Castor era un proyecto que consistía en la construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo.
Este proyecto comenzó sus operaciones en mayo de 2012, dando inicio el 10 de abril de 2012 la primera inyección de gas. El proyecto era propiedad de la empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS, propiedad de Florentino Pérez).
El proyecto fue paralizado en 2014, dado que se estimó que el proyecto estaba provocando sismos de pequeña magnitud que habían provocado alarma social, en las provincias de Castellón y Tarragona.
Finalmente el proyecto cesó actividades en septiembre de 2013 y fue liquidado a finales de 2014, cuando el gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor y se indemnizó a la empresa con 1350 millones de euros. El Gobierno de Rajoy se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años, aunque en realidad, quienes iban a pagar eran los consumidores a través de un suplemento en la factura del gas.
La OCU calculó en 4730 millones el monto que los consumidores habrán pagado por el proyecto fracasado.
Una sentencia del Tribunal Supremo obliga ahora al Estado a pagar a tres bancos, Caixabank, Bankia y Banco Santander, los 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS, y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor.
En su sentencia el Supremo estima parcialmente el recurso de los tres bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que le instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado. Esos 1.350 millones se repartirán de la siguiente forma: el 50,9%, para el Banco Santander; el 34%, para CaixaBank; y el 15%, para Bankia.
