firmes frente a las políticas de dolor y muerte.
En 2021 estamos viendo como las muertes en el Mediterráneo aumentan considerablemente respecto a otros años. Las previsiones para finales de año son devastadoras, ¿a qué se debe?
Lo reflejamos en los primeros datos que hemos sacado el primer semestre de este año. Acumulamos un total de 2087 víctimas en las rutas de acceso a España habiendo aumentado el número de víctimas un 526% con respecto al mismo periodo del año pasado. Se parece a la cifra total de víctimas que contabilizamos el año pasado y estamos hablando de solamente un semestre. La tendencia es evidentemente dramática y nos viene a hablar de una situación donde el control migratorio, las políticas migratorias del estado español y sus estados colaboradores han acabado por minar completamente la vida y el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras.
En este caso se produce un desplazamiento debido a esas políticas de control que se aplican en las rutas de Alborán y estrecho, inicialmente activas; un desplazamiento de la gente y del movimiento de las personas hacia rutas y espacios fronterizos más peligrosos. Esto demuestra la hipótesis que siempre hemos defendido, que es que las políticas de control migratorio no evitan que la gente se mueva, sino que hacen que la gente elija precarizar y arriesgar aún más sus derechos y sus vidas cuando no tienen alternativa.
Cuando los espacios fronterizos son atravesados por la violencia se produce una proliferación de los actores maliciosos como las redes criminales en una perfecta alianza entre estados y redes criminales. Las comunidades migrantes y su organización política y comunitaria se ven debilitadas y, por tanto, la organización para el movimiento, en este caso pateras y embarcaciones, es mucho peor, mucho más precaria. A ello se une las características geográficas como la de la ruta canaria: una ruta continental que ya no se hace solamente desde territorios de Marruecos, sino que desde países como Mauritania, Senegal o Guinea también hay cayucos que salen. En esa ruta continental y atlántica los riesgos son mucho mayores.
¿Qué supone para las familias que sólo el 5% de los cuerpos se rescaten?
Es más que evidente que el no poder contar con un cuerpo o no poder enterrar a sus víctimas supone una tragedia muy devastadora a nivel emocional, y si hablamos de un número de víctimas durante tantos años significa, por tanto, que toda África, todos sus barrios y ciudades están tocadas por este dolor emocional que atraviesa al continente. El propio Estado español tiene protocolos para familiares de víctimas de tragedias múltiples, lo que pasa es que, por el hecho de ser migrantes, encontrarse en otro continente y ser de otras nacionalidades se les despoja de todo derecho y reconocimiento institucional.
Aquí, de igual manera, hay que hablar de una pérdida ambigua donde las familias acaban siendo muchas veces víctimas de los bulos. Muchas de ellas, como no cuentan con el acceso a canales institucionales y no saben acceder al tejido asociativo presente en las zonas fronterizas, los actores maliciosos difunden bulos diciéndoles a los familiares que sus víctimas han sido rescatadas y sí que se encuentran en España, pero están detenidas o están en un centro en Libia o Marruecos y por eso no contactan con ellas. Por lo tanto, el dolor se eterniza y muchas veces, aunque sean capaces de contactar con nosotras y les proveamos de toda la información de forma detallada de lo que ocurrió en ese rescate en el que su familiar falleció y su cuerpo desapareció en el mar, esa pequeña esperanza queda abierta. Al no tener un cuerpo y no poder realizar un duelo, siempre existe, como ocurriría con cualquier persona y comunidad humana, la esperanza de que esa persona algún día de señales de vida porque efectivamente está viva, lo que supone un drama emocional terrible.
¿Qué implicación tiene el gobierno español en estas muertes?
Hay una explicación macro que parte de ese marco político al que nosotras apelamos siempre, que es el de la necropolítica, acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe y que habla de que, evidentemente, estas muertes no son fruto del azar y mucho menos responsabilidad de las personas que se mueven, sino que existe toda una serie de iniciativas políticas que producen muerte y dejan morir. Es aquí cuando hablamos de la omisión del deber de socorro, vulnerando los convenios internacionales y las leyes milenarias del mar de que toda vida humana que se encuentre en peligro ha de ser salvada, independientemente de su nacionalidad o características raciales.
Hablamos de una responsabilidad directa del gobierno español con respecto a las muertes que se han producido y, además, lo vemos porque su aumento no deja de ser una tendencia favorecida por los propios cambios en cuanto a la gestión, el mando único, la coordinación de los actores intervinientes y el desarrollo de las políticas migratorias que en el gobierno español han ido fluctuando, sobre todo con la llegada del primer gobierno del PSOE y después con el gobierno de coalición. Todo este conjunto de necropolíticas y decisiones que vienen desde Moncloa acaban por producir muertes concretas y traducirse en fuertes tendencias que nosotras somos capaces de monitorizar por nuestra presencia en la frontera y por todo el trabajo que realizamos con las comunidades migrantes.
¿Qué significa para las personas migrantes y refugiadas que el PSOE esté en el gobierno en vez del PP?
Hemos de decir, pese a lo que se pueda pensar, sobre todo en los espacios progresistas de la ciudadanía española que han elegido a este gobierno del PSOE y UP, que el gran partido encargado de confeccionar las políticas de control migratorio y marcar tendencias a la larga dentro de estas políticas y de cómo España se plantea ante la migración es el PSOE. Al igual que ocurrió con Zapatero y está sucediendo con Pedro Sánchez los grandes hitos políticos migratorios los suele marcar el PSOE —y lo hemos visto con estas expulsiones inéditas de la infancia migrante de una manera ilegal a espaldas de la democracia por la frontera de Ceuta— porque, a diferencia del PP, sí que tiene una política migratoria clara. Siempre va en una tendencia vulneradora de derechos y recortando cada vez más los derechos fundamentales de las personas en movimiento.
Un caso muy concreto lo encontramos en la ruta de Alborán con Salvamento Marítimo y nuestra experiencia con ellos. Por ejemplo, en Salvamento Marítimo Almería tenían personas comprometidas vinculadas al ministerio de fomento, dirigido por el PP y la señora Ana Pastor y, aunque no fuera mérito suyo, en Salvamento Marítimo Almería existían capitanes, jefes y personal comprometido de una forma activa con la vida en el mar porque eran marineros, entendían que todas las vidas debían ser salvadas y tenían un margen político en base al que actuar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Cuando llega el PSOE, con esa dirección infame del señor Nacho López al frente de Salvamento Marítimo, empezamos a sufrir una serie de cambios políticos que comienzan a mermar todos esos derechos, que limitan y limpian Salvamento Marítimo de todos aquellos herejes capaces de defender la vida por encima del control migratorio, y por tanto vamos viendo cómo se va minando esa estructura de personas valientes y comprometidas que hasta el momento han estado protegiendo la vida de todas las personas en el mar. Sí, los efectos del gobierno del PSOE han sido devastadores.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro respecto a la política migratoria europea?
Ahora mismo no estamos muy situadas en ese marco más macro. Estamos muy centradas en la zona concreta y la labor diaria que compete a las autoridades españolas o la coordinación con la Guardia Civil en la ruta canaria. No obstante, es evidente que la UE, al menos que haya un cambio de paradigma radical, va a seguir profundizando en recortar los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, saltándose e intentando borrar ciertas limitaciones legales y formales que al menos ciertas convenciones y protocolos, como la de Ginebra o el de Nueva York, pretendían salvaguardar unas líneas mínimas de derechos humanos y democracia.
La tendencia es ir borrando cada vez más todas esas limitaciones y asentando prácticas que permitan, con la ley en la mano, vulnerar los derechos de las personas migrantes. La expulsión, por ejemplo, de todos estos niños que se encontraban bloqueados en Ceuta desde esa gran entrada hace unos 5 meses es la muestra de ello. Hace unas décadas, la expulsión colectiva de niños de un Estado democrático en conocimiento de la UE, que además pretenden reanudar, hubiese sido impensable. La tendencia creemos que será esa.
¿Qué es lo que provoca la externalización de las fronteras como parte de la política migratoria europea?
Dolor. En definitiva, es una externalización de la violencia y vulneración de los derechos fundamentales. Recuerdo, por ejemplo, aplicándolo al país del que soy y en el que conozco más el contexto migratorio, en Marruecos, que hasta el año 2003 no teníamos ley de extranjería y las fronteras en el continente, en muchos casos, no se conocían hasta la época colonial. Además, vemos como se está generando una brecha muy dolorosa entre los países del Magreb y los países del África subsahariana, lo que se traduce en un racismo social e institucional que anteriormente no existía o no estaba tan exacerbado, y se hace con la reproducción de una serie discursos y consignas que antiguamente tampoco se daban, como «vienen a quitarnos el trabajo» o «traen enfermedades». El dolor que a nivel social y continental se está produciendo en las sociedades de origen y de acogida en esa ruptura entre magrebíes y personas subsaharianas es muy grande. Para mí sería la principal consecuencia a destacar, no sólo centrarnos en las muertes o en la vulneración de derechos que esto produce, sino en la transformación de los imaginarios y lo que esto significa a nivel la convivencia, de los barrios.
Las detenciones y expulsiones para desplazar a las personas subsaharianas del norte de Marruecos hacia el sur provocan en los vecinos marroquíes ese crecimiento del racismo y justificación de que, por ejemplo, las vidas negras valen menos que las suyas cuando, en definitiva, todas las personas migrantes son despojadas de derechos al llegar a Europa. Esa, para mí, sería una de las consecuencias que más duele del continente.
Desde Caminando Fronteras alertáis sobre las diferentes embarcaciones que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo y tratan de llegar a tierra, ¿cuál suele ser la respuesta de Salvamento Marítimo o, en su defecto, del gobierno español cuando conocen la situación?
Hemos de decir que, en la ruta canaria, que es la que más activa se encuentra, la competencia del rescate es de la Guardia Civil. Aquí tenemos que romper una lanza a favor de las personas con las que hemos trabajado hasta ahora dentro del cuerpo, porque realizan una labor activa de defensa de derecho a la vida muy importante. Sin embargo, consideramos que debería de ser un cuerpo civil como el de Salvamento Marítimo el que debiera encargarse de los rescates en el mar porque es una cuestión de derechos humanos y de derecho a la vida, no de control o seguridad nacional. No obstante, hemos de poner en valor la labor de la Guardia Civil, que trabaja de una forma activa con nuestra organización para proteger todas esas vidas.
En otras zonas son alertas que nosotras trasladamos al Salvamento Marítimo del Mar de Alborán y que, desgraciadamente, a raíz de todos esos cambios de mando único y de todas esas directrices políticas enviadas desde Moncloa junto con el cuestionamiento y la criminalización directa, se da la omisión del deber de socorro y la falta de sensibilidad y humanidad ante personas que se están ahogando. Aquí, muchas veces, esas llamadas de socorro son obviadas y nuestra acción es cuestionada por parte de las instituciones españolas y algunos trabajadores de Salvamento Marítimo. Estos últimos han sido atravesados completamente por el control migratorio. Su labor y principal objetivo, que es la defensa del derecho a la vida, ha sido relegado a un segundo plano y nos encontramos muchas veces con actitudes que provocan pérdidas de vidas humanas por no llegar a tiempo a muchos rescates o provocan vulneraciones de derechos humanos por permitir la ejecución de devoluciones ilegales a países terceros.
En Caminando Fronteras habéis vivido la criminalización en vuestras propias carnes por el compromiso con las vidas migrantes, ¿cuál es vuestra respuesta frente a las amenazas?
Sí, efectivamente hemos sufrido la criminalización y no es algo nuevo. Los Estados europeos se han dedicado ampliamente a criminalizar a defensores de derechos humanos y, concretamente, a defensores de derechos de las personas migrantes. Esto es una tendencia muy documentada y estudiada, hay centenares de casos vinculados a defensores de derechos de personas migrantes que han sido criminalizados y sí, en este caso ha sido así.
Una criminalización que comienza el ministro del interior Jorge Fernández Díaz, continúa el ministro Zoido y que hoy en día ha seguido profundizando Marlaska. Nuestra respuesta ante las amenazas no deja de ser la respuesta que tendría toda persona y colectivo que se encuentra arraigado a su comunidad y vinculado de una manera muy firme a los valores que le han visto nacer y crecer, a nivel individual y colectivo, que es seguir realizando nuestra labor. Ya no solamente porque a nivel legal y fundamental la justicia nos ha dado la razón y nos ha dicho, tanto en España como en Marruecos, que nuestra labor es lícita, legítima y protege el Estado de derecho, el estado democrático y el estado social. La defensa de los derechos humanos es una agenda que todo Estado y nación debería de impulsar.
A nivel moral y humano sabemos, por esa vida arraigada y contextualizada en las comunidades, que nuestra labor no puede dejar de hacerse por todo el bien que produce en cuanto a dolores que sana, en cuanto a mujeres, niños y hombres que protege frente a las violencias por parte de los Estados. Solamente nos queda la sociedad civil organizada, los colectivos sensibles a estas cuestiones políticas y seguir hacia adelante. Nuestra respuesta a las amenazas es ser conscientes de la criminalización, hacernos más fuertes y seguir fortaleciendo nuestros procesos de protección y seguridad para poder defendernos también a nosotras mismas y permitir que otros actores y el conjunto de la sociedad nos proteja, porque esa es también nuestra principal arma para seguir defendiendo el derecho a la vida en las fronteras.
¿Qué le dirías a Marlaska si le tuvieras delante?
A Marlaska le exigiría mis derechos. Le exigiría mis derechos, los de mi familia y de las personas que conforman el colectivo. Llevamos muchos años con nuestros derechos vulnerados, despojados de ellos por el simple hecho de ser defensoras de derechos humanos.
Entiendo que le pueda dar rabia, él no deja de representar esa parte dura del Estado, esa parte que es el ministerio del interior y monopoliza la violencia. Entiendo que le de rabia que personas y organizaciones sociales con apenas medios y recursos supongan un verdadero contrapoder a sus necropolíticas de una forma efectiva; entiendo que eso le pueda dar rabia y entiendo que en un estado democrático tenga limitaciones para poder reprimir esas voces que defienden los derechos humanos. No obstante, él tiene un deber como ministro de un supuesto gobierno progresista y le instamos siempre a revertir esas políticas de vulneración de derechos, en este caso también contra nosotras, no sólo contra las personas migrantes. Le pedimos una reparación de nuestros derechos y, entre otras cosas, poder volver a nuestra casa. La justicia ya nos ha dado la razón en todos los países donde han intentado criminalizarnos desde los poderes estatales y el reconocimiento social e institucional es muy amplio. El único enrabietado que se opone a lo que nosotras hacemos es él y el poder e institución que representa. Que repare de una vez los derechos que nos corresponden.
