Antoni Vives, exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, ha aceptado este miércoles dos años de cárcel y dos de inhabilitación tras haber simulado contratar en 2012 a un exalcalde de Unió en la entidad Barcelona Regional, una agencia pública de planificación urbanística, tal y como recoge La Vanguardia.

Entre los acusados también se encontraban el exdirector general de Barcelona Regional, Guillermo Müller, y el exalcalde de Cervelló, Jesús Arévalo, en el juicio celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona.

El exalcalde de la extintaCiU, fue contratado desde el 9 de enero de 2012 hasta fin de obra para realizar funciones de «asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes», con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales, por lo que se embolsó 155.067 euros en cuatro años sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal.

El ministerio público solicitaba inicialmente cinco años de prisión para Vives así como para los otros dos acusados, por un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales.

El abogado Rafael Entrena, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que se rebaja la petición inicial de cinco años de cárcel, al aplicarle la atenuante de reparación del daño, ya que se han devuelto los 155.067 defraudados, y confesión.

Curso de ética pública y multa de 5.400 euros para el exconcejal de CiU

Por tanto, Vives y otros dos acusados no entrarán en la cárcel y los seis meses de trabajos a la comunidad que conmutan la pena de dos años de cárcel se transformarán en un curso de ética pública, condicionado a que no vuelvan a delinquir en dos años.

La condena al exconcejal también incluye una multa de 5.400 euros, al igual que Arévalo, mientras que en el caso de Müller se sitúa en 3.600 euros.

Un exconcejal de CiU evita dos años de cárcel por falsificar un contrato con un curso de ética
Un exconcejal de CiU evita dos años de cárcel por falsificar un contrato con un curso de ética

Los hechos se remontan a 2011 cuando Vives se puso de acuerdo con Müller para contratar «ficticiamente» a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para «completar su remuneración anual» tras ser elegido alcalde de Cervelló, dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que percibía en el consistorio de Cervelló.

Según consta en el escrito de Fiscalía, Vives decidió contratar a Arévalo de común acuerdo con Müller y con «consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos».

Arévalo, según la fiscalía, figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo del 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, pero no consta que dispusiera de despacho ni participara en el proyecto indicado ni en ningún otro de la entidad.

El ministerio público sostiene que los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo.

La Fiscalía archivó la investigación sobre la gestión de Barcelona Regional, mientras que el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda presentada por el consistorio barcelonés para que investigara al respecto.

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