Masafer Yatta está integrado por 19 pueblos y aldeas tradicionales, de los que 8 corren riesgo inminente de demolición y desplazamiento. Las localidades están en las colinas del sur de Hebrón, en la Zona C de la Cisjordania ocupada. A pesar de que esta zona representa el 60% de Cisjordania, las autoridades israelíes conservan el control exclusivo del urbanismo y la zonificación de la región.

En Israel y los TPO, las políticas y prácticas discriminatorias sancionadas por el Estado de Israel provocan desde hace decenios el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas. Estas políticas están concebidas deliberadamente para reducir al mínimo el acceso de la población palestina a tierras estratégicas y su control sobre ellas, al mismo tiempo que buscan mantener la dominación israelí judía.

Amnistía Internacional exige que “las autoridades israelíes deben paralizar de inmediato el desalojo forzoso de más de 1.000 residentes de Masafer Yatta, comunidad palestina en la Cisjordania ocupada”. Estas declaraciones de la ONG llegan después de semanas en las que el ejército israelí ha hostigado reiteradamente a la población de esa zona, ha derribado viviendas y ha impuesto restricciones a la libertad de circulación. En el interior de Israel, las autoridades deben reconocer los derechos a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas beduinos palestinos del desierto del Néguev/Naqab cuyo pueblo, Al Araqib, ha sido derribado de nuevo la mañana del martes 19 de julio.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), en las últimas semanas, las comunidades de Masafer Yatta vienen siendo objeto de una oleada tras otra de demoliciones. La campaña de intimidación de las autoridades israelíes trata de crear unas condiciones de vida insoportables que obliguen a sus residentes a marcharse. Además, los controles de carretera y otras restricciones a la circulación impiden a la población residente celebrar la festividad musulmana del Sacrificio (Id al Adha) con sus familias extendidas en la localidad vecina de Yatta. Los días 11 de mayo y 1 de junio, el ejército israelí destruyó las viviendas de decenas de residentes, para algunos de los cuales es la tercera demolición de su hogar que sufren en los últimos 12 meses.

1.150 personas en peligro

Según la OCAH, actualmente viven en Masafer Yatta alrededor de 1.150 personas palestinas, 569 de ellas menores, en más de 200 viviendas. Las condiciones de vida son terribles y la población residente depende casi por completo de la ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes han ordenado demoler o paralizar la construcción de casi todas la viviendas, refugios para animales, cisternas e infraestructuras comunitarias de la zona, alegando que se construyeron sin un permiso que es casi imposible de obtener .

“De llevarse a cabo, esta expulsión a gran escala constituiría un acto de traslado forzoso, que es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Señaló Morayef además que “el desplazamiento inminente de palestinos y palestinas desde Masafer Yatta es un crudo recordatorio de la despiadada estrategia que utiliza Israel desde hace decenios para mantener su cruel sistema de apartheid sobre la población palestina”.

A Amnistía Internacional le preocupa «que no se respeten los derechos a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas beduinos en Israel y que éstos sean discriminados también en relación con otros derechos económicos, sociales y culturales, política concebida para mantener el sistema de opresión y dominación de Israel sobre la población palestina.» La población beduina palestina que tiene la ciudadanía israelí sufre la reiterada demolición de sus viviendas como corolario de unas políticas discriminatorias que no reconocen la legalidad de alrededor de 35 pueblos de la región de Néguev/Naqab. Por ejemplo, desde 2010, las autoridades han derribado reiteradamente todas las viviendas del pueblo de Al Araqib, sometiendo a unas 250 personas a desalojos forzosos que las han dejado sin hogar y reubicándose en chozas en otros pueblos o en casas de familiares del vecino municipio beduino. Los planes del gobierno israelí de “regular” las construcciones beduinas en el Néguev/Naqab han provocado el desalojo forzoso de cientos de personas de esta minoría y ponen en situación de riesgo a decenas de miles más.

“En lugar de derribar viviendas, las autoridades israelíes deberían desmantelar las políticas discriminatorias de urbanización y edificación que han colocado a los ciudadanos y ciudadanas beduinos en la absurda situación de ser calificados de intrusos en sus propias tierras”, ha afirmado Heba Morayef.

Una estrategia reiterativa

Otras comunidades palestinas de la colinas del sur de Hebrón y el valle del Jordán, zona estratégica para la expansión de los asentamientos israelíes y el avance de la anexión, viven asimismo bajo la amenaza de traslado forzoso. En julio del año pasado, las excavadoras israelíes borraron del mapa una de estas comunidades, la aldea de pastores de Khirbet Humsa.

Al otro lado de la línea verde, en Israel, 35 pueblos beduinos palestinos del Néguev/Naqab “no reconocidos” corren también riesgo de ser demolidos por las autoridades israelíes en un ejemplo flagrante de segregación racial. Estos pueblos no figuran en los mapas de zonificación y urbanismo israelíes y, como consecuencia, son considerados ilegales y las autoridades israelíes se niegan a conectarlos a servicios esenciales como la red eléctrica y la de agua. Ras Jrabah es uno de estos pueblos, y sus 500 residentes corren el riesgo de sufrir traslado forzoso debido a los planes israelíes de demolerlo para permitir la expansión de Dimona, localidad habitada en su mayor parte por israelíes judíos.

Con información de Amnistía Internacional

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