Mucho se ha hablado en el contexto, excepcional, de este 2020 de ‘medidas sociales’ o del tan manido «nadie se va a quedar atrás» de Pedro Sánchez. ¿Pero hasta que punto la protección ofrecida por este gobierno ha sido una especie de ‘escudo social’? ¿Las medidas adoptadas son suficientes? Muchas son las preguntas con respuesta, a veces, ambigua en un gobierno de coalición en el que friccionan distintas posiciones. ¿Existen además presiones de los «poderosos»? Seguramente podríamos dar respuesta, aunque quizá o probablemente, no tan bien sustentada como puede hacerlo Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, una de las organizaciones con mayor protagonismo en las reivindicaciones, en cuanto a consumo, en el esqueleto parlamentario.

El gobierno ha extendido la prohibición de desahucios y la subida masiva de precios ¿Se han quedado cortos en este ‘escudo social’?

La prohibición de desahucios hasta una determinada fecha, lógicamente, es una medida correcta. En cuanto a las subidas abusivas del tope del alquiler estamos a la espera aún del detalle. Pero digamos que dentro de este “escudo social” se han llevado a cabo una serie de medidas donde fruto del equilibrio, relativo, de fuerzas que hay en el gobierno han tenido más peso voces que han estado frenando medidas sociales. Evidentemente estas voces están encabezadas por la Ministra de Economía, que por ejemplo cuando se puso en marcha la moratoria hipotecaria se establecieron unos requisitos desproporcionados para acceder a ella. De esta manera los criterios de vulnerabilidad económica que había que cumplir eran demasiados. Nosotros entendemos que los cuatro criterios que deben cumplirse son excesivos. Con cumplirse uno solo debería ser suficiente.

 

¿Qué significa que estas moratorias y criterios son demasiado excesivos?

La moratoria implica que las familias que deseen acceder a ellas deben cumplir una serie de requisitos de vulnerabilidad económica. Es decir, que va en función de sus ingresos, o la pérdida de ellos, perfiles relacionados con discapacidad, etc. En definitiva, un compendio de requisitos económicos por los que valoran si tú, digamos, eres apto para la moratoria o no lo eres. Se establecen cuatro requisitos. En un principio no quedaba claro si había que cumplir uno o los cuatro y el gobierno aclaró que los cuatro. Esto sucedió justo después de que la banca hubiera dicho públicamente que había que cumplir los cuatro. Así que se decidió que debían ser los cuatro. Esto es fruto de que la banca estaba demandando eso y fruto de que en el mismo seno del gobierno hay voces que entienden que hay que limitar o acotar mucho la posibilidad de acceso a esa moratoria del pago de hipotecas.

 

Entonces, ¿Existen presiones externas, además de las voces internas más reaccionarias?

Sí, fruto de las presiones de la banca al final el Ministerio de Economía decidió que debían cumplirse los cuatro criterios. Y a su vez este Ministerio impone su criterio sobre el gobierno. Digamos que este equilibrio o desequilibrio de fuerzas, entre los más progresistas y los más proclives a intereses de las grandes empresas en el gobierno, ha derivado en que tenemos un ‘escudo social’ que en algunos apartados ha estado muy bien, pero que en otros ha dejado muchísimo que desear. Por ejemplo, que ahora se anuncie que no se va a prorrogar la moratoria hipotecaria es fruto de ese “equilibrio”, donde ha trascendido públicamente que por mucho que los ministros de Unidas Podemos han planteado en el seno del gobierno que había que prorrogarlo, pero en cambio otros ministros, con Calviño siendo la voz cantante, han planteado que no, pues ha conllevado que, como el peso de cada formación es el que es, la decisión del gobierno ha sido la que ha sido.

 

¿El balance entonces es positivo o negativo?

Nosotros tenemos que ser críticos ante la actitud del gobierno porque al final las decisiones que se toman, siendo conscientes de las distintas voces que hay en el seno de ese gobierno, pero al final el resultado es que la banca puede estar muy contenta. Por ejemplo, a la moratoria hipotecaria, que acaba ya, a la que han accedido muy pocas personas porque había que cumplir demasiados requisitos de vulnerabilidad económica. Con lo cual, la banca sale ganando en esto y no ha sufrido un gran, o ningún, prejuicio con estas medidas de supuesta protección a las familias. A esto se le debe sumar que ahora además se puede volver a cortar la luz, el agua y el gas. Ante esto vemos de forma que no haya otra prórroga porque lo que anunció ayer la ministra Montero implica que habrá una parte de los usuarios que no les podrán quitar esos servicios, si cumplen esos requisitos de vulnerabilidad económica, pero una vez más son demasiados requisitos los que deben cumplirse. También es cierto que, además, no existe o al menos que nosotros sepamos un protocolo reglado, y por lo tanto queda cojo, de pago de recibos pendientes de las familias a las que ya les han cortado la luz. Es decir, una familia que durante meses no ha pagado porque no ha podido y no le han cortado la luz, ahora de golpe tendría que pagar todos los recibos. Nosotros pedimos al gobierno que se estableciera de forma regulada un período en el que los usuarios puedan ponerse al día con los pagos, que no tengan que pagarlo todo de golpe para evitar el corte de suministros. Por lo tanto, seguimos esperando que el gobierno apruebe una medida en ese sentido.

 

Desde FACUA habéis sido muy críticos en cuanto al Bono Social Eléctrico, ¿Por qué?

En cuanto al Bono Social Eléctrico, que ya está regulado desde hace tiempo nosotros lo que venimos planteando es que, como para acceder a este Bono también debes tener unos requisitos excesivos, mientras en paralelo, cualquier familia numerosa tiene que acceder a ellos. Y esto ocurre independientemente de cuales sean sus ingresos. Ahora hay, más allá de actualizar esos requisitos y la ampliación de un descuento mucho mayor, que se declare a una familia numerosa no solamente por el número de hijos, si no también por sus ingresos económicos. Es decir, una familia con siete hijos con unos ingresos de 500.000 euros anuales, pues igual no debe considerarse familia numerosa con derecho a determinadas ventajas, porque esa familia no necesita ayudas del estado y esas medidas de protección. Esto lo ha planteado también Unidas Podemos y evidentemente ya han aparecido voces que han atacado esa propuesta, pero nosotros la compartimos. Una familia de millonarios no debe ser considerada numerosa a efectos fiscales o de ayudas sociales.

 

Ahora que aparece Unidas Podemos y se contrapone con las presiones de la banca y las voces de Calviño o Montero, ¿se inclinará la balanza y se aplicarán las medidas propuestas por la formación morada?

Numerosas organizaciones de la sociedad civil estamos planteando reivindicaciones al Gobierno, muchas de las cuales están siendo recogidas desde Unidas Podemos y en bastantes casos, aunque no todos los que nos gustaría, ni con todos los elementos que planteamos, se están aprobando por el Gobierno. Estas reivindicaciones las hemos trasladado, lógicamente, a los Ministros de Derechos Sociales, de Consumo, etc. Con lo cual ahora mismo de lo que se trata es que en el gobierno, Unidad Podemos debe seguir atento, oyendo y atendiendo, para ser altavoz de todas nuestras reivindicaciones en el Gobierno, pero por otro lado el resto de ministerios que tienen influencia en la toma de decisiones, que son todos porque son cosas de Consejo de Ministros, también deberían tener sensibilidad social para adoptar más medidas de protección en el marco de la pandemia, y fuera de este.

 

¿Esto podrá ser posible?

Nosotros reivindicamos, pero lo que pueda hacer o no el gobierno… Está siendo cambiante. Había cosas que hace un año que dábamos por imposible que el PSOE diera por válidas y estamos viendo que está aceptando y llevando a cabo ciertas medidas. Si que es cierto que ha habido un cierto giro a la izquierda en determinadas políticas sociales, pero desde luego no en todas y no todo a la izquierda que haría falta para entender que debe haber una cobertura para los que están atravesando dificultades, tanto en un contexto de pandemia como fuera de esta.

 

¿Quién debería provocar este cambio o este giro?

Evidentemente, por un lado, debería hacerlo su socio de gobierno, pero debe hacerlo y debe ser provocado desde las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no debemos cansar de reivindicar al conjunto del gobierno medidas de protección de los ciudadanos, desde FACUA como consumidores, pero también es cierto que para ello es necesario que Pedro Sánchez y el resto tengan la sensibilidad necesaria y estén receptivos.