Se viven tiempos convulsos en Colombia. Las masacres se suceden, hasta tal punto que ya resulta una realidad latente incluso desde el prisma occidental, es algo que no puede ocultarse. Estas se han dado en varias regiones: Nariño, Cauca, Antioquia o el Norte de Santander. No es algo excepcional, si no sistémico, es una espiral que siempre gira y regresa al punto de origen. Pero ¿porqué? Los análisis sobre el tema son exiguos a pesar de que la situación pueda estar volviendo a la magnitud de los 80′, una de las peores épocas contemporáneas del país. Contar con el punto de vista de Simon Rubiños, con experiencia y trayectoria en la materia (Coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (GIDETEPP-UNAL); Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) e integrante del GT-CLACSO Territorialidades en disputa y r-existencias), puede ser el germen de una apertura y exposición del conflicto, que se reproduce y se acrecenta.
- ¿Qué relación guarda el proceso de paz con el contexto actual del país? ¿Qué está ocurriendo realmente en Colombia?
Colombia ha debido enfrentar, históricamente, una serie de conflictos derivados del proceso de colonización, y que a la fecha parecieran, con evidencias, no haberse superado. La posesión de la tierra y la explotación territorial, y en rigor las lógicas de dominio sobre raza, género, naturaleza y otras han mutado a nuevas configuraciones, pero continúan, y siempre bajo el alero de una élite político-económica que jamás ha cedido el poder, pues nunca ha habido alternancia política, ni siquiera de origen social o racial en la presidencia.
En este marco, durante el siglo XX se acrecentaron conflictividades de carácter permanente. Este acento llevó al surgimiento de movimientos armados para la defensa/ofensiva de cada bando, incluyendo a las FARC-EP, inicialmente bajo la lógica de la autodefensa del campesinado y de quienes sufrieran persecución política. Luego surgirían otros actores de poder y de carácter armado como los paramilitares y narcotraficantes, quienes de diversa manera han interactuado con – o bien pertenecido a – las esferas de poder, ya sea como defensa y ariete del latifundismo y la explotación territorial, o bien como apoyo electoral e incluso como representantes en cargos de elección.
Si a lo anterior sumamos a las fuerzas armadas y de orden, se configura un escenario multinivel, que se enredó aún más con las interacciones y asociaciones entre unos y otros, pero que no viene al caso detallar. De todas maneras, la conflictividad latente se expresó como un conflicto más complejo que solo uno de carácter armado entre el estado y la(s) guerrilla(s), llegando a afectar más de 8 millones de personas, entre desplazamientos, masacres, secuestros y homicidios. Sin embargo, la existencia de dicho conflicto le permitió al estado esconder, e incluso invisibilizar, una serie de situaciones bajo su manto.
Desde los 80, se han intentado una serie de procesos de paz con diversos grupos armados, algunos terminando en sendos fracasos como El Caguán de Andrés Pastrana o el de Álvaro Uribe y los paramilitares, u otros efectivos como el del M19 y el firmado entre el estado y las FARC-EP. Y es justamente la firma de este, y por tanto la desaparición de la guerrilla como actor, que se remueve el manto y salen a la vista las conflictividades permanentes de Colombia.
El asesinato de líderes sociales y de quienes firmaron el Acuerdo, acaparamiento de tierras, masacres, desplazamientos forzados, represión y criminalización de la protesta social, corrupción, narcotráfico, monopolio político y la no-diferencia entre partidos, deforestación de la Amazonía, la presión de las industrias sobre el territorio, vínculos entre políticos, paramilitares y narcotraficantes, muertes a manos del aparato estatal y la continuidad del paramilitarismo, entre otras, son solo algunas de las tristes situaciones que, si bien no son nuevas, han sido visibilizadas y aun sostenidas después de lo firmado en La Habana. Es tal la continuidad de estas que incluso durante la cuarentena se mantuvieron o acrecentaron algunas de estas, y es lo que se observa hoy en Colombia.
Sin embargo, y desde una perspectiva más positiva, hoy también se observan los primeros brotes derivados de la paz: primero, la posibilidad de expresiones alternas a la hegemónica sin caer en la peyorativa etiqueta de guerrillero – aunque la siguen usando –, segundo, a la expresión y existencia de alternativas políticas y electorales. Y tercero, la posibilidad de actuar frente lo descrito, con todas las limitaciones habidas y por haber, al aumentar el grado de libertad para expresar el descontento.
- ¿Qué balance se puede hacer en relación con este proceso y el gobierno actual?
En resumen: Nefasto, pero esperable. Desde que Juan Manuel Santos señaló la posibilidad de firmar con las FARC-EP, Álvaro Uribe Vélez, y la élite político-económica que representa, tildaron de traidor a Santos y movieron todos los hilos para boicotear, no solo el Acuerdo, sino también la paz.
Si bien en ningún momento lo pactado supuso un cambio estructural ni el abandono del modelo de acumulación de riqueza vigente en Colombia, se opusieron férreamente y utilizaron todas las artimañas posibles para imponer el No a la paz en el plebiscito de 2016. Entre fake news, posverdades, tergiversación de contenidos y la movilización de votantes, lograron manipular la votación para así renegociar los términos del Acuerdo de Paz, generándose una nueva versión, el Acuerdo Final de Paz, que incorporó las observaciones hegemónicas. En dicha instancia se realzó el rol del desarrollo neoliberal de las zonas rurales y la anexión de las nuevas regiones al flujo de mercancías. Entre quienes se presentaron a la renegociación estuvo la hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien señaló que se debiese incluir al sector empresarial en la implementación.
Durante la vigencia del acuerdo durante el gobierno de Santos, quienes hoy están en el gobierno entorpecieron las discusiones parlamentarias al respecto; intentaron reformar algunos dispositivos y acuerdos claves; cuestionaron legitimidad y continuaron el desprestigio y ralentización en la ejecución y desenvolvimiento de lo firmado. Ya ubicados en el poder, disminuyeron los recursos asignados a algunas agencias relacionadas; concentraron la implementación en el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyos avances también se cuestionan pues no son cabalmente lo acordado; redujeron hectáreas de los programas de restitución; e incluso tantearon una reforma al Acuerdo mediante un plebiscito, lo cual por suerte no tuvo eco
Todo lo anterior, en el marco de la renuencia del Centro Democrático (partido fundado por Uribe al cual pertenece Iván Duque, hoy presidente), ha evidenciado una eficiente ineficiencia en la implementación del Acuerdo de Paz por parte de una administración errática, no solo en esta índole, sino en todas las materias que le competen.
- ¿Por qué parece haber fracasado este proceso?
Para responder esto, es necesario entender tres cosas.
La primera, es que el Acuerdo corresponde a una política pública, y como tal, buscó conducir una situación indeseada a niveles manejables, no necesariamente su resolución. En este sentido, el Acuerdo Final no apuntó directamente a resolver las causas del conflicto, sino a la eliminación de un actor armado en los territorios para el desenvolvimiento del modelo neoliberal sobre territorios que no habían sido colonizados al haber permanecido como fronteras internas debido a la presencia guerrillera. Sin embargo, esta expansión del modelo sobre el territorio recientemente anexado ha extendido consigo la violencia sobre nuevas regiones, sin resolverse las causas que le causan.
En segundo lugar, la concepción de la paz territorial que se empujó desde el Estado no se condice con la paz que necesitaban los territorios. Existe una fe institucional en que la extensión de la presencia estatal en las nuevas regiones anexadas y la construcción de infraestructura complementaria habría sido suficiente para consolidar la paz, y es lo que se refleja en el Acuerdo Final. No obstante las demandas son más complejas que eso y no fueron abordadas como tal, y las que se plantearon quedan sumidas al desarrollo rural. A pesar de lo anterior, si bien a la desaparición de las FARC-EP como autoridad en ciertas zonas debió seguir la asunción del estado como tal, eso tampoco pasó, y el espacio fue llenado por paramilitares y otras figuras al margen de la legalidad que complejizan aún más la situación en los territorios.
Y en tercer lugar, debemos comprender que el Acuerdo se alcanzó entre dos partes, el Estado colombiano y las FARC-EP. De estas, en un lado está el Estado, de cuya renuencia ya un poco se habló. Durante el gobierno de Santos la implementación fue lenta, como bien ha reflejado el Informe KROC, encargado en el mismo Acuerdo, y la situación recrudeció y se ralentizó y entorpeció más la implementación en el gobierno de Duque.
Así, con el actor hegemónico dándose vueltas para entorpecer los avances, la otra parte firmante, las FARC-EP, parecieran ser los únicos que creyeron en lo firmado y siguen comprometidos con ello. No obstante, en la asimetría de poder y de responsabilidades en la implementación, por más que continúen apostando por la paz, no pueden contener el desmoronamiento en la materia. Además, los errores en sus filas también mellan las posibilidades de avanzar, pues se pierde parte de la poca legitimidad que le va quedando al acuerdo.
Con estos tres aspectos iniciales, reconociendo que hay otros en juego, podemos esbozar una primera imagen del aparente fracaso del Acuerdo. En rigor, lo firmado sigue en pie, pero tambaleándose porque quienes lo firmaron identificaron una estrategia insuficiente pero que bastó, y que quienes actualmente gobiernan entorpecen la propia implementación.
La paz apareció como una oportunidad histórica para frenar la debacle en los territorios, sin embargo las voluntades gubernamentales reman hacia otros horizontes. En ningún momento la paz territorial correspondía al cese de la disputa armada, ni tampoco llevar estructuras desarrollistas o institucionales a las zonas afectadas como lo señaló en su momento Sergio Jaramillo, sino en modificar la aproximación hegemónica del Estado, brindar garantías en defensa de sus habitantes y en la protección del medio ambiente.
No obstante, el fin del conflicto armado, permite ahora al agronegocio disponer de nuevos territorios, implica un aumento en la explotación de más hectáreas y la demanda de más vías para transportarlas, por eso el boom de las 4G (carreteras concesionadas) y el apoyo a las vías terciarias, ya que se presenta la oportunidad para conectar zonas marginadas, no para responder a lógicas territoriales o del conflicto, sino articulando territorios de manera funcional al neoliberalismo.
De todas maneras, sigue habiendo esperanza en que no puedan tumbar del todo el Acuerdo ya que la otra mitad firmante sigue en pie, así como sigue habiendo colombianas y colombianos que creen que la paz es el único camino por delante.
- ¿Existe la posibilidad de que algún día Colombia se alcance ese deseado estado de derecho, dónde exista paz?
Claro que sí. Creer lo contrario sería lamentable y eliminaría toda discusión. La gente en Colombia debe mantener la esperanza. Ahora, que sea difícil y la cancha esté tremendamente desnivelada, así como los espacios de poder cooptados y que estructuralmente sea complejo superar la noche en que se encuentra el país, es otra cosa.
Creo que para que ello suceda, para que exista paz y un estado de derecho, deben pasar nuevos y nuevas representantes en espacios políticos, lo cual demanda un involucramiento crítico de la sociedad, no solo como participación inocua en consultas previas o en la definición de presupuestos municipales, sino como ente vigilante, votante y deliberante. Se requieren reformas estructurales, sí, pero primero hay que copar los espacios políticos para poder construir un nuevo horizonte para Colombia. También, hay que atacar activamente la corrupción, no solo la que se queda con dinero en los contratos, sino la que legisla y deja áreas grises donde entran los que saben cómo hacerlo. Además, se requieren nuevos liderazgos en todo el espectro político, para abandonar las prácticas viciadas que acostumbran a utilizar quienes perseveran en el poder.
A esto le siguen más pasos sobre los cuales podríamos extendernos, pero es más importante rescatar algo que ya se mencionó como efecto derivado del Acuerdo: desde su firma hay mayor espacio a la diversidad de pensamiento, más participación y alternativa política, y más capacidad de acción y expresión del descontento. Con esto, a pesar de los esfuerzos de hacer fracasar la paz, sigue habiendo esperanza de lograrla y de una vez por todas consolidar un estado de derecho.
- ¿Qué vinculación guarda tanto el pasado conflicto colombiano como la actualidad con los intereses norteamericanos? ¿Y los de la Unión Europea?
Antes mencionaba la continuidad de conflictos arrastrados desde la colonia, pero que estos han mutado con el tiempo. En este sentido, tanto EEUU como países de la UE han influido y participado en el desarrollo de los conflictos en el país, aunque el primero es más relevante. Por ejemplo, el país norteamericano participó activamente en la Guerra de los Mil Días, extendió proyectos industriales en el país, apoyó el desarrollo institucional a comienzos del siglo XX, y luego tomó un rol activo en el fomento del uso del financiamiento multilateral e influyó directamente en la política local a través de instituciones multilaterales o a través de programas como USAID y el Plan Colombia, que le permitieron ingresar y fungir activamente como lobista fronteras adentro.
Por su parte, algunos de los países de la UE también han desarrollado sus actividades acá, pero su influencia en la élite político-económica es menor ya que ésta prefirió seguir bajo el alero de EEUU. De todas maneras, aquí se observa cómo entran en contradicción algunas políticas adoptadas en Europa como el caso de Alemania, que abandona la explotación de carbón dentro de sus fronteras, pero siguen haciéndolo en otros países como Colombia, donde la minería y las industrias extractivas tensan la situación territorial.
Eso como una síntesis muy resumida de la historia. Pero queda algo importante que rescatar: tanto EEUU como algunos países de la UE, en algún momento, fungieron como formadores de fuerzas militares, aunque sigue la preponderancia norteamericana.
Ahora, actualmente, Estados Unidos sigue presente. La embajada norteamericana en Bogotá es una fortaleza, y en el pasado reciente apoyó la militarización y fue parte activa en el combate armado al narcotráfico, sin resultados, mediante el Plan Colombia. Su colaboración con la derecha colombiana es estrecha y en este gobierno ha enviado tropas a zonas fronterizas, y se mantiene en permanente apoyo y comunicación con autoridades locales en el marco de la situación en Venezuela.
Por otra parte, algunos países de Europa y de la Unión Europea se encuentran colaborando y financiando algunas políticas públicas y programas en Colombia. Solo por citar un ejemplo, a fines del año pasado se renovó la Declaración Conjunta de Intenciones firmada por Alemania, Noruega y el Reino Unido, la cual compromete recursos según el cumplimiento de metas para frenar la deforestación en la Amazonía colombiana. De hecho, recursos de esta iniciativa están involucrados en la implementación de los PDET, que a la larga es lo único que ha avanzado de la implementación del Acuerdo durante el gobierno de Duque.
A pesar de esto, ambos casos no son anverso y reverso de cara al país y es necesario dilucidar intereses velados tras determinada ayuda. Por ejemplo, el apoyar proyectos productivos en zonas afectadas por el conflicto es una medida que permite fomentar economías campesinas, pero también se da mientras hay presencia de transnacionales europeas interesadas en las nuevas regiones disponibles. También, empresas de dicho continente están participando en las concesiones viales, y así en otras industrias.
