Redacción

EQUO denuncia que el recurso del agua en España se está viendo mermado debido a una serie de factores como las políticas hidráulicas ineficaces del Partido Popular,  el cambio climático, la privatización de la gestión o los trasvases. Sólo a consecuencia del cambio climático, los recursos hídricos disponibles en España se han reducido un 20% en los últimos 25 años y desde el partido verde consideran que es necesario replantear un cambio inmediato en las políticas.

Para el partido verde el documento filtrado sobre un posible pacto del agua, es una muestra más de la insistencia del PP en políticas “fracasadas”. Para el coportavoz de EQUO, Juantxo López de Uralde,  “Las políticas que propone el PP volviendo a insistir en los trasvases son un error y una vuelta al pasado que ya parecía superado. Los trasvases no resuelven la creciente escasez de agua: la difícil situación actual del Tajo Segura es un buen ejemplo. Las políticas de aguas deben basarse en una mejor utilización de un recurso cada vez más escaso. Se trata de gestionar la demanda, ante una oferta que no puede ampliarse”.

Para la también coportavoz, Marta Santos, “Es importante no repetir la falta de consenso que se dio durante el Gobierno de Aznar en materia de gestión del agua; pero también es importante afrontar los verdaderos problemas que tenemos. El PP vuelve a insistir, con una falta terrible de entendimiento, en un modelo de aumento de infraestructuras. Poco oímos hablar al gobierno de eficiencia en los riegos para economizar agua, o hasta dónde se puede permitir el aumento del regadío en la agricultura. Bajo nuestro punto de vista, el apoyo del gobierno a la agricultura industrial, intensiva en consumo de agua , es el verdadero problema”.

Igualmente la formación política señala, entre otros, cinco problemas urgentes a los que se debe hacer frente para mejorar la salud de los ríos y garantizar el acceso al agua: la sequía, la política de trasvases, el vertido y tratamiento de las aguas residuales, la política de privatizaciones y el cumplimiento de la Ley de Aguas.

La propuesta filtrada incluye el establecimiento de un “tributo ambiental” para incluir los costes ecológicos del agua. Sin embargo, según ha denunciado EQUO en numerosas ocasiones, desde el Ejecutivo se ha incumplido reiteradamente la Ley de Aguas al no destinar el canon que se recauda de las hidroeléctricas a la protección y mejora de los cauces de los ríos. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo asumió el error; sin embargo no explicó dónde han ido a parar los 133.734.583,65 millones de euros que deberían haberse destinado al objetivo de protección de los ríos.

“No sabemos muy bien a que se destinaría este impuesto, que parece meramente recaudatorio, ya que el Gobierno ni siquiera destina los impuestos que actualmente recauda a la mejora de nuestros ríos tal como establece la Ley de Aguas”, ha declarado López de Uralde.

Por otra parte, el impacto del cambio climático y la sequía provoca un estrés en los recursos hídricos, que se ve agravado por el modelo de agricultura y  la política de trasvases que se viene manteniendo en los últimos años. El realizado desde la cabecera del Tajo hacia el Levante realizado el pasado mes de septiembre se produjo mientras los embalses de Entrepeñas y Buendía se situaban por debajo del 10% de su capacidad, algo que podría ser ilegal, según denunció EQUO en el Congreso. En opinión de la formación política es clave impulsar medidas para afrontar el cambio climático y su estrecha relación con los problemas de sequía que afectan a España, algo que no aparece recogido en el documento filtrado.

A todo esto hay que añadir los expedientes abiertos por Bruselas debido a la mala depuración de las aguas residuales y que enfrenta a España a multas por valor de casi 50 millones de euros. Sin embargo desde EQUO creen que no se da ninguna prioridad a este grave problema porque no hay ni voluntad política, ni una previsión de inversión en estas infraestructuras. Los expedientes abiertos no son una novedad, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) multó a España con 46,5 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria de aguas residuales para poblaciones de más de 10.000 habitantes.

Por último, EQUO denuncia que la privatización del agua pública ha ido en detrimento de garantizar este derecho a la ciudadanía y solo ha servido, como en el caso del Canal de Isabel II, como tapaderas para la corrupción. En este sentido reclaman que se puedan revertir estas políticas, tal como hizo Valladolid, el año pasado.  

Deja un comentario