Eroski tendrá que pagar una multa impuesta por la Agencia de Protección de Datos de 150.000 euros por la difusión del vídeo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cuando fue retenida por la seguridad del centro de Vallecas (Madrid) tras sustraer dos tarros de cremas.

Tras conocerse el contenido de la grabación, que data del 4 de mayo de 2011, Cifuentes dimitió de todos sus cargos, ya inmersa en un escándalo por un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos que recibió, presuntamente, de forma fraudulenta.

Protección de Datos inició una investigación de oficio y condena  por la infracción del artículo 9 de la Ley de Protección de Datos, que establece que «el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural».

Además, en su punto 2, señala que «no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas». 

De la misma forma, impone otra multa por infracción del artículo 4.1 de la misma ley por disponer de fotografías de personas sospechosas de hurto (la más antigua del año 2005). Dicho artículo establece que «los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido» y que, en todo caso, ese material es más propio de ficheros policiales.

Tanto el vigilante como el inspector de zona de Casesa indicaron que la persona autorizada para tratar las imágenes era el gerente del centro, disponiendo en su despacho de un ordenador con un programa para extraer las imágenes y, en caso de urgencia, la jefa de personal y el encargado del bazar. El despacho del gerente estaba cerrado con llave, de la que disponía, además, la jefa de recursos humanos.

La Agencia de Protección de Datos abrió un expediente de investigación el 25 de abril del año pasado, una vez salieron publicadas las imágenes de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid retenida por los servicios de seguridad del supermercado Eroski el 4 de mayo de 2011. En esta investigación llegó a inspeccionar otro hipermercado de Eroski, situado en el Centro comercial «Luz del Tajo» en Toledo, para verificar el sistema de seguridad, llegando a las mismas conclusiones sobre la falta de diligencia en la protección de grabaciones y de datos personales, incluso extralimitándose en el seguimiento de supuestos individuos sospechosos de cometer hurtos.

Vídeo Recomendado:

Deja un comentario