lunes, agosto 8, 2022
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El exalcalde de Arroyomolinos evitó que subordinados de la colaboradora de Ayuso imputada destruyeran documentación

Carlos Ruipérez envió a dos personas de su confianza a salvar toda la documentación que pudiesen para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular madrileño y alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha sido imputada por varios presuntos delitos de corrupción relacionados con el «caso Púnica». Concretamente por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y fraude por cobrar presuntamente ingresos mensuales sin justificar de una empresa contratada por la Administración.

Este lunes, el exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, que fue quien interpuso la denuncia contra Millán, ha relatado en sede judicial cómo evitó que subordinados de Ana Millán en la Concejalía de Juventud destruyeran documentación del departamento en 2015, mientras se producía el cambio de gobierno municipal, tal y como recoge elDiario.es.

En cuanto Ruipérez se enteró de lo que estaba ocurriendo, envió a dos personas de su confianza, que salvaron todos los papeles que pudieron y, tras analizar los mismos, se presentó una denuncia diez meses después ante la Fiscalía Anticorrupción por considerar que la gestión del anterior Gobierno del PP pudiera estar relacionada con el caso Púnica.

El exalcalde de Arroyomolinos evitó que subordinados de la colaboradora de Ayuso imputada destruyeran documentación
El exalcalde de Arroyomolinos evitó que subordinados de la colaboradora de Ayuso imputada destruyeran documentación

Los dos colaboradores del exalcalde de Arroyomolinos introdujeron la documentación en dos o tres bolsas de basura y una funcionaria las guardó bajo llave. Según Ruipérez, entre la documentación había un correo electrónico en el que Millán reclama unos pagos atrasados a un empresario, origen de la presente investigación.

En 2020, el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado local los hechos susceptibles de ser delito por no estar vinculados con la macrocausa de corrupción ligada al PP madrileño que se investiga en su juzgado. La UCO registró el antiguo despacho de Ana Millán en enero de 2022.

El magistrado José Luis García Marfil imputó a la alcaldesa después de que no quisiera declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por los delitos citados anteriormente. Ahora se ha hecho cargo del juzgado su titular, Lidia Prada Zurdo. Recientemente, Millán ha recurrido la decisión de la jueza de dar traslado a la Guardia Civil de lo que declaró en el juzgado.

Entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Millán, mientras era concejala de Juventud, recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, quien también figura imputado en la causa.

Entre 2006 y 2011, cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias de contratos de la Concejalía de Juventud por valor de más de 660.915,21 euros. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló.

Ana Millán alegó que esos ingresos correspondían al pago de un alquiler por parte de la empresa de Roselló de un ático propiedad de la alcaldesa en el centro de la localidad. Millán afirmó que recibió de Neverland casi el doble de su precio de mercado porque el contrato incluía un derecho a compra que finalmente el empresario no ejerció.

Además de Ruipérez, este lunes estaba citado a declarar el marido de Ana Millán en relación con unos ingresos de 52.950 euros en metálico que la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso hizo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017, una cantidad que según Millán, correspondía al dinero que él, que se dedica a la hostelería y al «mundo de la noche», le iba entregando para los gastos comunes.

Más Madrid, personado como acusación popular, ha solicitado que el marido de Ana Millán pase de testigo a imputado. Según las fuentes consultadas por El Plural, el partido de izquierdas ha pedido este cambio porque aseguran que «no dijo la verdad en las declaraciones anteriores».

El resto de las declaraciones previstas se han suspendido por falta de acuse de recibo de las citaciones.

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