La necesidad de una banca pública en nuestro país debe superar los perjuicios ideológicos neoliberales y de combatir el mito interesado de la ineficiencia de la banca pública, utilizando de manera recurrente y torticera lo que sucedió en las Cajas de Ahorros. 

España necesita una verdadera banca pública al servicio de la ciudadanía, como sucede en muchos de los países de la UE, donde tiene un notable volumen, efectividad y presta un gran apoyo, en situaciones excepcionales como la actual.

UGT ha elaborado un informe en el que ofrece una panorámica general de la banca pública: sus características, las funciones que desempeña y las posibilidades de articulación en nuestro país de cara a afrontar la crisis del COVID-19. En el mismo se analiza la banca pública europea en la actualidad, donde se recogen ejemplos de distintos países, analizando el grado de propiedad o subordinación pública y las funciones que están desempeñando en el contexto de cada economía; se aportan algunas nociones sobre la banca pública española, su pasado y los vestigios que continúan en la actualidad, poniendo el centro de atención en el papel del ICO; y donde se hace referencia a los problemas que conlleva la inexistencia de una banca pública útil ante una emergencia como la actual, en contraste con la actuación que algunos bancos públicos europeos están teniendo.

Afrontar los retos actuales

La línea de avales y garantías públicas anunciadas por el Gobierno alcanzan los 100.000 millones de euros. Resulta especialmente importante que el crédito se dirija hacia el tejido de pymes de nuestro país, ya que representan un 99% de las empresas españolas y da empleo a alrededor de un 64,4% de los trabajadores, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Además, hasta el 81% de pymes acuden a la vía del préstamo bancario cuando necesitan financiarse, ya que no presentan la misma capacidad para captar fondos en el mercado de capitales como empresas de mayor tamaño.

Ante esta coyuntura, la ausencia de una banca pública plantea una serie de problemas, pues la banca privada suele ejercer una actuación procíclica como proveedor de crédito (lo aumenta en fases expansivas y lo reduce en las recesivas).

A su vez, aunque la línea de avales públicos otorga facilidades para que el crédito fluya por la economía, su naturaleza privada hace que se rija exclusivamente por criterios de rentabilidad, por lo que el tipo de interés al que se conceden los préstamos queda sujeto al poder de negociación de las empresas con los bancos, pudiendo ser más alto en el caso de los préstamos concedidos a aquellas de menor tamaño.

Otros problemas que se derivan de la falta de una banca pública se relacionan con el riesgo crediticio que pueden asumir muchos bancos privados, además del hecho de que las autoridades económicas no puedan dirigir el flujo del crédito hacia sectores estratégicos -por efecto arrastre en la economía- o colectivos vulnerables. Buena prueba de esto último es que, con el objetivo de garantizar que los bancos privados concedan préstamos a los inquilinos en situación de vulnerabilidad que no pueden pagar el alquiler, el Gobierno cubrirá hasta 112 millones de euros de intereses y comisiones bancarias, pues anteriormente en el BOE se recogía la prohibición de que estos costes recayeran sobre el cliente.

Esta situación contrasta con la de algunos países europeos, donde la banca pública está ejerciendo un papel relevante ante la emergencia derivada del COVID-19. En Alemania, con la garantía del banco de inversión KfW, se anunció una línea de créditos ilimitados; en Francia, La Banque Postale está dando cobertura a los clientes más vulnerables y ha liberado hasta 600 millones de euros para el pago de beneficios sociales, además de los créditos otorgados a 60 hospitales por valor de 150 millones de euros; por último, en Italia, Mediocredito Centrale ha abierto líneas de financiación a pymes y ha ampliado la posibilidad de suspender el pago de las cuotas hipotecarias hasta 18 meses a todos los trabajadores independientes y autónomos afectados por la emergencia actual.

En España, sin embargo, la actuación de la banca pública ante la emergencia actual queda limitada a la posición de avalista del ICO (los préstamos que este organismo pueda conceder presentan un impacto limitado en comparación con el volumen que mueve la banca privada) Por tanto, convendría abrir el debate sobre la necesidad de crear una banca pública en nuestro país, que atendiendo a las circunstancias actuales, podría articularse de la siguiente forma:

·         Banca pública de depósito. Lo más factible a corto plazo sería renunciar a la privatización de Bankia (prevista para finales de 2021) y recuperarla como una banca pública de depósito con fines sociales, haciendo valer la mayoritaria participación del Estado. Debería desempeñar una función contracíclica en la concesión de créditos, ejerciendo de contrapeso a la banca privada en épocas de incertidumbre económica y aumentando la competencia en el sector. A su vez, a través de una extensa red de oficinas, promovería la inclusión financiera, al igual que hacen La Banque Postale (Francia) o la Poste Italiane (Italia).

·         Banca pública de inversión. En este caso, se podría utilizar la institución del ICO, pero debería parecerse más a la banca de inversión alemana (KfW) o francesa (BPI) en la magnitud de los recursos y el grado de influencia sobre la economía, actuando a escala nacional y regional (según las necesidades específicas de cada CCAA). A su vez, cabría replantear nuevas fórmulas de financiación más allá de la captación de fondos en el mercado de capitales, ya sea mediante la creación de distintas fases de capitalización y/o la asignación de una cuantía anual recogida en los PGE. Ejercería un papel diferencial en el programa de reconstrucción económica que se ha de llevar a cabo, además de apoyar a medio plazo el fortalecimiento de la competitividad de las pymes españolas y financiar los proyectos de inversión vinculados a la transición energética.

Ambas entidades podrían colaborar conjuntamente para financiar el necesario aumento del parque público de viviendas en alquiler y la rehabilitación energética de edificios. Además, deberían someterse a un estricto programa de control y supervisión por organizaciones independientes, estableciendo a su vez mecanismos de seguimiento y evaluación de riesgos.