Varios eurodiputados han hecho llegar este jueves a una carta a Arancha González Laya, ministra de Exteriores, en la que le piden que explique la posición de su ministerio en relación a Martín Villa y el papel del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, cuando, siendo aún ministro de Exteriores español, defendió al exministro franquista.
Borrell elogió a Martín Villa en cartas enviadas en 2019 al embajador español en Argentina y al embajador argentino en España. Dichas misivas fueron presentadas por Martín Villa ante la jueza de la querella argentina que lo interrogó el pasado mes de septiembre en el marco de la investigación de crímenes del franquismo.
Martín Villa ante la justicia
Seis años después de ser imputado por la justicia argentina, el exministro de Franco Rodolfo Martín Villa prestó declaración indagatoria el 3 de septiembre ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, ante quien ha defendido su papel en la Transición española frente a los cargos de delitos de lesa humanidad que se le atribuyen en relación con doce muertes en actos violentos durante los años 1976 y 1978.
«He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio», declaró ante la juez. Martín Villa explicó ante Servini que antes de las elecciones de 1977 y «por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo».
«Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978», indicó. «De aceptarse la versión de la querella», añadía, «si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar».
Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.
PNV, EH Bildu, Junts per Cat, ERC, Anticapitalistas y BNG quieren explicaciones
Eurodiputados de PNV, EH Bildu, Junts per Cat, ERC, Anticapitalistas y BNG piden explicaciones ahora a la ministra de Exteriores. Le piden que confirme que Exteriores envió a los embajadores cartas en apoyo a Martín Villa a lo largo de 2019 y le preguntan si «es una práctica habitual que el ministro o ministra de Asuntos Exteriores remita cartas a los embajadores o embajadoras españolas y de los países afectados, en relación a casos judiciales en curso contra un ciudadano español».
También solicitan saber si desde que la ministra ocupa su cargo en Exteriores su ministerio «ha establecido comunicación con la delegación diplomática española en Argentina o con la argentina en España en relación al caso contra Martín Villa o con la querella argentina».
En la carta enviada este jueves a la ministra de Exteriores los eurodiputados Miguel Urbán (Anticapitalistas), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Pernando Barrena (EH Bildu), Toni Comín (Junt per Cat), Ana Miranda (BNG), Clara Ponsatí (JxCat), Carles Puigdemont (JxCat) y Diana Riba (ERC) señalan que «los diferentes países europeos que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español han podido juzgar a sus respectivas dictaduras y a sus mandatarios, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países, a excepción del Estado español».
Subrayan que, «tal y como estipulan las reglas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los que se cometieron, sistemáticamente, durante toda la dictadura franquista». Ponen como ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por nuestro país antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 25.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
