¿Derecho a la Educación o Libertad de Enseñanza? Ambas cosas están reconocidas en la Constitución. Pero, ¿a qué se le da prioridad y peso? Es un debate que está presente desde la misma creación de la Constitución y su plasmación en el artículo 27 de la Carta Magna del Régimen del 78. Con ello, se buscaba garantizar uno de los derechos más básicos en un sistema democrático y, a la vez, velar por los intereses educativos de la Iglesia y, a la vez, en caso de privatización futura, garantizar una herramienta legal que así lo permita. Maquiavélico, ¿verdad?

La normativa se desarrolló en los años 80 con la LODE, en la que se habló y reguló por primera vez de los Conciertos Educativos. Era un momento en el que el Estado no tenía dinero para desarrollar la cantidad de Escuelas Públicas que hacían falta para llegar a todos los rincones y lugares, para así desarrollar y universalizar la educación. Fue una idea del gobierno socialista de entonces. La LODE es la Ley Orgánica que desarrolla el Derecho a la Educación

Sin embargo, en comunidades como la Valenciana o la Madrileña, se ha abusado de esta figura hasta encontrar casos tan escandalosos como que la Educación Concertada supera los dos tercios (y los tres cuartos, como el distrito de Pla del Remei, de Valencia) de la oferta educativa de varios distritos. Aunque existen varios ejemplos de colegios concertados laicos, la gran mayoría suelen ser dependientes de la Iglesia, de Fundaciones eclesiásticas adscritas a Obras Benéfico-Docentes eclesiásticas, por lo que se demuestra que es una figura que permite a la Iglesia tener un porcentaje de oferta educativa en gran parte del Estado. Un privilegio más para la Iglesia Católica.

Este tipo de colegios, por normativa del artículo 51 de la Ley Orgánica del Derecho de Educación, deben ofertar gratuitamente la educación reglada y las actividades extraescolares. Esta norma no se cumple según un reciente estudio de la OCU, que revela que la gran mayoría de colegios concertados cobran tasas o cuotas por cursar en estos centros. Detalle que contraviene la normativa vigente. Esto hace que el coste anual de niño por familia en los colegios concertados, según éste estudio, sea de 3375€, coste que en la educación pública baja a los 2200€. Con ello, los colegios concertados se demuestran más caros para las familias que los colegios públicos.

Los concertados llegan a cubrir a un tercio de la escolarización de los niños españoles. En varias zonas llega a escolarizar a la mitad, como Madrid y Valencia. Mientras la media europea de centros públicos es de un 81% frente a un 6% de privados y un 13% de concertados, en España los porcentajes son de 68% de escuela pública, 28% de escuela concertada y 3% de escuela privada, se escapan de los estándares europeos.

La propia escuela concertada ha recibido un claro apoyo político desde un sector ideológico, como es la derecha conservadora, representada por el Partido Popular. Mientras la LOE indicaba que ‘se garantizarán plazas suficientes en centros públicos’ (y es el párrafo de donde tira la reforma de los conciertos que lleva a cabo en este momento la Generalitat Valenciana), en la LOMCE indica simplemente que ‘se garantizarán plazas suficientes’. Ello fue invertir la garantía de suficiencia de plazas hacia la escuela concertada y la ‘libertad de elección de centro’, núcleo principal de la ‘Libertad de Enseñanza’ que tanto reivindica esta corriente política. En Valencia y en Madrid han llegado a tener numerosas cesiones de terreno público para crear colegios concertados, o mejorías de los terrenos existentes; frente al deterioro de la Escuela Pública.

La Constitución, en su artículo 27 proclama tanto el Derecho a la Educación como a la Libertad de Enseñanza. Ambos preceptos conllevan dos visiones de la Educación muy diferentes entre sí y que, en numerosas ocasiones, chocan entre sí, haciendo que no se pongan de acuerdo las dos grandes clasificaciones políticas en España. La Izquierda defiende el Derecho a la Educación mientras que la Derecha defiende la Libertad de Enseñanza.

El Derecho a la Educación defiende el derecho a ser escolarizado, a recibir la educación básica y a acceder voluntariamente en igualdad de condiciones a educación no obligatoria. A grandes rasgos. La Libertad de Enseñanza revela la Libertad de Cátedra, derecho fundamental restringido a la enseñanza superior y con límites como son el orden público y las normas internas de la institución académica,y la Libertad de Elección de Centro como ejes fundamentales de esta libertad, también a grandes rasgos. Del Derecho a ser escolarizado y a recibir la educación básica, se desarrolla que es el Estado quien debe garantizar que todos tengan Derecho y Deber a la enseñanza reglada obligatoria y el Derecho a acceder y estudiar cualquier enseñanza no obligatoria, y de este Derecho, deberá hacerse como la administración diga (mediante los currículos académicos) y donde la Administración indique. Normalmente esto es en centros públicos, siendo la educación concertada subsidiaria de la pública en todo caso.

Este carácter subsidiario de la Escuela Concertada ha sido muy criticado desde posiciones derechistas, como indica el jurista experto Jesús Muñoz de Priego, que indica que ‘la propia escuela Concertada aparece en la Constitución bajo la Libertad de Enseñanza’ y que la consagración de la concertada como subsidiaria y dependiente de las necesidades de la pública, «está expresamente rechazado por el Tribunal Supremo».

Mientras tanto, los detractores de la Escuela Concertada, denuncian que No se puede consentir que se concerte la enseñanza con los titulares de los centros privados que incumplen la norma en su propio beneficio, realizando las prácticas que se citan a continuación, todas ellas incompatibles con el artículo 27 de la Constitución y toda la normativa que lo desarrolla:

  • Profesorado escogido a dedo (sin concurso de méritos-igualdad y publicidad) como así lo señala la normativa.
  • Colegios que no reúnen los requisitos mínimos establecidos mediante R.D. Estatal. 
  • Falta de multiculturalidad, de alumnado con necesidades de apoyo educativo, y de integración.
  • Reticencia a firmar convenios colectivos
  • Falta de coeducación (colegios en los que se separan niños y niñas).
En algunas autonomías, como en la Comunidad Valenciana, principalmente, se ha decidido tomar medidas contra estas situaciones, en forma de mayor control, tanto legal, como de recursos, procurando destinar todos los posibles a la pública, y, dado el carácter subsidiario de la escuela concertada, retirárselos en caso de detectarse duplicidad de aulas. Esto ha llevado al conseller Vicent Marzà, a realizar una fuerte revisión a fondo de conciertos y, para ello, está aplicando la ley existente, la parte que se mantiene de la Ley Orgánica de Educación de 2006, sobre los conciertos
La Generalitat Valenciana toma la decisión de dejar de concertar varias aulas de colegios concertados en zonas donde ya hay suficiente oferta para los diversos niveles sobrantes. Esta medida afecta, principalmente a aulas de Educación Infantil y de Bachillerato. Esto no supone el cierre de las aulas, sino que estas aulas pasan a estar fuera de la planificación educativa, lo que hace que pasen de estar subvencionadas por Conselleria (y el dinero de todos los valencianos), a ser de planificación propia del centro, o sea, privadas. Como lo eran los colegios concertados antes de la creación de esta figura en los años 80. Esto es gracias a la revisión de los mecanismos para los conciertos educativos. Estos, desde 2007, eran automáticos y no se revisaban, por lo que se creía que era una fuente casi permanente de ingresos para estos colegios concertados.
Esto ha hecho que los colegios concertados afectados, casualmente todos dependientes de obras u ordenes de la Iglesia, salieran a la calle a protestar contra este cambio legal en los conciertos. Se estima que fueron unas 50.000 personas, y se estima que la mitad eran personas militantes de partidos que decidieron secundar esta manifestación, estos son Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, principalmente; estando presentes los líderes de estas tres formaciones, como María José Català, Alejandro Font de Mora (ex-consellers de educación, éste último fue quien decidió la renovación automática de los conciertos), Toni Cantó, Fernando Giner, de Ciudadanos; y Cristina Seguí, de Vox.

Para todos aquellos que cargan contra Vicent Marzà, conseller de Educación y miembro de Compromís, deben saber que, al renovar la normativa de conciertos educativos, se han mantenido el 85% de los Conciertos. Y si se elimina concertación de aulas es precisamente para ‘evitar un malgasto de los recursos públicos’. Según Compromís es la escuela pública, y no la privada, la que tiene que tener preferencia a todos los efectos, mientras que la Concertada debe estar presente ‘de forma subsidiaria’, quiere decir, que se priorice los institutos públicos frente a las escuelas concertadas. ‘Si hay oferta suficiente, no se concerta.’, sentencia Marzà.

También se ha eliminado un aspecto que hacía que no se revisara los conciertos a todos los colegios, y era la renovación automática año a año. Un mecanismo puesto por el Partido Popular Valenciano en torno a 2006/2007, para no tener que revisar los conciertos y no revisando las posibles irregularidades que puedan haber en dichos conciertos. Lo que, para los críticos con la escuela concertada, convertía a estos centros en auténticos chiringuitos de colocación de personas afines a quienes llevan los centros afines a una ideología determinada, mientras deniegan la entrada a gente en exclusión social, contrarias a la ideología del centro o de las personas que dirigen el centro o simplemente, a quienes no convenía dejar entrar, pese a ser servicio público de gestión privada.

Si son las escuelas concertadas dependientes de la Iglesia las que están en contra de este cambio legal, las más potentes,agrupadas bajo la Asociación ‘Libertad De Enseñanza 27.1’, la Unió de Cooperatives d’Ensenyament (UCEV) sí está de acuerdo con el cambio legal que realizará la Generalitat Valenciana en materia de conciertos ya que es, como mencionan, «una decisión coherente con el espíritu y la letra de la LODE, así como con el actual arreglo escolar que, por primera vez, ha tenido en cuenta conjuntamente la red pública, la concertada y la cooperativa, lo que, más allá de cómo le ha ido a cada cual, resulta muy razonable desde el entendimiento de servicio público».

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