Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, anunció hoy en Beirut que España contribuirá con 25 millones de euros para, dicho de forma políticamente correcta, ayudar al Líbano a soportar la carga de la acogida de cientos de miles de refugiados sirios.

España comprende perfectamente la situación del Líbano y es consciente de lo que los refugiados sirios representan no solo desde el punto de vista económico sino también social”, dijo Borrell, en un ejercicio de hipocresía durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo libanés, Gebrán Basil.

Uno de los problemas que se encuentran los sirios, una vez que consiguen cruzar la frontera libanesa, es que el país anfitrión no es firmante de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que limita sus obligaciones internacionales. De esta forma, los refugiados quedan, en gran parte, a merced de la voluntad de las autoridades locales y de los recursos de los que estas disponen.

Los refugiados sirios se han convertido en una mercancía para los países de acogida. En Líbano viven con el estigma del extranjero pobre, alejados de la red de bienestar social, tejida a base de hospitales y colegios, pero esta ceguera generalizada, que alcanza al Gobierno de Beirut, no ha impedido que algunos vean una oportunidad de negocio en la miseria.

Los refugiados sirios no disponen ni de la experiencia ni de los materiales necesarios para construir las chabolas, por lo que acuden sin remedio a los obreros libaneses, en un contexto de gran inflación por el auge de la demanda que han provocado los recién llegados.

Los sirios necesitan cemento para construir el suelo, tablones de madera para edificar la estructura y lonas de plástico para cubrir la tienda. «El 25 por ciento de estos materiales llegan a través de las ONG, pero el 75 por ciento restante tenemos que costearlos nosotros», detalla Omar, shawish, la máxima autoridad de Ghazi. El precio de estos materiales en el mercado local oscila entre 200 y 300 dólares.

El exorbitado coste de los insumos básicos hace que los refugiados ahorren en mano de obra. En el vecino campamento de Ghazni 9, un grupo de vecinos se afana por levantar una decena de tiendas para 80 nuevas personas. Entre ellos, un niño de año y medio que, sentado en el barro, golpea un tornillo oxidado sobre un tablón astillado. Apenas tiene fuerza para sostener el martillo.

El principal problema, sin embargo, es el agua. «Necesitamos agua, el agua es vida», reclama Omar. ONG como ACH cavan pozos y construyen la red de suministro de agua en los campamentos de refugiados, pero lo hacen con los estándares internacionales, que «no son suficientes», especialmente en verano, cuando la demanda es mayor.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Líbano acoge aproximadamente a 944.600 refugiados sirios, mientras que las autoridades libanesas estiman que son más de un millón y medio.

Las autoridades locales alegan que el Líbano no puede soportar más el peso que representan los refugiados sirios y piden su regreso a su país de origen, sin esperar a que se alcance un acuerdo político para poner fin a la guerra.

El informe de la Acnur indica que en el Líbano existen 183 refugiados por cada mil habitantes, la mayor cifra por habitantes del mundo, pero para las naciones ricas es más sencillo pagar y mirar hacia otro lado que afrontar de verdad el problema y reasentar de forma definitiva a las miles de familias que viven en la más absoluta miseria después de tener que abandonar su hogar huyendo de una larga guerra.

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