Hace ya varios años que las mujeres que acuden a clínicas privadas para realizar una interrupción del embarazo son increpadas o coaccionadas con pintadas en las calles, hileras de fetos de plástico o concentraciones y cánticos a las puertas de las clínicas.
Por culpa de estas acciones las mujeres llegan a los centros con ansiedad y miedo y los trabajadores deben cambiar las citas concertadas ya que este tipo de intervenciones requieren de un estado de salud físico y psicológico en buenas condiciones. Además, muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas deciden no denunciar porque la interrupción del embarazo sigue siendo un estigma y hay mucho tabú e implica revelar algo que no tienen por qué contar.
A pesar de que en el Código Penal existe el delito de coacciones, de momento, en España parece que este tipo de situaciones no están penadas. Algunas clínicas han presentado demandas en el juzgado de las que no han recibido respuesta o han llamado a la policía que se ha limitado a apartar unos metros a los miembros de los grupos “provida”.
En febrero de 2020, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior la protección de las mujeres que acuden a abortar y a finales del año pasado el PSOE planteó también la necesidad de crear zonas seguras alrededor de las clínicas para que las mujeres asistan libres de acoso.
Este martes, tal y como recoge elDiario.es, el PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso que busca incluir en el Código Penal un artículo que castigue con pena de prisión de tres meses a un año a aquellos que hostiguen a las mujeres que acudan a estos centros y “poner fin a una situación de impunidad intolerable”, tal y como dijo la socialista Laura Berja. La proposición iniciará su camino parlamentario al ser aprobada su toma en consideración con 199 votos a favor y 144 en contra (de PP y Vox).
Vox rechazó la proposición por su oposición radical al aborto y caldeó el debate dado que uno de sus diputados, José María Sánchez, ha llamado bruja, borracha, loca o infanticida a Berja. Con lo de bruja, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que dirigía en ese momento la sesión, le exigió tres veces a Sánchez que retirara la palabra. Sánchez que en un principio se negó a retirar el insulto y a abandonar el hemiciclo, provocó que el presidente suplente suspendiera el pleno durante 10 minutos. Finalmente, la sesión se reanudó cuando el parlamentario ultra ha retirado haberla “llamado bruja”.
Por su parte, el PP se ha mostrado en contra del cambio legal al asegurar que es de “dudosa constitucionalidad” y busca un “ordenamiento jurídico ideológico”. Pero no habló directamente del aborto sino de las víctimas del terrorismo, al verse incomodado con el tema. Cuando la diputada por el Partido Popular en el Congreso, Teresa Angulo, subió a la tribuna lo máximo que llegó a concretar sobre la propuesta fue decir que iba contra el derecho a la libertad de expresión de los activistas antiaborto.
La diputada de Vox, María Ruiz Solás, defendió a los que se manifiestan ante esas clínicas y dejó muy claro que “es un crimen matar una vida para salvar a otra”. Además, tampoco está de acuerdo con que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo: “Una mujer no es libre para tomar decisiones cuando sufre”, ha dicho.
El incidente ha provocado que varios grupos cargaran contra Vox, partido al que la izquierda culpa de promover mensajes de odio hacia ciertos colectivos que luego se reproducen en internet o las calles, como en la marcha neonazi contra el colectivo LGTBI.
Una periodista de La Sexta preguntó en los pasillos a Macarena Olona qué le parecía lo del uso de ‘bruja’ por su compañero de escaño. Olona en un principio la ignoró, pero luego se lo pensó y volvió hacia atrás para decirle: “¿Has formulado esta pregunta cuándo a mí me han llamado fascista y me han agredido en este Pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación: sí o no. ¿Sí o no?. No quieres contestarme. Gracias”.
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