Entre 1998 y 2015 la cifra de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia fue de 34.984 fincas, de la cuales 18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos.

El Gobierno, que hasta ahora se había negado reiteradamente a ofrecer datos sobre las inmatriculaciones e incluso ha recurrido a los tribunales cuando el Consejo de Transparencia le ha instado a entregar la información, ha enviado al Congreso de los Diputados el listado definitivo de los bienes que la Iglesia inmatriculó gracias a la «ley Aznar».

Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, es la que permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario. Pese a esa excepción, en los años ochenta se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio.

En 1998 el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos. Este privilegio que estuvo en vigor hasta 2015, permitió que la Iglesia inmatriculase lugares como la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Giralda, la Seo de Zaragoza o la catedral del Buen Pastor de Donostia.

En octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborara la relación de inscripciones de la Iglesia católica y un año después el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a hacer público el listado.

Inmatriculaciones, el gran negocio de la Iglesia
Inmatriculaciones, el gran negocio de la Iglesia

Impugnar las inmatriculaciones

El Comité que realizó el informe para Sánchez concluyó que el Gobierno debería impugnar todas las inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, cuando se inscribieron catedrales y otros inmuebles considerados hasta ese momento como bienes de titularidad pública.

Ahora, tras la visita de Pedro Sánchez al Papa Francisco, el Ejecutivo ha decidido cumplir con el cometido por el que estaba obligado por ley, y que llevaba año y medio esperando el momento adecuado para llegar a la Cámara Baja.

Y aunque el plazo para pleitear ya está vencido, gobiernos como el catalán ya ha denunciando la inmatriculación por parte de la Iglesia de más de 3700 bienes, en concreto 3.722 inmuebles, que podría intentar recuperar.

Inmatriculaciones de garajes

Aunque mayoritariamente son construcciones de culto, como ermitas, cementerios o capillas también hay terrenos rústicos y edificios como rectorías, garajes o palacios.

Toda la información ha sido puesta a disposición del público a través de una página web para que particulares, entidades y ayuntamientos puedan reclamar las propiedades a través de una mesa de negociación específica creada por la Generalitat, que ahorrará costosos y largos procesos judiciales a los afectados.

La Generalitat ha sido la primera Administración del Estado que ofrece este listado de bienes eclesiásticos y que incluso los ha reunido en un mapa interactivo.

Las inmatriculaciones no es lo único que necesita cambios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había explicado que la intención del Gobierno de hacer pagar a la Iglesia el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se refiere solo a las propiedades que no están puestas a disposición de la sociedad para culto o actividades sociales.

«De lo que se trata es que, por supuesto, los lugares de culto o en los que se desarrolla una acción social tengan las mismas exenciones, pero que en otras pertenencias de la Iglesia que no están desarrollando esta tarea hay que replantearse esa contribución que va a los Ayuntamientos», afirmó Montero.

Asimismo, no hay preparada ninguna revisión de la fiscalidad de la Iglesia que toque la casilla de la declaración de la renta destinada a asignar voluntariamente el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF a la Iglesia católica.