La Abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los nietos del dictador Francisco Franco en la que reclama otros 564 bienes muebles que se encuentran dentro del Pazo de Meirás, después de que los descendientes del dictador solicitasen al juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
Entre ellos hay bienes y documentos que los servicios jurídicos del Estado consideran que podrían agruparse en tres grandes categorías: los que se consideran como Patrimonio Nacional, los que pertenecen al Patrimonio Documental y los de dominio público vinculados a la escritora Emilia Pardo Bazán y la actividad desarrollada por Francisco Franco durante la dictadura.
Tal y como recoge La Voz de Galicia, entre los 564 bienes destacan numerosos elementos documentales que se guardan en dependencias del pazo como la torre Quimera, el despacho de Franco, la biblioteca, la capilla o los salones de la planta baja.
Entre los bienes considerados propiedad de Patrimonio Nacional se encuentra una mesa vitrina de la segunda mitad del siglo XIX que, según la demanda, formó parte de la Sala de Música de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid.
Entre la documentación que se reclama se encuentra el programa de actos en honor de Eva Duarte de Perón durante su viaje a España en 1947, así como informes y anteproyectos de leyes, como por ejemplo el del plan de albergues y paradores de turismo de 1955 o el de la organización parroquial de A Coruña en 1961.
Fuentes de la Abogacía del Estado han aclarado que esos bienes y documentos no fueron expresamente incluidos en la demanda previa de 2019 por la negativa de los Franco a acceder al inmueble, incluso a los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, lo que impedía conocer los bienes ubicados en el interior.
La ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y el acceso al Pazo ha permitido conocer los bienes, inventariarlos y justificar técnicamente su pertenencia al patrimonio público, han señalado las mismas fuentes.
La demanda, presentada en los juzgados de Madrid porque, al tener por objeto la reclamación de bienes muebles, la ley atribuye la competencia a los juzgados del domicilio de los demandados, también incluye la petición de medidas cautelares para que los bienes permanezcan dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad.
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