El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló este jueves por unanimidad que impedir que una presa de ETA asista a las exequias de su padre no vulnera el artículo 8 (Derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De este modo, la Corte europea da la razón a Francia por haber negado en 2014 a la presa de ETA Laurence Guimon la asistencia a las honras fúnebres de su padre.

Guimon estaba encarcelada en el centro penitenciario de Rennes cumpliendo tres condenas por pertenencia a banda armada, ocultación de bienes obtenidos por extorsión en banda organizada, y tenencia y transporte de armas y material explosivo para un acto terrorista.

Su padre fallecido estaba en el tanatorio de Bayona, a unos 650 kilómetros de la prisión de Rennes.

El abogado de Guimon solicitó el 22 de enero de 2014, el mismo día del fallecimiento, la salida bajo escolta de su defendida. La petición fue rechazada al día siguiente por el Tribunal de Gran Instancia de París, que apreció «riesgos de evasión».

El Tribunal de Apelación rechazó el posterior recurso porque, aunque «la autorización solicitada parece perfectamente justificada desde el punto de vista humano, el riesgo de problemas de orden público implicaba una vigilancia particular».

A ello se le añadía la distancia geográfica y que «la organización de una escolta era materialmente imposible en un espacio de tiempo tan corto».

La Sala Quinta del Tribunal de Estrasburgo concluye en su fallo que Francia «ponderó los intereses en juego», el derecho de la demandante al respeto de su vida familiar y «la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de delitos penales».

Así, las autoridades francesas «no han sobrepasado el margen de apreciación del que disfruta en esta materia», por lo que la negativa al desplazamiento con escolta «no fue desproporcionada y buscaba fines legítimos».

Recuerda el fallo que la privación de libertad implica en sí «una restricción a la vida privada y familiar», y que las autorizaciones de salida no están garantizadas en el Convenio.

Añade que las autoridades judiciales «examinaron con diligencia la demanda» y consideraron que el fallecimiento del padre «constituía un motivo excepcional para justificar una autorización de salida con escolta».

Pero la sentencia avala el rechazo del permiso debido al perfil de la demandante, que cumplía varias penas de prisión por actos de terrorismo y continuó reivindicando su pertenencia a ETA, así como por el plazo insuficiente de tiempo para organizar una escolta.

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