Así se expresa el famoso punto número cuatro del artículo 135 de la Constitución después de la reforma de septiembre del 2011, cuando la economía europea estaba en riesgo de colapso y se tomaron decisiones económicas que lastraron durante años a las familias españolas:

“Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

En agosto de 2011, el Banco Central Europeo exigió a los gobiernos de España e Italia la adopción de medidas inmediatas para atajar su galopante déficit público. Se hizo lo posible y lo imposible para contentar a Europa, no importó nada más. Zapatero ofreció la reforma del artículo 135 a los socios europeos para no provocar una masacre social antes de las elecciones generales de aquel año, poniendo en bandeja el Gobierno a Mariano Rajoy.

Ahora, es necesario, con el fin de conseguir los fondos necesarios para sostener el sistema público de salud, que el artículo 135 de la Constitución se sitúe de nuevo en el centro del debate político del país.

Este martes está previsto que el Gobierno apruebe un plan de choque que palie las consecuencias que la pandemia y el confinamiento tendrán sobre las empresas, los autónomos y las familias. Debe estar disponible cuanto antes un paquete de medidas con el que evitar despidos masivos y proteger a las familias y a las empresas. Es necesaria una moratoria en el pago de alquileres e hipotecas, así como de los desahucios, y que se garanticen los suministros a los hogares.

Pablo Iglesias defiende un plan de choque en inversiones sanitarias y servicios sociales para que las consecuencias de la crisis no recaigan, como en 2008, sobre la población más vulnerable y aumente la bolsa de excluidos sociales.

El endeudamiento parece inevitable y los ministros no deberían estar excesivamente preocupados por posibles aumentos en la ratio de deuda/PIB, pese a que no sea deseable. Mucho más perjudicial que la desviación en las cifras macroeconómicas, aseguran, sería que la economía colapse y se pueda generar con ello una crisis política como la que tuvo lugar en este país hace una década y acabó con un Gobierno que acabó con muchos de nuestros derechos.

La propuesta de la CUP

La diputada en el Congreso Mireia Vehí indicó en una conversación que mantuvo con Pedro Sánchez que se deben redirigir «asignaciones presupuestarias que no son imprescindibles para la vida, como las asignaciones a la monarquía y a protocolo, por uso de la sanidad pública».

La CUP pretende así sufragar el coste extraordinario que suponen los efectos del covid-19 y que también quiere combatir ignorando los topes de déficit europeos. Con el fin de conseguir los fondos necesarios para sostener el sistema público de salud, los anticapitalistas también proponen una moratoria del artículo 135 de la Constitución.