El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, fue condenado en 2010 por hacer una obra ilegal en su casa a pagar una multa de 17.784 euros y a demoler lo construido. Espinosa no solo no ejecutó la demolición, sino que vendió la casa sin informar de la sentencia al comprador, que pagó 1,1 millones de euros, según denuncia El País.

Se trata de un proyecto de Rocío Monasterio que llevó a cabo sin licencia y burlando una orden de paralización. El comprador era David Naranjo, uno de los productores de Ocho apellidos vascos, que siete años después descubrió lo ocurrido y ahora debe afrontar los gastos derivados del engaño.

Obras ilegales y 50 000 euros de multa

La pareja de ultraderecha compró en 2005 la vivienda en el número 11 de la calle Aralar. Espinosa presentó una solicitud de actuación comunicada por obras de «pocería y saneamiento». Pero en noviembre unos inspectores se presentaron en la casa y detectaron graves irregularidades.

Las obras eran de mucha más envergadura de lo comunicado al Ayuntamiento. Los funcionarios descubrieron que no existía la licencia. En diciembre de ese año el departamento de disciplina urbanística ordenó la paralización de las obras. Le dieron a Espinosa dos meses para que presentara una licencia que amparase unas obras de esa dimensión, pero hizo caso omiso.

Cuatro meses después, la inspección volvió y descubrió que los obreros continuaban sus labores en el sótano. Regresaron 15 días después para precintar la obra. Los inspectores avisaron de que iban a proponer la demolición de lo construido y que abrirían un expediente sancionador por incumplimiento de la orden de paralización. El Ayuntamiento dio un mes de plazo para derribar esas «obras abusivas». La pareja trató de legalizar una obra que en realidad ya estaba ejecutada ilegalmente.

Finalmente, la administración dijo que había que demoler sí o sí. Empezó la ofensiva final de sanciones del Ayuntamiento, y fue justo entonces cuando Espinosa decidió vender la casa. En febrero de 2008 se abrieron los trámites para una «ejecución sustitutoria», es decir, que como el dueño no procedía a la demolición lo haría una cuadrilla de obreros acompañada de la policía municipal. En julio se impuso a Espinosa una multa de 50.000 euros, que tras sus recursos ante los tribunales luego se quedaría en casi 18.000 euros. Pero dos meses después, en septiembre, le vendió la casa a David Naranjo.

La sentencia firme del pasado mes de julio obliga a Naranjo a demoler el sótano, toda una nueva planta con cocina en lo que era simplemente una carbonera, y volver a dejarlo como estaba. En julio de este año el Ayuntamiento le comunicó que el sótano deberá reponerse «a su estado original». Naranjo deberá pagar por unas ilegalidades de las que no tenía ni idea.

Diez casos de irregularidades

Este es el décimo caso de irregularidades urbanísticas que involucra a Espinosa de los Monteros y a su esposa, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, que en las fechas de esta operación dirigía un estudio de arquitectura a su nombre y firmaba planos cuando en realidad todavía no había acabado la carrera

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