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La oficina gubernamental colombiana Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas excluyó a 34.641 personas de su registro por presuntas irregularidades en la información que suministraron.

De esas irregularidades, el principal fraude detectado es el de falsas declaraciones de personas que dicen ser víctimas del conflicto armado y que en realidad no lo son, además de las estafas masivas por parte de terceros contra ese colectivo, informó este miércoles en rueda de prensa el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez.

Aun así, la Unidad para las Víctimas estima que la cifra de «colados» podría situarse en cerca de 200.000 personas, si bien la depuración inicial empezó con el análisis de 15.000 casos de los que salieron los 6.177 detectados hasta la fecha, de los cuales hacen parte las 34.641 personas excluidas.

El ente también identificó organizaciones fachada que contactaban con las víctimas con el fin de prometer «subsidios, indemnizaciones, vivienda y todo tipo de beneficios», lo que constituye el delito de estafa.

Por ello, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigaciones capturó a 56 personas relacionadas con los hechos en el departamento de Antioquia (noroeste) y Bogotá, de las cuales 16 ya han sido condenadas por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales agravados y fraude procesal.

Además, la Unidad para las Víctimas registró un total de 6.796 quejas por irregularidades, un 76 % de las cuales es por delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctimas.

El 24 % restante corresponde a delitos de falsificación de documentos y acceso abusivo a las bases de datos de la entidad.

Los departamentos en los que más quejas se registraron fueron Cundinamarca (centro), con 1.320; Antioquia (1.315), Valle del Cauca (505), Huila (417), Tolima (364) y Nariño (fronterizo con Ecuador), en donde se reportaron 323.

Le siguen el departamento del Magdalena (310), Bolívar (290), Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 237; Risaralda (196); Santander (188), Cauca (163) y Cesar (131).

Rodríguez también alertó de posibles fraudes electorales de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre al menos en cinco municipios, en los que los candidatos habrían prometido el acceso a las ayudas de la Unidad de Víctimas a cambio de obtener votos.

Se trata de los municipios de Nechi y Apartadó en Antioquia, Medina en Cundinamarca, Tumaco en Nariño y Molino en el departamento de La Guajira (fronterizo con Venezuela).

Con el fin de acabar con las irregularidades denunciadas hoy, la Unidad para las Víctimas lanzó la campaña «Que no te echen cuentos», que además busca prevenir frente a quienes pueden aprovecharse económicamente de la situación de los afectados por el conflicto.

Rodríguez aseguró que los responsables de estos delitos son bandas dedicadas a la delincuencia común y que no tienen constancia de que grupos armados estén detrás de las irregularidades.

Asimismo, señaló que las investigaciones sobre estos casos también se están produciendo en el interior de la Unidad.

«No vamos a tener ninguna reserva. El funcionario que encontremos que está accediendo a la información o que está vendiendo información de alguna situación particular, todo el peso de la ley caerá sobre él», afirmó Rodríguez.

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