“Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y que cercano sería el futuro”, expresó Ernesto ‘Ché’ Guevara, qué recientemente se conmemoró la fecha de su asesinato en Bolivia. Ese futuro, hace poco menos de un año, fue arrebatado y truncado de cuajo del seno del pueblo de Bolivia, pero por suerte perduró en los pueblos originarios y en la población civil la unidad (con excepciones). Bajo este contexto mínimo, cabe recordar que el próximo 18 de octubre se celebran nuevas elecciones en Bolivia. La situación, en los prolegómenos, promueve la elucubración sistemática de diversas vías plausibles para el desarrollo sociopolítico y económico del país andino y de sus principales actores en disputa. Largos ríos de tinta han sido expuestos para tratar de dilucidar la comprensión del presente y de ese posible futuro próximo, que puede o no puede ser. En este caso, y para hablar sobre ello, hemos contado con la experiencia de Rodrigo Martínez, boliviano miembro del grupo de análisis político La Periférica, quien se ha especializado en sistemas electorales, sobre todo en la temática, en el ámbito y en lo respectivo a lo normativo y la resolución de conflictos

 

  • Tras la conflictividad y posterior golpe de estado en las pasadas elecciones, de nuevo, se comentan planes de desestabilización en los comicios del próximo domingo, en los que el MAS es el favorito. ¿Cuáles son las posibles vías o estrategias que van a llevarse a cabo?

El régimen que gobierna Bolivia hoy es fruto del conflicto. A falta de legitimidad, su poder se sostiene sobre el miedo y el enfrentamiento. Estos más de 11 meses de gobierno policial no le alcanzaron para construir una hegemonía institucional, ni mucho menos política, y es muy probable que las elecciones del próximo 18 de octubre sea el momento que explotarán para conseguir ese control total.

Por un lado, en lo que va de año se desencadenó una sucesión de provocaciones al conflicto que incluye un discurso gubernamental de deshumanización del movimiento popular, la postergación sucesiva de las elecciones, con argumentos relacionados a la crisis sanitaria que no se validaron con la realidad, hasta la participación en el proceso electoral 2020 de actores que protagonizaron el golpe institucional del 2019. Incluida la OEA, tropas militares y policiales.

A esa línea, se sumaron los relatos mediáticos, que en el último tiempo se enfocaron en desacreditar una victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en primera vuelta e instalar la idea de que una segunda vuelta entre Luis Arce (MAS) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) es el único destino lógico de la próxima elección. Sus armas son las encuestas electorales interpretadas de forma sesgada y la fabricación de casos penales en contra de militantes del MAS, no tanto ya para que pierda votos de forma efectiva, sino para fijar la idea de que los perderá. Vale la pena señalar que en Bolivia para que un frente gane una elección en primera vuelta debe superar el 51% de los votos válidos o el 40% con una diferencia mínima del 10% en relación al segundo.

Bajo estas condiciones, los opositores del Movimiento al Socialismo, para evitar su victoria no necesitarán, ni tampoco podrían perpetrar un fraude electoral, sólo necesitarán generar CAOS, que al final sigue siendo el origen mismo de su poder de facto. Para provocar un escenario caótico, utilizarían el único elemento de la elección que el Tribunal Supremo Electoral, funcional al régimen actual, y que tiene bajo su control total. El conteo preliminar… El conteo preliminar podría volver a ser, como en 2019, el elemento que desate el desenfreno.

La ruta de eventos tentativa de cara al 18 de octubre y días posteriores responde a distintos parámetros. Antes del 18 de octubre, desde la campaña mediática, se seguirá instalando en la opinión pública la idea de que una segunda vuelta entre Luis Arce (MAS) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) es inevitable y una consecuente victoria de Mesa en el balotaje también. Por otro lado, se seguirá sosteniendo un discurso gubernamental, que señale que el MAS no ganará en primera vuelta, no aceptará los resultados y provocará conflictos armados, justificando así un excesivo despliegue militar en la jornada electoral. Es un discurso de guerra.

El 18 de octubre, para esta elección, el Tribunal Supremo Electoral adelantó la difusión de resultados preliminares, que no tienen ningún valor legal, a las 18:00 de la jornada electoral y sin verificación de actas electorales. Aún cuando siempre se difundieron a partir de las 20:00 y los resultados de las actas podían ser verificados. Por temas de conectividad, los votos de áreas rurales, donde el MAS gana ampliamente, son reportados de forma tardía o incluso al siguiente día. Por lo tanto, es previsible que adelantando la difusión de resultados preliminares a las 18:00 del día de la elección, la primera imagen reflejada establezca una segunda vuelta con una diferencia entre Luis Arce (MAS) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) bastante estrecha, incluso menor a la distancia reportada por encuestas, lo cual no implica un resultado definitivo. El resultado real discrepará mucho del preliminar, pero si es un factor propicio para desencadenar conflictos. En base a estos resultados parciales y no oficiales, el frente de Carlos Mesa se adelantará, como en 2019, a anunciar una inevitable segunda vuelta. Para darle un barniz institucional, esta declaratoria posiblemente sea secundada por entidades como la Organización de Estados Americanos, que como otro acto de provocación envío a Bolivia una misión de observación electoral con delegados que el año pasado propiciaron el golpe de estado. En este sentido, vale la pena aclarar que en Bolivia sólo el cómputo oficial, un proceso totalmente independiente al conteo preliminar, establece resultados definitivos y con valor legal, alcanza al total del voto urbano y rural, es validado por el Órgano Electoral y los frentes políticos, incluye la publicación de actas para su verificación y demora hasta una semana; sin embargo, de forma deliberada, la atención mediática se concentra en el conteo preliminar.

Este suceso desencadenará el caos. Los grupos paramiltares, que operan con el gobierno de facto, igual que el año pasado, generarán caos, quemarán recintos, actas, etc. Sólo que esta vez haciéndose pasar por militantes del MAS disconformes con los «resultados», provocando a la movilización de los sectores populares y la aplicación de la fuerza militar. Como antecedente, una reciente publicación de un diario británico hace referencia a posibles atentados en la jornada electoral boliviana -Se enlaza artículo a petición del entrevistado: https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/02/medio-ingles-dice-que-extrema-derecha-en-bolivia-prepara-atentados-para-atribuirlos-al-mas/-. 

Después del 18 de octubre, a raíz de los conflictos y la posible pérdida de material electoral el Tribunal Supremo Electoral declarará la existencia de una serie de inconsistencias e irregularidades. El cómputo oficial será paralizado e igual que el 2019, entidades como la OEA sugerirán el desarrollo de nuevas elecciones. Los eventos desencadenados instalarán la narrativa que legitime la militarización del país, anulación de las elecciones, proscripción de la personería del Movimiento al Socialismo bajo el argumento de golpe de estado, y persecución de sus dirigentes y militantes. Así pues, los conflictos desatados, serán la base para legitimar la ruptura institucional total y la captación hegemónica del estado. Por ejemplo, el posible cierre de la asamblea legislativa por el régimen de facto, que seguirá en el poder con o sin Jeanine Añez al mando, hasta por lo menos el siguiente año.

En octubre del año pasado, en Bolivia se produjo una ruptura institucional con la ejecución de una estrategia de sabotaje a las elecciones 2019, bajo el falso argumento de fraude e imposición de un “nuevo orden”, que se podría reeditar este año si consideramos los recientes acontecimientos políticos y la narrativa que se está instalando desde la corporatividad mediática. La renuncia de Jeanine Añez a su candidatura podría ser un espejismo más para disimular las pretensiones del régimen de seguir en el poder con la misma u otra fachada. Muchos de los actores que cumplieron un rol en la ruptura institucional del 2019, fueron socios en su momento y reaparecieron en este momento. Carlos Mesa, la figura más visible, no parece un candidato que esté disputando el gobierno, sino más bien un operador con un rol muy concreto.

 

  • ¿Cabe alguna posibilidad de que tras las elecciones haya una transición gubernamental pacífica?

El contexto, desde ya, está tenso, la conflictividad a la que apela el gobierno de facto, aunque simbólica, se mantendrá, pero se puede contener. Considerando la ruta tentativa de eventos que se podría estar manejando, el movimiento popular puede evitar caer o mitigar el juego caótico por el que estaría apostando el régimen y sus socios. Hay algunos puntos, que a nivel discursivo se deben manejar de forma previa a la misma jornada electoral. El MAS es la primera fuerza política del país y por lo tanto lo lógico es que sea la más interesada en que el proceso electoral se desarrolle de forma pacífica y correcta. El control social de la votación, ejercido por jurados electorales y delegados de partido de forma pacífica y masiva es el mayor, o quizá el único, garante de un proceso electoral limpio. El cómputo oficial es donde el control electoral y foco mediático se debe concentrar. El cómputo no se deberá interrumpir de ninguna manera. Una elección no puede ser anulada en ninguna circunstancia, ni siquiera por la pérdida/quema de actas electorales, pues se las puede reponer a partir de sus copias distribuidas a jurados y delegados de partido. En el caso de que no se pueda recuperar las actas perdidas, se deberá repetir la votación sólo en las mesas afectadas. El conteo preliminar difundido por el Tribunal Supremo Electoral a través del sistema DIREPRE no debe tener mayor relevancia para la opinión pública, frentes políticos ni misiones de observación pues no tiene valor legal, no reportará datos precisos, no incluirá el voto rural en su mayoría, ni incorporará a los frentes políticos en su validación. Es decir, no es un factor por el que valga la pena alguna manifestación desde el movimiento popular ni mucho menos una base informativa confiable sobre la cual frentes políticos u otros organismos deban declarar resultados definitivos. Todos los actores del proceso electoral, principalmente los frentes políticos y misiones de observación, deben respetar y aguardar el voto rural, que demora hasta días en verse reflejado en los resultados preliminares y en el cómputo oficial.

Con algunas de estas líneas discursivas, se puede mitigar un posible escenario de conflictividad en las elecciones 2020. El momento crítico será la jornada electoral, si se la logra superar sin excesivos niveles de violencia, la transición gubernamental debería suponer un trámite institucional que sea velado y vigilado por la comunidad internacional pero principalmente por el movimiento popular.

 

  • A corto y medio plazo ¿qué augurios existen para Bolivia?

Bolivia se encuentra en una crisis multidimensional, que a los efectos de la pandemia suma una fractura social acumulada. Esta explotó en la crisis de octubre-noviembre de 2019 y que fue profundizada, como mecanismo de poder, por el gobierno de Añez. Dependiendo de cómo se resuelvan las elecciones, al país le espera, por un lado, un escenario de crecimiento de la crisis y de la ruptura de la sociedad, si el régimen actual se mantiene en el poder o lo transfiere a alguno de sus socios. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento es la base de su poder y el desmantelamiento del estado el rasgo más evidente de su gestión. Si no logran evitar la victoria electoral del movimiento popular, existirán nuevos factores de poder que el MAS deberá administrar desde el estado en un tablero, que ahora incluirá a figuras emergentes del sector oriental del país. Sin embargo, la superación de la crisis multidimensional será más factible debido a que el MAS tiene una base popular amplia y orgánica que no únicamente sostiene su gobierno, sino materializa sus demandas sociales a través de él. Adicionalmente, el Movimiento al Socialismo tiene como antecedente una gestión económica exitosa que, repitiéndose en siguientes años, puede ser un factor, no el único, de resolución de conflictos. El proceso de cambio deberá ingresar en una etapa de reinvención discursiva e interpretativa del país que transformó.

 

  • ¿Algún día podrá existir un devenir soberano y plena autonomía en el país o por el contrario el auge de la demanda del litio serán un inconveniente?

Las necesidades de un poder político y económico hegemónico de Estados Unidos sobre el continente latinoamericano lo llevaron el 2019 a promocionar la ruptura institucional en Bolivia, porque entiende que mientras el movimiento popular administre el poder, sus intenciones de injerencia y captación de recursos estratégicos como el litio no serán viables. En ese sentido, el movimiento popular en el estado, que no se reduce al MAS, pero lo asume como instrumento de poder, será la garantía del manejo soberano de los recursos naturales en territorio boliviano.

Bajo esa idea, en el proceso electoral 2020 existen diferencias críticas que considerar entre el Movimiento al Socialismo y sus opositores políticos. El MAS sigue siendo el único frente que se sostiene por si sólo, con militancia y discurso propio, pues a diferencia de sus opositores, es fruto de una necesidad histórica de representación política de los movimientos populares. De hecho, si bien el MAS perdió el estado el 2019, recuperó la calle, y con ello renovó la mística que había extraviado con el desgaste gubernamental y burocrático que implica la administración del poder. En cambio, los frentes opositores,Comunidad Ciudadana, Creemos… son un producto accidental de las circunstancias y claro, mientras más se oponen al MAS más dependen de él. Hasta la fecha, no han logrado captar con méritos propios un apoyo militante y masivo de una Bolivia que hoy no es la misma del 2019 y que tiene en su imaginario nuevos factores que determinarán su voto, como la satisfacción de necesidades que sólo le podría garantizar un gobierno con un enfoque soberano de su economía.