Bastante espacio informativo ha regalado la prensa internacional (y boliviana) a cierto sector, relevante, en el golpe de Estado, pero también en el proceso de desestabilización gubernamental de los últimos años. No obstante, poco o nada se ha investigado sobre ellos. Los vídeos o comentarios, que sirven para recrear opiniones antepuestas desde la externalidad, han corrido rápidamente por las redes sociales. Esta es la minuciosidad, a la que parec que aspiramos actualmente. Por suerte, Luis M. Arancibia Fernández, abogado, exdiplomático y defensor de los derechos humanos, lleva tiempo inmerso en el análisis, registro y escudriñamiento de estos grupos paramilitares.

 

  • ¿En qué contexto surgen grupos como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y otros similares?

Primeramente, es importante mencionar un par de elementos, que son fundamentales para comprender las razones que consolidaron la presencia y consolidación de grupos parapoliciales en el contexto del golpe de estado de 2019.

A nivel de los comités cívicos departamentales, que son instituciones que aglutinan a representaciones de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, sindicatos, confederaciones, asociaciones, etc., de cada departamento, que tienen como objetivo principal velar por los intereses de cada departamento, es común que se organicen grupos de jóvenes que, fundamentalmente, son la fracción movilizada en las calles cuando el ente cívico asume medidas de presión para demandar la atención del Estado.

Ahora bien, una vez asume la presidencia del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, en enero de 2006, los comités cívicos departamentales pasan de ser instancias, legítimas, encargadas de reivindicar un pliego petitorio regional, a ser grupos defensores de intereses de clases urbanas privilegiadas, con posturas conservadoras  y racistas y dan lugar a una cruzada antigubernamental marcada por la movilización callejera violenta y los actos de agresión en contra de representantes de pueblos indígenas o dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), instrumento político al que representaba Morales Ayma.

Estos actos de discriminación violenta marcaron episodios bochornosos en la historia contemporánea de Bolivia. Por dar un ejemplo, el 24 de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, un grupo de indígenas provenientes de distintas provincias del departamento, fueron llevados por la fuerza a la Plaza de Armas 25 de mayo y obligados a arrodillarse y besar el pavimento como acto de sometimiento a los grupos de poder locales. Este acto de humillación racista fue ejecutado, precisamente, por grupos de jóvenes organizados por autoridades departamentales y el Comité Cívico de Chuquisaca, instituciones opositoras al gobierno de Evo Morales.

Con este antecedente podemos identificar cómo los grupos conservadores de Bolivia hicieron carne en agrupaciones juveniles para utilizarlas como “grupos de choque”, que posteriormente serían la punta de lanza, a nivel nacional, para que el golpe de estado de 2019 logré su éxito.

 

  • ¿De dónde obtienen financiamiento estos grupos actualmente y quiénes los organizan? 

Tal como explicaba en la pregunta anterior, cada departamento tiene un comité cívico, que dentro de su estructura cuenta con una fracción de jóvenes que se encargan de actuar como grupos de choque, siendo que las circunstancias en las que actuaron fueron parte de acciones políticas definidas para atentar contra el orden constitucional y la paz de la ciudadanía, los intereses que encubrían la movilización eran absolutamente sectoriales, es decir, los grupos conservadores de poder de cada departamento se encargaron de movilizar jóvenes a cambio de dinero y para ello dejaron de lado la convocatoria legítima de nuevos rostros interesados en incursionar en la vida política del país, para dar lugar a grupos irregulares plenamente dispuestos a actuar con violencia a nombre de una falsa reivindicación regional. Ejemplo de lo que menciono son justamente grupos como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que puso su militancia a disposición del grupo separatista que intentó dividir Bolivia el año 2009. Vale la pena mencionar que este grupo separatista estaba liderado por mercenarios como el ciudadano boliviano – húngaro – croata, Eduardo Rozsa Flores, con una gran experiencia en operaciones militares durante la guerra de los Balcanes, en la ex Yugoslavia en los años 90.

Respecto al financiamiento de estos grupos irregulares, como ya se dijo, se encuentran los comités cívicos departamentales, a través de las organizaciones locales que los conforman, pero, además, existen empresarios que tenían, y tienen especial interés en generar ingobernabilidad a la gestión del MAS. Debo dejar en claro que cuando se habla de financiamiento, se hace también referencia a empresas que proporcionan pertrechos y armamentos a este tipo de grupos irregulares. En el caso de RJC, hemos podido identificar desde empresarios hoteleros, con una importante trayectoria en el quehacer económico a nivel local, reconocidas empresas de importación de repuestos de motocicletas, fabricantes de indumentaria de trabajo o ropa en general e incluso pequeños y medianos negocios encargados de servicios gastronómicos. Debo aclarar que debo guardar reserva respecto de los nombres de estos empresarios por cuestión de seguridad, en tanto el Estado de Derecho no esté debidamente resguardado por un gobierno legal y legítimo en Bolivia, quienes estamos investigando los vínculos entre los grupos paraestatales, el gobierno de facto y el empresariado privado, estamos bajo constante amenaza.

Asimismo, considero importante mencionar que la iglesia católica jugó un rol importante para que grupos como la RJC, o sus pares, en la ciudad de La Paz, se consoliden como organizaciones civiles con cierta legitimidad en ciertos sectores, puesto que les proporcionaron espacios para que coordinen sus actos ilegales. Así sucedió durante octubre y noviembre de 2019, en la iglesia de San Miguel, en la zona sur de la ciudad de La Paz o la Parroquia de Santa Ana de Cala Cala, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba.

 

  • ¿Qué papel jugaron estos grupos paraestatales en el golpe de estado de 2019?

Una vez que la derecha boliviana logró posicionar la narrativa del “fraude electoral”, se valieron de grupos de civiles para tomar de forma violenta las principales ciudades del país, en todos los casos estas intervenciones tuvieron características similares: ciudadanos armados con bazucas artesanales, bates de béisbol, escudos de metal, cascos de construcción y máscaras de seguridad industrial.

En el caso de la RJC, sus miembros ocuparon los principales puentes de la ciudad para hacer control de las personas que transitaban, control que consistía en inspeccionar mochilas o maletines, solicitar documentos de identidad e, incluso, pedir que la ciudadanía muestre las conversaciones y grupos d WhatsApp para identificar si podían tener alguna relación con alguna organización indígena o campesina o si se trataba de alguna persona afín al MAS.

En el caso específico de la masacre de Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019, los miembros de la RJC hicieron un cerco en la entrada de la ciudad para evitar que la movilización de las 6 Federaciones del Trópico y otras organizaciones sociales que marchaban pacíficamente en protesta de la autoproclamación de Jeanine Añez como presienta interina del Estado, puedan pasar. Del otro lado se encontraban militares y policías que fueron quienes dispararon una gran cantidad de gases lacrimógenos y en medio de la confusión dispararon con artillería letal en contra de los marchistas. Resultado de esta emboscada, se tienen al menos 9 fallecidos y más de 200 heridos.

En el caso de la ciudad de La Paz, la denominada Resistencia Juvenil Kilómetro Cero (RJK”0”), jugó un rol fundamental en el acallamiento del canal televisivo del Estado, Bolivia TV. El sábado 09 de noviembre en horas de la tarde, miembros de este grupo parapolicial tomaron por la fuerza las oficinas del canal estatal y mediante actos de violencia y amedrentamiento, obligaron a funcionarios y operarios técnicos a que salgan del edificio, por lo que la señal del medio televisivo dejó de informarlos detalles del golpe de estado que ya estaba en marcha. Ese es uno de los más vergonzosos hechos que dieron lugar al cerco mediático que se mantuvo durante varios meses.

 

  • A la fecha ¿estos grupos parapoliciales continúan vigentes? ¿tendrán alguna incidencia en las elecciones previstas para el 18 de octubre?

Evidentemente, tanto la RJC, como la RJK”0” y otros grupos que se conformaron con las mismas características en otras ciudades del país, se encentran actuando con absoluta impunidad. Precisamente el pasado día martes 13 de octubre, su líder, Yassir Molina, llamó a todos sus seguidores a votar por el candidato Calos Mesa, que representa a los sectores más conservadores de Bolivia y que fue parte del golpe de estado de 2019.

Tomando en cuenta que todas estas agrupaciones paraestatales cuentan con el pleno apoyo de las actuales autoridades del régimen, que en más de una ocasión han expresado su apoyo mediante sus cuentas de Twitter e incluso en actos públicos, su presencia está latente en el contexto de las elecciones venideras, fundamentalmente porque la derecha boliviana necesita generar un ambiente de zozobra para justificar acciones militares y policiales en contra de la ciudadanía.

Es importante comprender que la situación de la democracia en Bolivia está resquebrajada, no debe sorprendernos que los miembros de las resistencias u otros grupos violentos de civiles en todo el país, deben su existencia únicamente al gobierno transitorio de Jeanine Añez, puesto que su mismísimo Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mantiene contacto permanente con los líderes de estos grupos y fomenta sus actos ilegales, poniendo a efectivos policiales como una especie de custodios cada vez que deciden cometer una ilegalidad.

 

  • Pero, entonces ¿podemos decir que las próximas elecciones del 18 de octubre están garantizadas?   

A la fecha, pese al que el Órgano Electoral Plurinacional prácticamente ha cumplido con sus responsabilidades para que las elecciones del 18 de octubre se realicen, la presencia de grupos irregulares, paraestatales y parapoliciales está tan vigente como en octubre de 2019. Como dije anteriormente, estas organizaciones son parte del gobierno transitorio, cumplen una función (ilegal) en la administración y gestión de conflictos del Ministerio de Gobierno, a ello debe sumarse que los principales financiadores continúan moviendo importantes montos de dinero para que estos grupos se movilicen e incluso se concentren en distintos departamentos y generen episodios de violencia de manera impune. Sin ir muy lejos, el pasado 05 de octubre, la RJC se trasladó hasta la ciudad de Sucre y en una operación conjunta con grupos similares de esa ciudad intentaron quemar el edificio de la Fiscalía General del Estado, todo en presencia de las fuerzas el orden que no tenían instrucción de impedir que esos hechos se susciten.

Lo cierto es que los y las bolivianos estamos decididos a defender el voto en urnas para que la paz social retorne al país, los bolivianos hemos demostrado en más de una ocasión que por sobre cualquier interés individual, prima la vocación democrática y aunque el constate amedrentamiento de autoridades del gobierno de facto y sus grupos parapoliciales se dejan sentir, la ciudadanía está convencida de que la única manera de levantarnos como país, es ejercer militantemente nuestro derecho al voto. En ese orden de cosas, toda la población está atenta a que el proceso electoral se consolide y los fantasmas de los golpes de estado se disipen de una buena vez.