La filtración de los planes presupuestarios de la Unión Europea (UE) para los próximos años ha encendido las alarmas en el sector sanitario. La posibilidad de que los fondos dedicados a la sanidad se integren en un fondo de competitividad más amplio ha desatado el temor a recortes, desvíos de recursos y la dilución de políticas vitales para las y los ciudadanos europeos. ¿Cómo es posible que, después de lo vivido con la pandemia, volvamos a las migajas?
Este giro, aparentemente en favor de la “eficiencia económica”, representa un peligroso paso atrás. Y lo hace en un momento en el que los sistemas sanitarios europeos aún intentan recuperarse del impacto devastador de la COVID-19. No se puede maquillar con tecnicismos la realidad: este tipo de decisiones son políticas de austeridad encubiertas. La sanidad pública vuelve a ser el chivo expiatorio de los equilibrios presupuestarios de Bruselas.
El borrador filtrado, según ‘Euronews’, sugiere que el actual fondo EU4Health, dotado de 5.300 millones de euros, podría verse fusionado con otros programas bajo un nuevo “Fondo Europeo de Competitividad”. Este movimiento es especialmente grave porque, en la práctica, abre la puerta a que los fondos destinados a la salud sean utilizados para otros fines. La competitividad económica no debería tener prioridad sobre la vida y el bienestar de las personas.
Este no es un ataque solo a los fondos. Es un ataque a las y los profesionales que sostienen el sistema sanitario europeo con un esfuerzo titánico y precariedad. Las enfermeras y enfermeros, médicas y médicos, y el personal auxiliar ya están al límite. La reducción de recursos, bajo el pretexto de “competitividad”, es otro golpe que no se pueden permitir. ¿Competitividad para quién? ¿Para las farmacéuticas y los laboratorios privados? Las y los ciudadanos no somos mercancía. La salud no puede ser un área de negocio.
El programa EU4Health surgió en respuesta a la crisis sanitaria sin precedentes que trajo consigo la pandemia. Por primera vez, la UE asignó una cantidad importante de dinero a un fondo sanitario. Sin embargo, el pasado parece perseguirnos: antes de la COVID-19, el programa de salud de la UE contaba con solo 450 millones de euros para el periodo 2014-2020. Un presupuesto ridículo si se compara con el gasto militar o en infraestructuras, pero suficiente para mostrar cuál es la verdadera prioridad de las élites europeas.
El argumento de que la sanidad es una competencia nacional es la excusa perfecta para desviar la atención. Mientras los gobiernos locales luchan por mantener sus servicios básicos, Bruselas impone recortes disfrazados de “reestructuración”. La eurodiputada Tilly Metz ya ha advertido que una fusión de la financiación sanitaria en un fondo de competitividad aumenta el riesgo de “desviar recursos de la sanidad a otros fines”. Desviar recursos de la sanidad es condenar a miles de personas a una atención deficiente o inexistente.
Este ataque no es solo económico. Es un ataque a las políticas públicas de prevención, sensibilización y salud pública. Las políticas que evitan que las personas acaben en los hospitales, que educan sobre hábitos saludables y que tratan de hacer frente a las desigualdades en salud están en peligro de desaparecer. La sanidad pública no es solo tratar enfermedades, es prevenirlas. Pero en la lógica neoliberal, prevenir no es rentable.
Un informe de 2016 elaborado por el excomisario y primer ministro italiano Mario Monti propuso varias formas para que la UE generara sus propios recursos, incluyendo un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre las emisiones de CO2. Ninguna de estas propuestas ha visto la luz. Los que más tienen siguen sin pagar lo que les corresponde, mientras la ciudadanía paga el precio con su salud.
Este es el problema de fondo: la falta de voluntad política para crear mecanismos justos de financiación que no recaigan siempre en los más vulnerables. Las y los jueces de este modelo económico ya han dictado su sentencia: la sanidad pública debe sobrevivir con lo poco que se le dé, mientras que los grandes capitales continúan su acumulación sin freno.
La posibilidad de que EU4Health sea un “esfuerzo puntual”, como sugieren algunas voces en la Comisión Europea, es un insulto a la memoria de las víctimas de la pandemia y una burla para las y los profesionales que siguen luchando por mantener los servicios a flote. Europa no puede volver a la austeridad sanitaria, no después de haber vivido la mayor crisis sanitaria de nuestra generación.
Hablar de fusión de fondos, de reestructuración o de competitividad es pura retórica vacía cuando lo que realmente está en juego es el derecho a la salud. El nuevo modelo que se plantea en Bruselas no es una mejora. Es una trampa. Una trampa que busca esconder los recortes bajo el disfraz de la eficiencia. Y, mientras tanto, las y los ciudadanos de a pie sufrirán las consecuencias.
La pregunta no es si se pueden fusionar los fondos, sino si estamos dispuestas y dispuestos a aceptar que la sanidad sea moneda de cambio en las negociaciones económicas. Porque, una vez más, en Europa, la vida de las personas no puede ser una cuestión de rentabilidad.
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