El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, aseguraba esto en una entrevista: “Nos pareció que (la inclusión en la lista) era un fórmula injusta y a través de los mecanismos de la Unión Europea hemos insistido mucho para sacar a Panamá“.
Exteriores confirma en declaraciones a eldiario.es que la mediación se ha dado, sobre todo con Panamá, a la que se le ha “ayudado a comprender” lo que le pedía Europa, a través de contactos en embajadas y en conversación telefónica del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con su homólogo panameño, explicando en la UE, además, los avances de Panamá en materia tributaria.
Las instituciones europeas decidieron incluir en diciembre a Panamá en su lista de paraísos fiscales por su exigua carga fiscal y su esquema opaco de fundaciones. Esto despertó la indignación del país centroamericano, hasta el punto de que llamaron a consultas a su embajador en la UE. Al final han durado poco más de mes y medio y ahora está en la lista gris. En ella se incluyen 55 países que sin cumplir con los estándares europeos de transparencia y colaboración fiscal, han mostrado propósito de hacerlo.
Reacciones
Varios grupos parlamentarios preguntarán al Gobierno por la mediación española para favorecer a un país acusado en reiteradas ocasiones de no cumplir los estándares mínimos de colaboración para evitar el fraude y la evasión fiscal y que se situó en el centro de la polémica con la publicación de los “Papeles de Panamá“.
“Si la mediación existió, el Gobierno estaría defendiendo a un Estado que sigue permitiendo la ocultación de capital a gran escala. Y lo hace porque esto beneficia a quienes realmente tienen el poder: las grandes fortunas de nuestro país“, indica Marina Albiol, eurodiputada de IU.
Albiol recalca también que, a su juicio, “cualquier gestión que haya podido hacer el Ejecutivo de Rajoy al respecto sólo puede ser considerada una irresponsabilidad“, aunque cree que esta es la “tónica general de la política económica del Gobierno, enfocada prioritariamente a mantener y defender los intereses de las grandes corporaciones“.
“Si la mediación existió, el Gobierno estaría defendiendo a un Estado que sigue permitiendo la ocultación de capital a gran escala. Y lo hace porque esto beneficia a quienes realmente tienen el poder: las grandes fortunas de nuestro país“, sentencia la eurodiputada.