EQUO pide al Gobierno de España que se sume a países como Alemania, Francia y el Reino Unido, que han exigido que se aclaren las circunstancias de la desaparición del periodista saudí. Alemania, además, ha paralizado la venta de armas a Arabia Saudita hasta que se aclare lo ocurrido a petición, entre otros, del SPD, el partido socialdemócrata que comparte coalición de gobierno con Angela Merkel y del partido Verde.

Sin embargo, en opinión de la formación política, el Gobierno español se ha ausentado de esa posición y se limita a declararse consternado por el más que probable asesinato de un periodista en sede consular, pero no paralizará la venta de armas a Arabia Saudita ni siquiera temporalmente.

EQUO solicita firmemente al gobierno y al PSOE que se sume de inmediato a la posición de condenar la desaparición del periodista y exigir su esclarecimiento, así como que paralice cautelarmente la entrega de armas y suministros bélicos a Arabia Saudí al menos hasta que se aclare suficientemente la desaparición de Jamal khashoggi y, preferentemente, mientras permanezca activo el conflicto bélico en Yemen.

Además, también se pide el impulso inmediato de planes de reconversión industrial para Navantia y otras empresas dependientes de la venta de armas a países en guerra para “liberar a los trabajadores y trabajadoras de la vergüenza de tener que elegir entre la libertad y los derechos humanos de las personas y el mantenimiento de sus puestos de trabajo”.

Para el partido verde, la vulneración de los derechos humanos por Arabia Saudí en la guerra civil yemení está ampliamente documentada: bloqueo a la entrada de alimentos y medicinas, embargo marítimo unilateral, bombardeos contra la población civil y ataques reiterados contra instalaciones sanitarias, mercados y campos de refugiados. La ONU ha acusado formalmente al país árabe de haber cometido posibles crímenes de guerra y ser responsable de la mayoría de las muertes civiles en Yemen.

EQUO recuerda que tanto la ley de control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, como el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, ratificado por España en 2014, obligan al Estado Español a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario o contra los derechos humanos de la población civil; por lo que reclama al ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con la legislación española y con el tratado internacional ratificado por España.


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