El movimiento ciudadano acampa frente al Ayuntamiento como señal de resistencia frente a la especulación y la falta de soluciones.
¿Qué tipo de sociedad permite que miles de personas vivan con el miedo constante a perder su hogar mientras el precio de la vivienda sigue subiendo sin control? Esta pregunta resuena en las calles de València, donde el Movimiento por la Vivienda ha decidido tomar la plaza frente al Ayuntamiento para visibilizar un problema que afecta a la mayoría de las y los ciudadanos. A través de su acción, la acampada se convierte en una poderosa denuncia contra la especulación inmobiliaria y el silencio cómplice de las administraciones públicas. “Si no tenemos casa, ocuparemos la plaza” es el grito que retumba y pone en evidencia la inacción de los gobiernos locales y nacionales, atrapados en una red de intereses económicos que favorecen a los grandes propietarios y fondos de inversión.
En ciudades como València, donde la gentrificación avanza y los alquileres se disparan, miles de personas no pueden permitirse el lujo de una vivienda digna. El derecho a un hogar ha dejado de ser una realidad para transformarse en un negocio del que solo se benefician los rentistas y las multinacionales que invierten en el mercado inmobiliario. Mientras tanto, la ciudadanía se organiza para resistir, poniendo de manifiesto la creciente desigualdad que la política neoliberal ha exacerbado. Esta protesta no es solo contra el aumento del precio del alquiler; es contra todo un sistema que prioriza el beneficio de unos pocos sobre las necesidades básicas de las personas.
LA POLÍTICA NEOLIBERAL Y LA REPRESIÓN SILENCIOSA
El movimiento por la vivienda no es el primero que denuncia esta situación, pero lo que lo diferencia de otros es la dureza de sus exigencias y la determinación de las y los manifestantes. La demanda es clara: o se garantiza el acceso a la vivienda, o las calles seguirán llenándose de personas dispuestas a luchar por sus derechos. No solo en València, sino en muchas ciudades del Estado español, las personas están hartas de ser desahuciadas sin alternativa habitacional, de que el gobierno priorice a los inversores y de que se sigan construyendo apartamentos turísticos en lugar de vivienda pública.
El pasado 19 de octubre, la protesta “València se ahoga” advertía que la turistificación y la especulación están destruyendo no solo el tejido social de la ciudad, sino también su identidad. Este es el trasfondo de la actual lucha por la vivienda en València: una defensa de los derechos básicos frente a un modelo económico que considera las casas como mercancías y no como bienes esenciales para la vida. La prohibición de los apartamentos turísticos, la creación de un parque público de viviendas sin fecha de caducidad y la regulación efectiva de los alquileres son algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, pero las instituciones continúan sin ofrecer respuestas claras.
Este es un llamado urgente para las y los políticos: el tiempo de los discursos vacíos ha terminado, y la paciencia de la ciudadanía también. La acampada frente al Ayuntamiento es solo el comienzo, y las manifestaciones como la de Madrid el 13 de octubre, donde más de 22.000 personas salieron a las calles, demuestran que el problema es nacional. Los movimientos sociales no van a esperar más.
LA SOMBRA DEL 15M
La situación actual de la lucha por la vivienda en València recuerda inevitablemente al 15M. Aquel movimiento surgido en 2011 fue una explosión de indignación popular ante la precariedad económica y la falta de oportunidades para las clases trabajadoras y jóvenes. Hoy, más de una década después, la crisis habitacional ha reemplazado el centro de la protesta, pero el espíritu es el mismo: una ciudadanía organizada que toma las calles al verse abandonada por las instituciones.
Al igual que en el 15M, el movimiento actual busca visibilizar un problema sistémico, esta vez enfocado en la vivienda como un derecho fundamental, no como una mercancía más en manos del mercado. Si en 2011 la juventud exigía un futuro digno frente a la precarización del trabajo, ahora las demandas giran en torno a un espacio para vivir, ante la imposibilidad de acceder a alquileres asequibles y frente al constante aumento de los desahucios. Las acampadas frente al Ayuntamiento evocan directamente las plazas ocupadas durante el 15M, simbolizando la misma resistencia pacífica pero contundente ante un sistema que ignora a las mayorías.
Sin embargo, mientras el 15M fue un estallido de descontento que se expandió por toda España, las actuales protestas por la vivienda son el resultado de años de políticas neoliberales que han empeorado las condiciones de vida. Lo que empezó como un grito por “democracia real” en el 15M, hoy se traduce en una lucha por “vivienda real”. En ambos casos, la desconexión entre la clase política y la realidad de la gente común es el motor del descontento.
Mientras las grandes ciudades continúan transformándose en parques temáticos para turistas y las y los jóvenes son expulsados de los barrios donde crecieron, surge una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo se permitirá que el derecho a la vivienda siga siendo una promesa incumplida?