«Globalmente insatisfactorio«, así ha definido el nivel de cumplimiento de las medidas contra la corrupción recomendadas por Europa en el informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). De las once medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción, cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras siete no lo han sido en su totalidad.
El informe aborda la prevención de la corrupción en tres ámbitos:
- El Congreso de los Diputados, donde dos medidas han sido parcialmente implementadas y otras dos se han obviado.
- El poder judicial, con el mismo balance que el Parlamento.
- La Fiscalía, con tres iniciativas parcialmente instauradas.
El GRECO indica que «ninguno de los intentos ha tenido éxito hasta la fecha» por la «falta de un apoyo parlamentario unívoco«. Para solucionar esto, recomienda que cada cámara parlamentaria «desarrolle y adopte un código de conducta«, incluyendo «la prevención de conflictos de intereses» y los obsequios.
El Congreso de los Diputados
Europa pide que se regule la relación entre diputados y lobbies, un aspecto que España pasa totalmente por alto. «La propuesta está respaldada por un amplio consenso de los partidos en cuanto a la necesidad de regular el asunto, pero las diferentes facciones políticas difieren en cuanto a la amplitud y profundidad«, explica el GRECO.
Reconoce los esfuerzos del Parlamento por incrementar la transparencia en su web, incluida la información relativa a los viajes patrocinados, pero necesario tomar más medidas para actualizar las declaraciones de bienes. El GRECO insiste en que las declaraciones de bienes de los miembros del Parlamento incluyeran información de sus cónyuges y del resto de familiares que dependan económicamente de ellos por «los riesgos potenciales» de que los diputados cedan a sus allegados sus intereses económicos.
El poder judicial
Europa valora positivamente que España esté estudiando que los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial sean escogidos por los jueces, no por los partidos, como sucede en la actualidad. «Las autoridades políticas no deben participar en el proceso de selección» porque así se «aumenta la confianza del público en el sistema judicial«. Sin embargo, España no ha cambiado la legislación de este órgano judicial para prevenir las influencias externas y «remediar las deficiencias identificadas«.
Europa ha señalado «la falta de un desarrollo legislativo para establecer criterios objetivos y requisitos de evaluación» a fin de garantizar que «estos nombramientos no arrojan dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso» en relación al criterio de selección de los altos cargos, como los jueces del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional.
También pide un código de conducta para los jueces, que regule aspectos como los conflictos de intereses. Aunque indica que la medida está «parcialmente adoptada«.
El Greco considera positivo que el Gobierno incluya en su plan de reforma del sistema judicial algunas recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa, como el cambio en la designación y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Fiscalía
El GRECO reconoce los avances en la elección y en el tiempo de permanencia en el cargo, pero recuerda es imperativo mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia y en la disposición de una mayor autonomía financiera.
Actualmente, el Fiscal General es designado por el Gobierno y el mandato dura cuatro años. «El modelo actual no difiere mucho de otros vigentes en varios Estados miembros de GRECO«, indica el propio organismo.
Las autoridades españolas sostienen a Europa que «no es posible que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso particular al Fiscal General«. «El Gobierno puede simplemente solicitar el inicio de un procedimiento, pero nunca intervenir en una investigación en curso«. Estas declaraciones se producen después de la reprobación de José Manuel Maza en el Congreso, la salida polémica el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix y los audios de Ignacio González y Eduardo Zaplana maniobrando para colocar fiscales afines, por lo que todo lo dicho a Europa se viene abajo.
Para finalizar, El GRECO ha pedido la elaboración de un código de conducta para los fiscales y que se refuerce el sistema disciplinario, un aspecto que España indica que estará presente en un nuevo estatuto de la Fiscalía.
