La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) abordó este jueves tres solicitudes procedentes de España, Francia y el Reino Unido para que la Eurocámara abra una investigación sobre los riesgos para la salud de los implantes mamarios, tras el escándalo de las prótesis PIP en 2013.

La Comisión parlamentaria decidió mantener abierto este caso, que le llegó en febrero y que a continuación remitirán al Parlamento Europeo entrante tras las elecciones de mayo, así como a la próxima Comisión Europea, que empezará a trabajar a partir de noviembre.

Las peticionarias instaron a revisar los riesgos de estos implantes, pese a que se dice que “no hay actualmente ningún dato convincente médico, toxicológico o de otro tipo que justifique la retirada rutinaria de implantes PIP intactos”.

En cambio, ilustraron su intervención en la comisión parlamentaria con imágenes explícitas de operaciones quirúrgicas para retirar implantes rotos: “¿Hay que esperar a que a la gente le pase esto?”, comentaron.

Lamentaron en concreto que los fabricantes de estas prótesis sigan “sacando beneficios” de productos que llegaron al mercado con la marca de calidad de la UE pero que, aseguran, son peligrosos y hay expuestas a ellos “cientos de miles de mujeres”.

Según dijeron, la liberación del fluido de estos implantes defectuosos en el cuerpo han causado nódulos linfáticos axilares o células cancerosas entre otros problemas de salud, y alertaron de que “cuanto más tiempo pasan en el cuerpo, más presencia de silicona hay en todos los órganos”.

Además, indicaron que esa sustancia contiene disruptores endocrinos que pueden afectar a la leche materna o al desarrollo del feto en embarazadas.

Las peticionarias consideraron insuficiente la tarea del grupo de trabajo creado por la Comisión Europea a raíz del escándalo en 2013 del fabricante francés PIP, que cambiaba el gel autorizado en las prótesis mamarias por otro más barato que producía frecuentemente su ruptura, lo que llevó a la condena judicial de su creador.

Un representante de la Comisión Europea agradeció la información proporcionada por las peticionarias e insistió en que la seguridad de los productos sanitarios es “una prioridad absoluta” del Ejecutivo comunitario, a la vez que recordó que el caso PIP fue un “delito del fabricante”.

Ese fraude sirvió, comentó el experto, para fortalecer el control de esos productos y la revisión de las normas europeas sobre productos sanitarios, que entrará en vigor en 2020 y 2022, dijo.

En cualquier caso, recordó que son los Estados miembros los que tienen que decidir qué tipo de medidas se debe adoptar, en relación también con el fortalecimiento de las normas sobre pruebas clínicas.

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