Esta semana el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Madrid al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, por tratar de escaquearse de parte del pago de la reforma de su millonario chalé.

Posteriormente «Espinosa de los Monteros había intentado explicar en un hilo de Twitter -antes de que el Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya era la segunda condenatoria- que él no intentó defraudar nada (dice que es ‘un procedimiento de discrepancias en precios contradictorios, algo muy común en las obras (¿?), que la culpa la tuvo «un contratista que fue muy poco serio’ y que la casa, lejos de ser una obrilla, les llevó dos años y quedó ‘del carajo de la vela’ porque la diseñó Monasterio, aunque sobre ella también recayó un expediente de clausura por no tener la cédula de habitabilidad. Una joya», comenzaba la periodista Ana Pardo de Vera.

La periodista acto seguido resume: «Espinosa de los Monteros es un delincuente a un escaño pegado, pues ya nos ha dejado claro que no piensa largarse ni con aceite hirviendo que le echen, faltaría más».

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«La cuestión es si, al contrario que el anterior – en referencia al caso de Alberto Rodríguez-, un político que ha sido condenado por intentar escaquearse del pago de una parte de una obra, o de una entrada de cine, lo mismo me da, dispone de la legitimidad suficiente para sentarte en algo tan sagrado como un escaño en la sede de la soberanía nacional. No ha sido imputado ni procesado, sino condenado en firme», articula.

«No tengo ninguna duda de que Espinosa de los Monteros se mantendrá aferrado a su escaño y siendo el portavoz de Vox, porque es precisamente la ultraderecha la que ha venido a dinamitar las instituciones y hacer exactamente lo contrario de lo que se espera de ella, mucho más cuando hablamos de ética y responsabilidad política», sentencia la periodista.

Cabe recordar que para contratar las obras que hicieron posible esta transformación radical de la vivienda, Espinosa utilizó una sociedad limitada de la cual era el único accionista y administrador con el nombre Pedro Heredia 6 SL. Es esta sociedad la que fue condenada por primera vez por impago en el Juzgado de primera instancia número 10 de Madrid el año 2014.

También se reseña que en esta obra la arquitecta fue su esposa Rocío Monasterio, pero el año 2019 el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) de poco clausura el edificio, porque La casa no tenía licencia de primera ocupación y funcionamiento. Es decir, la construcción incumplió los permisos de obra que solicitaron. Finalmente, sin embargo, la pareja pudo normalizar la situación.

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