España se opone a modificar la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas para armonizar estas estructuras impositivas porque considera que el vino debe mantener su tratamiento diferencial, explicó hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta que permitiría a los Estados miembros de la UE optar por calcular los impuestos especiales sobre todos los productos alcohólicos, incluido el vino y otras bebidas fermentadas y productos intermedios, sobre la base del contenido de alcohol puro del producto acabado.

España considera que el vino, “por su arraigo en amplias zonas productoras del país, sus hábitos de consumo, nada tiene que ver con otros alcoholes de mayor graduación”, de modo que “está justificado el tratamiento diferencial en el ámbito fiscal comunitario”, indicó Calviño al término del consejo de ministros de Economía y Finanzas en el que se abordó la cuestión.

Según las normas actuales, el impuesto especial mínimo que los Estados pueden fijar para el vino es de cero euros, mientras que para la cerveza, productos intermedios y bebidas espirituosas siempre tienen que adoptar una tasa que depende del volumen producido o del volumen de alcohol puro.

Calviño consideró que los países de la UE pueden lograr el mismo objetivo en cuanto a la imposición del alcohol mediante un aumento de los tipos, sin necesidad de modificar esta directiva.

“Nos sentimos cómodos con la actual estructura de la directiva que mantiene un régimen para el vino diferente al del resto de bebidas alcohólicas y no vemos ninguna razón para cambiar en este momento”, insistió Calviño.

Los ministros, que aspiraban como mucho a encontrar un acuerdo político sobre la modificación de la directiva, concluyeron que será necesario continuar con los trabajos técnicos porque todavía no hay consenso.

En este contexto, los Veintiocho debatieron también el denominado “régimen de cosechero”, que permite aplicar un tipo reducido o una exención al alcohol destilado con frutos de los propios agricultores siempre que esté destinado a su consumo particular y se adopten medidas de control.

Calviño dijo que España está también “muy interesada” en que se mantenga este tratamiento específico para dar cobertura a este régimen, muy extendido en determinadas regiones del país, incluida Galicia, y que los ministros “seguirán discutiendo” cuales son las características específicas de este régimen especial.

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