Unos 30 eurodiputados y eurodiputadas procedentes de nueve países diferentes y de tres grupos parlamentarios —Greens/EFA, GUE/NGL y ALDE— han enviado una carta a la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que preguntan cuáles son las medidas que piensa llevar a cabo ante el «espionaje y sabotaje a oponentes políticos en España».

La carta recalca que «se ha producido un escándalo en España con la posible participación, directa o indirecta, de los partidos políticos en el poder, así como parte de los medios de comunicación nacionales. Estos hechos representan un serio ataque al estado de derecho y la libre participación política».

En la carta explican que el escándalo consiste en «operaciones de espionaje y sabotaje contra opositores políticos, supuestamente orquestados por el Ministerio del Interior español durante la administración del expresidente del Partido Popular Mariano Rajoy, que y fue llevado a cabo por altos funcionarios policiales junto con parte de los medios nacionales».

El texto explica que «el escándalo consiste en operaciones de espionaje y sabotaje contra opositores políticos, supuestamente orquestados por el Ministerio del Interior español durante la administración del expresidente del Partido Popular Mariano Rajoy, que y fue llevado a cabo por altos funcionarios policiales junto con parte de los medios nacionales».

Además, también cuenta que «la fabricación de pruebas condenatorias para crear una campaña de intoxicación, el robo de un teléfono móvil de un asistente parlamentario de Pablo Iglesias días después de dejar su asiento en Bruselas, son todos parte de los hechos conocidos como las cloacas del Estado español». El texto concluye con la pregunta de qué medidas piensa tomar la Comisión «como garante del respeto de los valores y la legislación de la Unión Europea».

Entre los firmantes de la carta están Miguel Urbán (GUE/NGL), Tania González (GUE/NGL), Marina Albiol (GUE/NGL); Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Miranda (Greens/EFA), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA), António Marinho e Pinto (ALDE), Izaskun Bilbao (ALDE), Ernest Urtasun (Greens/EFA), Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA), y Jordi Solé (Greens/EFA).

Ana Miranda, eurodiputada del BNG, una de las firmantes

Objetivo: Independentistas catalanes y Podemos

El Congreso de los Diputados abrió una comisión para investigar el uso de la llamada «polícia política» creada por el PP que confirmó «la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos».

El texto derivado de las investigaciones confirmó que los mandos policiales se convirtieron en una factoría de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus líderes.

Un ejemplo ocurrió en 2012 cuando un supuesto informe sin firmar pero con sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía apareció en el diario El Mundo con el siguiente titular: «La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. En el artículo se hablaba de que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau se desviaban a cuentas personales de sus dirigentes. El jefe de la UDEF negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.

Este tipo de informes policiales fabricados se usó también contra Podemos cuando el partido morado se convirtió en el años 2015 en un serio candidato a llegar al Gobierno. Un ejemplo claro fue un texto que se difundió por aquel entonces sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido a distintos medios de comunicación. El documento llegó unos días antes de la constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, también a la redacción de El Mundo. La diferencia con el caso anterior es que el director de entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Quienes no tuvieron tantos escrúpulos fueron Ok Diario y El Confidencial, que no dudaron en que viesen la luz sin confirmar fuentes.

La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos que luego publicaron algunos medios, entre ellos el omnipresente OK Diario.

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