Formamos parte de una sociedad que se rige por una democracia. No obstante, este sistema político no es por definición infalible sino que presenta grados de madurez en función de cómo se aplica para garantizar los derechos de sus ciudadanos.

De la misma manera que no sería lógico pasear en pueblos alemanes por la avenida Hitler, la calle Mengele o la plaza de la Raza Aria, dada la devastación de los derechos humanos que provocó el nazismo, tampoco debería serlo pasear por la calle Primo de Rivera, la avenida 18 de Julio o la plaza del Generalísimo en pueblos españoles. Sin embargo, este último caso es real: paseamos por ellas bajo el marco de una supuesta normalidad democrática.

A diferencia de España, en Alemania se toman en serio su pasado, los errores cometidos y la destrucción que generó el totalitarismo para con cientos de miles de sus compatriotas. Algo que no es posible hacer en Alemania, regida por una democracia parlamentaria, ya que su jefe de gobierno o canciller es elegido o elegida por el parlamento, sí es posible hacerlo en España, víctima de una democracia inmadura y con muchos aspectos cuestionables.

Un Estado democrático no debe tener entre los nombres de sus calles o vías en general a asesinos, genocidas o personas que provocaron masacres. No es de lógica ni de una democracia completa caminar por calles que glorifican la vasta labor de exterminio de conocidos franquistas o sus fechas conmemorativas.

En España es común pasear actualmente por estas calles. Imaginemos por un momento a una mujer que fuese violada en grupo pasando por la calle de quien propició su violación. Imaginemos también a un o una familiar de una víctima de la represión franquista paseando por estos lugares: la vejación multiplicada por el recuerdo. Y los familiares de represaliados o represaliadas no son una minoría en este país, pues la represión tras terminar la Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado a un gobierno democrático, fue amplia y prolongada.

En pueblos españoles como Fuensalida, en Toledo, podemos ver la calle Queipo de Llanos o la calle del Generalísimo, además de algunas otras como la calle 18 de Julio: la incongruencia de un Estado democrático manteniendo una calle que dignifica la fecha de la sublevación militar, de un golpe de Estado. Ostentar estos nombres de vías interurbanas en un país democrático debería ser considerado una anomalía y el Ayuntamiento de la localidad debería ser obligado a retirarlos de inmediato. En otros pueblos toledanos, por ejemplo, como Navalcán o El Casar de Escalona, se exhiben en la vía pública cruces por los “caídos por Dios y por la Patria”, es decir, del bando sublevado, con sus correspondientes yugo y flechas, símbolos del partido fascista Falange Española.

En España no solo no se tiene una voluntad general de reparar sino que, además, se pretende tomar como rebeldes y subversivos o subversivas, que solo buscan ruido y atención, a quienes luchan por y para la memoria democrática, haciendo que la sociedad conozca su pasado, que no se les ha explicado debidamente. Las calles españolas están plagadas de vestigios franquistas y en ciertas zonas todavía no hay voluntad de retirarlos.

Reflexionar sobre el pasado sirve, entre otras cosas, para aprender. Aprender de las actuaciones del pasado sirve para evitar que se repitan situaciones similares, pues se tiene conocimiento y constancia de cuáles fueron los resultados anteriores. Quienes luchan por recordar el pasado son, entonces, el futuro.

Recordamos hoy a Consuelo Pérez, fallecida en diciembre de 2020, un ejemplo de mujer luchadora. Esta mujer luchó por la memoria, por recuperar a su padre, asesinado por defender la libertad, y mantuvo su esperanza de que no volviera a pasar en este país algo similar. Sufrió vejaciones, el repudio y en sus últimos años aún recordaba cómo, al encender la televisión, tenía que sufrir oyendo a defensores de quienes fusilaron a su padre, de quienes vejaron a su familia y de quienes les abocaron a la pobreza. Esa apología que permitimos, esos micrófonos que ponemos a los mensajes de odio o a la defensa del genocida son altavoces cuyas ondas calan en personas ingenuas, las mismas ondas que atraviesan a personas que vivieron en sus carnes lo que implicaba luchar por la libertad y pensar diferente.

Desde hace pocos días tenemos en Vitoria-Gasteiz un centro memorial donde se puede leer el nombre de Melitón Manzanas, que fue el jefe del aparato franquista represivo de la Brigada Político Social de San Sebastián. Muchos torturadores que dejaron múltiples víctimas a su paso, como este, han muerto en sus respectivas camas, en sus hogares y con honores no retirados. Paseamos a diario por pueblos donde sus Gobiernos locales, provinciales o autonómicos no aplican la Ley de Memoria Histórica, ya que sus calles conservan la nomenclatura franquista. Los vestigios del franquismo aún se erigen en muchas ciudades, como la cruz de los caídos en el parque Ribalta de Castellón, integrándose con la arquitectura urbana para viandantes despreocupados y camuflando así su elogio del fascismo.

La Transición española, tan aclamada por las personas afines a las ideas del bando sublevado, o por quienes creyeron ingenuamente y ajenos a la realidad su aparente funcionalidad, y tan criticada por quienes sufrieron en sus familias la represión a manos de a quienes se quiso indultar, o por quienes supieron la estrategia política que había más allá de la mera formalidad, no tuvo en cuenta a toda la sociedad ni tuvo en cuenta los derechos humanos, la justicia social que es un pilar de toda democracia.

De haber sido así, quienes la idearon habrían tenido también en cuenta que no debía existir, ni existe realmente, un pacto del olvido; que las víctimas deben ser reconocidas y reparadas. Por eso, porque no se tuvieron en cuenta los valores democráticos en la transición a la democracia, la sociedad actual se ve obligada a aplicar con seriedad y dureza la Ley de Memoria Histórica para retirar vestigios, para reparar a las familias de personas represaliadas y para que se condene la exaltación del franquismo.

Hemos comprobado recientemente cómo alguien que defiende públicamente a la División Azul, la unidad de voluntarios que fue a luchar junto al ejército nazi en la II Guerra Mundial, puede hacer exaltaciones fascistas de irse de rositas, mientras que los casos de personas de izquierdas acaban en una condena.

Estamos viendo que cada mes que pasa se suceden las situaciones en que se defiende el fascismo del franquismo, a sus líderes y sus gestas. Actualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está podrido, lo hemos comprobado en su afirmación de que la Ley de Memoria Histórica vulnera la libertad ideológica porque pretende cerrar fundaciones franquistas. Quienes lo conforman pretenden que no avancemos como sociedad, no quieren que haya un progreso.

Multitud haciendo el saludo fascista y exhibiendo banderas anticonstitucionales. Homenaje a Franco y manifestación en contra de su exhumación en el Valle de los Caídos

Fotografía: Juan Carlos Hidalgo / EFE

No hay que salir de Europa para aprender de otras sociedades: en cualquier país democrático que pretende avanzar, conocer y valorar su pasado no se permite la creación ni el ejercicio de una Fundación Benito Mussolini ni de una Fundación Adolf Hitler; en cambio en España, un país democrático cuyo Poder Judicial pretende que la sociedad no avance, se permite la Fundación Francisco Franco. Es de lógica ética y moral que los genocidas no deben tener elogios en una sociedad. El olor a naftalina del Poder Judicial es tremendo.

Apoyar en una misma frase la “libertad ideológica” con el “franquismo” ya denota que los platos de la balanza de la justicia española no están en equilibrio. Nunca debe ser considerada como libertad de expresión la apología del franquismo: la libertad de expresión es una cualidad de la justicia que respeta los valores sociales y la verdad, por tanto el odio y el franquismo no son libertad de expresión. Defender a un genocida no es libertad de expresión, es moralmente una abominación. En España se ha logrado un blanqueamiento del franquismo y la permisivilidad del fascismo, que ya es considerado como libertad de ideología y es actualmente una opción ideológica más en España. Eso es lo que nos debe hacer pensar y dar miedo.

Pancarta de una manifestación que reza la frase "Al fascismo no se le discute, se lo combate"

Parte de la izquierda, con sus riñas y pretendiendo ganar el discurso, le hace a veces la cama a la extrema derecha. No podemos dar voz, debatir con ellos ni con ellas: a la extrema derecha se le confrontan y se le combate, no se le da voz ni se le expone para expandir así sus ideas. Si verdaderamente queremos detener o frenar el auge del fascismo debemos parafrasear el mensaje de la extrema derecha para argumentar sus falacias y confrontarlo, de cara tanto a quienes lo pronuncia como a quienes lo escuchan.

Cuando miramos a Europa comprobamos que en Alemania jamás se permitió como opción el reconciliarse con los nazis o perdonarles: se les encerró, se les marginó socialmente y nadie quería que se le relacionara con ellos. Aquí, en España, se permite a fascistas mantener o fundar un partido político, tener representación política, hacer manifestaciones, homenajes e incluso que estén bien vistos.

En España se permite a la extrema derecha campar a sus anchas y hacer lo que les venga en gana. El puño en alto se considera una provocación; parar taxis, en cambio, tradición. Y es que España es de los pocos lugares en el mundo en que se ignoró, se disfrazó pero no se venció al fascismo.


Más de Checkout:

1 Comentario

DEJA UNA RESPUESTA