Por Javier F. Ferrero


El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto urbanístico ‘Madrid Nuevo Norte’, conocido en su origen como ‘Operación Chamartín al apoyar todos los grupos la modificación del planeamiento general.
Este proyecto, que posee el expediente más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid contempla la construcción de 10.500 viviendas, 4.000 públicas, y un nuevo distrito financiero en el norte de la capital, además de la reforma de la estación ferroviaria de Chamartín.

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, ya han avanzado que denunciarán en tribunales y con movilizaciones el «atentado urbanístico». Hablamos de ello con Nines Nieto, la portavoz de Ecologistas en Acción Madrid.

¿Cuál es la postura de Ecologistas en Acción ante la aprobación de la Operación Chamartín, el expediente más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid?

Ecologistas en Acción siempre se ha opuesto a la Operación Chamartín tal y como está planteada. Entendemos que es necesario actuar en la zona para rematar los barrios limitrofes, dotarles de servicios y equipamientos, mejorar la zona industrial de Malmea, ya existente, eliminar la basura y residuos que se han acumulado de forma intencionada para degradar el entorno, etc. Pero, no se necesitan más de 20 torres para oficinas de lujo, ni viviendas para clases sociales acomodadas, cuando hay más de 17.000 personas, en Madrid, en lista de espera para acceder a una vivienda social en alquiler.

El histórico arquitecto Eduardo Mangada definió el proyecto como «uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo», ¿quién es el culpable?

Hay muchos culpables porque estamos hablando de una operación que se gestó a principios de los años 90 y todos los gobiernos centrales, de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, lo han permitido. En 1993, siendo ministro de Fomento Josep Borrel (PSOE), Renfe aprobó la convocatoria del «proceso de concurencia pública de ofertas en relación con el desarrollo del recinto feroviario de Chmartín». En 1994 se firmó el contrato de adjudicación de la concesión con Unitaria, filial de Argentaria que en ese momento esra una banca pública. Tras la privatización de Argentaria, el BBVA se hizo con los derechos para desarrollar los suelos públicos de Chamartín.

Desde entonces hasta ahora, se han sucedido numerosas modificaciones y prórrogas del contrato firmado inicialmente, siempre beneficiando al BBVA, en detrimento del interés general. El último contrato se firmó en diciembre de 2018, volviendo a estar el PSOE al frente del Ministerio de Fomento.

 

La prensa española habla en su inmensa mayoría de un buen proyecto, un tercio de viviendas sociales, trabajo… ¿nos venden la moto?

La mayor parte de la prensa, se limita a repetir como un mantra la información oficial. No sólo nos venden la moto, nos cuelan hasta el sidecar. Se trata de un proyecto con una compleja viabilidad porque está diseñada a medida para crear un gigantesco beneficio al BBVA, no para ser ejecutada. Para entender de lo que hablamos vamos a simplificar, pero es así. El BBVA tiene derecho a construir una masa tan grande de oficinas y viviendas que no le cabe en el espacio de suelo cedido. Por eso necesita construir rascacielos, tiene que construir en vertical porque en horizontal no entra. Pero además, tiene que rebañar hasta la última gota de suelo y por eso, las zonas verdes, en lugar de construirse sobre el suelo natural, se crea un suelo artificial que ahora no existe. Es decir si las zonas verdes que corresponden por ley se construyeran en el suelo, no les cabrían las torres. Por eso se inventan una plataforma de suelo sobre las vías de tren para poner ahí las zonas verdes. O sea, donde ahora hay aire, van a construir un suelo de hormigón para poner encima las zonas verdes. Es increíble.

Y sobre las viviendas están contando una milonga inaceptable. Se está hablando de viviendas de protección, cuando no es cierto. La Ley de suelo obliga a construir viviendas con algún grado de protección (VPP), cada vez que se desarrolla un nuevo ámbito de suelo. El precio de esas viviendas, a veces es más elevado que el precio de la vivienda libre, como así ha pasado durante los años más duros de la crisis, en als que muchas personas adjudicatarias de este tipo de vivienda, se veían obligadas a renunciar por no poder hacer frente a los precios. De 10.474, viviendas, algo más de 2000 serían de este tipo de protección. Realmente irrisorio.

La vivienda social de protección, la verdadera vivienda protegida en alquiler, no existe en la Operación Chamartín, a pesar de que casi un 80% del suelo es público (propiedad de Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II).

Más Madrid se han lanzado al vacío abrazados al BBVA y al Ministerio de Fomento

¿Qué impacto ecológico esperan que tenga el proyecto?

El impacto ecológico es múltiple, primero el directo. La transformación de 2.364.825 metros cuadrados de suelo (236,5 ha), la mayoría en estado natural o suelo rústico. Estamos hablando de una superficie que equivale a dos veces el parque de El Retiro y que está situado al norte, lindando con el Parque Regional de la Cuneca Alta del Manzanares y otros espacios de alto valor como el monte de El Pardo o el monte de Valdelatas. Meter esa enorme masa construida en la única cuña de suelo libre que existe ahora mismo, modificará flujos de entrada de aire a la ciudad. Además de los 6.344 árboles inventariados, más de 5.200 serán talados.

Además la enorme masa de oficinas y comercial requerirá movimientos de tráfico diario de las personas trabajadoras y usuarios que no sólo afectará ala ciudad de Madrid, también a su área metropolitana y a las provincias limítrofes.

En marzo de 2018, hicimos público un informe sobre movilidad y los datos eran contundentes: más de medio millón de nuevos desplazamientos diarios generados por la operación, lo que supondría un aumento del 23 % de entradas a la capital y la consiguiente saturación de las correspondientes infraestructuras viarias, así como de la red de transporte público, cuya capacidad podría verse sobrepasada.

https://www.ecologistasenaccion.org/35963/la-movilidad-asociada-a-la-operacion-chamartin-colapsaria-las-vias-de-acceso-a-madrid-y-desbordaria-el-transporte-publico/

El incremento de tráfico, a su vez, aumenta las emisiones de NOX y CO2, contribuyendo a empeorar la calidad del aire de la ciudad y de la Comunidad de Madrid.

Además por el ámbito de la Operación Chamartín discurren dos vías pecuarias, el Cordel de la Carretera de Miraflores y el Cordel del Camino de la Cuerda. Estas vías pecuarias son suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid y por tanto de todas. Sin embargo, no se respetan estos caminos históricos, porque respetarlo sería liberar suelo construido y volvemos al principio, no pueden desechar ni un metro cuadrado de suelo porque no les cabe la enorme masa a construir. Hasta la fecha estas vías pecuarias no se han recogido en el proyecto, desconocemos si se habrá hecho antes de aprobar provisionalmente el proyecto porque no hemos tenido acceso a esa información.

El Estado “regala” sus suelos, sin nada cambio, y además permite que antes de que sean pagados, el BBVA los venda

¿Tiene algo de social este proyecto?

No, al menos no hemos sido capaces de encontrarlo

 

¿Esperaban más de Más Madrid? ¿Un partido de izquierda debería poner trabas a un proyecto de esta magnitud?

Claro, en su programa y en el Pacto contra la especulación que firmaron en el mes de abril de 2015 (antes de las elecciones) se comprometían a auditar el proyecto, a pararlo y a rehacer una propuesta social y ambientalmente sostenible. Hasta julio de 2017, la verdad, es que dieron algunos pasos en ese sentido, Pero a partir de esa fecha, se lanzan al vacío abrazados a Distrito Castellana Norte (BBVA) y al Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Íñigo de la Serna, ministro de Mariano Rajoy.

 

Hoy nos enteramos de que el BBVA va a vender su participación en el proyecto, ¿de eso se trataba, de simple especulación?

Es algo que ya se intuía, de hecho en el contrato firmado en diciembre de 2018, se le autoriza a vender los terrenos, incluso antes de que los pague. El contrato obliga a Adif a poner en manos del BBVA los suelos, en cuanto la Operación Chamartín sea aprobada definitivamente, pero el BBVA lo pagará en un plazo de 20 años. El Estado “regala” sus suelos, sin nada cambio y además permite que antes de que sean pagados, el BBVA los venda, para hacer negocio. Si esos suelos se llegan a desarrollar o no le importa un bledo al BBVA, simplemente es una operación financiera más. Es lamentable que los partidos políticos a estas alturas, asuman estas actuaciones y nos tomen por imbéciles a la ciudadanía, repiendo lo mismo que nos contaban antes de la crisis inmobiliaria.

 

¿Hay vuelta atrás? ¿Cree que la banca ha ganado de nuevo?

Bueno, la banca ha ganado una partida, no el juego. Y sí, hay vuelta atrás, la Operación Chamartín está en los tribunales y de momento no se ha aprobado definitivamente. Hay tanta opacidad e irregularidades en su tramitación que en cualquier momento podría estallar. Desde luego, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) y la Plataforma Zona Norte no vamos a tirar la toalla y ahí seguimos dando la batalla.

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