La mayoría de los partidos políticos representados en el Senado español firmaron el 10 de marzo una medida oportuna para empujar al gobierno español a cumplir con sus obligaciones de descolonización del Sáhara Occidental, instando a su gobierno a «llevar activamente a cabo la consecución de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental.» En una moción, impulsada por el senador del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxabarria, los grupos subrayaron que la resolución del conflicto del Sáhara Occidental “es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y la estabilidad, seguridad y prosperidad de la región.» Varios portavoces de los grupos confirmaron la “responsabilidad histórica” del Gobierno de España de que sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental puesto que la ONU lo considera un territorio no autónomo pendiente de descolonización, algo que el Gobierno de España ha rechazado repetidamente.

Esta iniciativa se cruza con los constantes llamamientos del Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui, para que el gobierno de España corrija su error histórico que ha provocado mucho sufrimiento al pueblo saharaui durante más de 45 años. En 1975 España estaba a punto de transferir todos los poderes del territorio al Polisario sobre la base de un acuerdo entre ambos. En cambio, España apuñaló al pueblo saharaui por la espalda al acordar con el Reino de Marruecos invadir el Sáhara Occidental, en una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, la antecesora de la Unión Africana. Sin embargo, el Frente Polisario siguió acogiendo con satisfacción cualquier iniciativa de España que hiciera avanzar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

La moción “reconoce que España tiene un vínculo histórico y afectivo en el conflicto político del Sáhara Occidental”, por lo que “pide al Gobierno español que apoye activamente y facilite en la ONU, la UE y el resto de organismos internacionales una solución política de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.»

Si bien los senadores pidieron la «reanudación de conversaciones permanentes, creíbles y constructivas bajo el liderazgo de las Naciones Unidas», subrayaron la necesidad de una «hoja de ruta eficaz, con objetivos concretos y plazos claros.» Están convencidos de que “solo el diálogo, la negociación y el acuerdo realizados de buena fe y de forma constructiva, de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, son la única vía para lograr la paz, la convivencia, la confianza, la seguridad y el progreso económico y social en la región.»

El reconocimiento de los grupos políticos en el Senado de que la responsabilidad de España radica en empoderar al pueblo saharaui con su derecho inalienable a la autodeterminación, cuestión que debe quedar patente en el discurso político español, tanto exterior como interiormente. El gobierno español sigue insistiendo en ignorar esta responsabilidad, lanzando la pelota vagamente a la portería de la ONU. La ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya le dio la espalda a estas voces diciendo simplemente al interrogatorio en el Senado español que «España no promoverá una solución concreta, sino que apoyará los esfuerzos de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable.» ¡Parece ser que España, como de costumbre, apenas habla del Sáhara Occidental para que París y Rabat no se enojen!

El pueblo saharaui está cansado de esperar un referéndum que las Naciones Unidas no parece tener la intención de organizar. La ONU aún no ha condenado la violación del alto el fuego por Marruecos en Guerguerat del pasado 13 de noviembre, que se entiende como una especie de colusión contra los derechos del pueblo saharaui. No cabe duda de que la escalada puede cobrarse muchas vidas y tendrá repercusiones en la región, pero puede ser mejor que una muerte lenta y despiadada a la espera del espejismo de una solución política.

Marruecos no pudo demostrar sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental, por lo que recurrió al trueque, con la esperanza de que eso ayudaría a retrasar su inminente salida. Su acuerdo del 10 dediciembre con la administración de Trump de EEUU para reconocer su soberanía sobre el territorio no tiene ningún efecto legal, sino sólo para superar la posición de la Unión Europea y chantajear a España en particular para que dé un paso vil como el que dio en 1975. La actual crisis diplomática marroquí-alemana se enmarca en un plan de extorsión perseguido por Marruecos para imponer su tesis. Pero Alemania insiste en defender la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y critica la decisión de Trump.

Existe una clara intención por parte de Marruecos de restringir a España, no sólo a través de las oleadas de migración ilegal o de las bandas de narcotraficantes, sino también cambiando la naturaleza de la asociación en la región con el fin de reforzar su control a ambos lados del Atlántico y del Mediterráneo. Así, el Reino de Marruecos hipoteca el Sáhara Occidental a países como Israel y los EAU a cambio de su protección.

En este contexto, el gobierno español debe abrir bien los ojos y liberarse de la pesadilla del miedo franco-marroquí que siempre le persigue. Ambos vecinos aprovecharon la vulnerabilidad de España en 1975 durante la muerte del general Franco y el período de transición para obligar al gobierno de entonces a abandonar el Sáhara Occidental, dejando atrás el incompleto proceso de descolonización del territorio. Sin embargo, las cosas han cambiado. España ya no tiene excusa para no apoyar al pueblo saharaui en su lucha por la liberación de los territorios ocupados por Marruecos.

La experiencia de Portugal en Timor Oriental es un ejemplo real para que España se adapte para salvar la situación en el Sáhara Occidental, dado que los dos temas son similares. El pueblo saharaui necesita con urgencia un fuerte grito por parte del Gobierno de España para acelerar el referéndum de autodeterminación y evitar la tragedia de la guerra que ha estallado de nuevo, que sin duda tendrá gravísimas repercusiones en toda la región del norte de África y el Sahel. España está llamada a intervenir rápidamente para proteger a los civiles saharauis sometidos a una brutal represión sin precedentes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, como es el caso de Sultana Sid Brahim Khaya y su familia. Asimismo, el gobierno español está llamado a salvar la vida del periodista saharaui en prisión, Mohamed Lamin Haddi, que corre el riesgo de muerte como consecuencia de su huelga de hambre en protesta por los malos tratos en la prisión marroquí de Teflet2.

No hace falta recordar a los pueblos, los partidos políticos y al Gobierno español, en virtud de su estrecha convivencia, que el pueblo saharaui es pacífico y conserva a sus buenos vecinos, porque lo saben muy bien. Pero el Reino de Marruecos ha sido siempre la fuente de todas las desgracias, y es la causa de la inestabilidad en la región. En este caso, sacar el palo del centro es la posición más peligrosa que puede hacer cualquiera, como es el caso del Gobierno español.

Hay muchos factores que pueden ayudar a España a desempeñar un papel fundamental en la resolución del problema del Sáhara Occidental:

1.       El amplio apoyo internacional a la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, acompañado de fuertes críticas a la decisión de Trump en sus últimos días en el cargo.

2.       La fuerza de la ley, ya que el Tribunal Europeo de Justicia ha renovado repetidamente sus sentencias conforme a la Carta y las resoluciones de la ONU y las opiniones consultivas tanto de la Corte Internacional de Justicia en 1975 como del Subsecretario General de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell , en 2002. El TJCE concluyó que el Reino de Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios separados.

3.       Que el pueblo del Sáhara Occidental ha podido hacer frente a todos los intentos de eludir sus derechos legítimos. Recientemente, se celebró el 45aniversario de la proclamación de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) a la luz de grandes logros, a los que se suma la realidad irreversible del Estado saharaui, que goza de una posición de prestigio dentro de la Unión Africana.

No hay duda de que un Estado independiente al otro lado del Atlántico mejorará los intereses de España, ya que será el principal beneficiario del posconflicto del Sáhara Occidental.La mayoría de los retos a los que se enfrenta España, especialmente los relacionados con la seguridad nacional, la migración y la pesca, desaparecerán con un Estado independiente en ese territorio. Ya es hora de que el gobierno de España anuncie su apoyo a la lucha legítima del pueblo del Sáhara Occidental por la autodeterminación y la independencia. Entonces España habría allanado el camino para la descolonización completa de su antigua colonia.

Por Deich Mohamed Saleh – Tlaxcala – Traducido por Miguel Álvarez Sánchez

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